En los albores del siglo xxi la contracepción sigue, en su mayor parte, siendo responsabilidad de las mujeres. Por otra parte, es notorio el cambio que las costumbres y las conductas sexuales de las parejas han experimentado en las últimas décadas. Los métodos anticonceptivos son pocos y ninguno de ellos es eficaz al 100%. Por lo tanto, a lo largo de su vida sexual una mujer podrá correr el riesgo de coitos no protegidos en alguna ocasión, con la posibilidad de embarazos accidentales y no buscados.
Contracepción de emergencia
Algunos de esos embarazos pueden evitarse con la pÃldora poscoital (PPC). Este tratamiento, comercializado en España hace pocos años, consiste en altas dosis de levonorgestrel (750 µg en 2 tabletas) que deben ingerirse en las primeras 72 h tras las relaciones completas sin protección; la primera de ellas lo antes posible tras el coito sin protección y la segunda 12 h después de la primera.
Se comercializa en nuestro paÃs con los nombres de Postinor, Postfemin y Norlevo. Hasta ahora se utilizaba la pauta de Yuzpe, que consiste en 100 µg de etinilestradiol y 500 µg de levonorgestrel.
El tratamiento del que ahora disponemos, el cual contiene sólo gestágenos, es más caro pero evita los efectos secundarios de la pauta de Yuzpe (vómitos, cefaleas, dolor abdominal, mareos, etc.). Su efectividad es muy alta e inversamente proporcional al número de horas transcurridas desde el coito de riesgo.
El mecanismo de acción del levonorgestrel, una hormona sintética, se produce en varios niveles: inhibe la ovulación si ésta aún no se ha producido en el momento del coito, dificulta la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide y, en el caso de que ésta ya se hubiese producido, evita la implantación del óvulo fecundado en el útero.
Entre la población general, y entre algunos sanitarios, existe aún cierta confusión entre la PPC y la RU 486 o Mifepristona, tratamiento este último abortivo y que se dispensa únicamente en clÃnicas autorizadas para ese tipo de intervenciones en los supuestos que contempla la Ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 1985.
La PPC es, obviamente, una solución de emergencia que nunca debe ser preconizada ni utilizada como método contraceptivo habitual. Su autorización, difusión y uso privado, como muchas otras cuestiones que atañen a la sexualidad y a la reproducción humana, han sufrido un debate biomédico y religioso, cuyo núcleo es de difÃcil resolución. La Conferencia Episcopal considera la PPC abortiva, pues en algunas ocasiones impedirÃa la implantación de un ovocito fecundado. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, que considera iniciada la gestación cuando el huevo fecundo se implanta en el endometrio, no entiende que la PPC sea un método abortivo.
Otra técnica que impedirÃa una gestación no deseada tras un coito sin protección, como es la implantación de un dispositivo intrauterino, no se difundió en nuestro paÃs por razones médicas y organizativas.
En los últimos años los médicos de familia atendemos cada vez más demandas que se vinculan con la vida sexual y reproductiva de la población. Los varones y las mujeres estiman que su vida sexual es un aspecto importante de su salud y muchos ciudadanos no ocultan problemas que hasta hace poco se consideraban tabú. El derecho de la mujer y el varón a su salud sexual y al control de la natalidad es ejercido con mayor libertad por una población cada vez más informada.
En el 50% de los casos la mujer que solicita esta prestación tiene menos de 20 años. Muchas de ellas son menores de edad y el médico debe valorar la madurez de la joven en el momento de decidir la prescripción de este tratamiento, asà como los riesgos de un embarazo no deseado para este tipo de pacientes.
Situación en España
La accesibilidad de este tratamiento sigue sin estar normalizada en todo el territorio español. Su comercialización, autorizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, no está financiada por la Seguridad Social en la mayorÃa de las comunidades autónomas. Cada tratamiento cuesta poco más de 19 e.
Sólo en la Comunidad de AndalucÃa se dispensa en los centros sanitarios de la red pública, donde los profesionales disponen de protocolos de administración, que incluyen una entrevista a la mujer que lo solicita, con información sobre los centros que le proporcionen una anticoncepción adecuada. Como consecuencia de ello, en esa comunidad, entre 2001 y 2002 se redujo en un 3,42% el crecimiento de las interrupciones voluntarias de embarazo «coincidiendo con el inicio de la dispensación». En el resto del Estado, en el mismo perÃodo, las interrupciones voluntarias han seguido aumentando progresivamente.
Si observamos qué sucede en otras comunidades nos encontramos con situaciones variopintas, algunas tan extremas como que existan servicios de urgencias de grandes hospitales en los que ni siquiera se registra a la mujer que solicita atención tras un coito de riesgo y sólo se le facilita un número de teléfono de un centro de planificación familiar que, por supuesto, no funciona durante el fin de semana, que es precisamente cuando más demandas de PPC se producen. La objeción de conciencia de algunos médicos de familia y la mala información de otros hacen el resto. Y esta prestación, contenida en la cartera de servicios que, teóricamente, se ofrece a la población española, sigue sin ofrecerse en todo el territorio español en igualdad de condiciones.
En un paÃs en que la cifra oficial de abortos es de unos 50.000 cada año, los expertos estiman que se podrÃan evitar hasta un 75% de estas intervenciones si las mujeres tuviesen acceso al tratamiento médico adecuado.
El original de Vergara Cano et al que se publica en este número nos habla del perfil de las mujeres que consultan en un centro urbano de atención continua de la red de atención primaria. En los datos obtenidos por sus autores se confirma que las mujeres acuden en especial durante el fin de semana y que la mayorÃa de las solicitantes de este servicio médico son mujeres jóvenes. Las mujeres perciben el tratamiento poscoital como una emergencia. En la mayorÃa de los casos declaran que la pareja ha tenido fallos en el uso del preservativo.
Llama la atención que los servicios de información-educación de las mujeres que ya han utilizado el tratamiento en alguna ocasión parecen deficitarios, ya que tardan más en acudir las mujeres que ya habÃan utilizado la PPC en alguna ocasión.
Para los que conocemos las condiciones de trabajo de la mayorÃa de estos equipos sanitarios, resulta loable el esfuerzo por investigar de este grupo de profesionales, que además ofrecen esta atención de emergencia no siempre garantizada en los servicios de atención continua ni en las urgencias hospitalarias.
Es deseable que este servicio esté pronto adecuadamente integrado en la prestación sanitaria de todo el paÃs, y que la información ofrecida a las parejas optimice la utilización de todos los métodos disponibles y minimice sus fallos.
Ojalá que las autoridades sanitarias de cada comunidad española aborden este tema prioritario, con lo que se evitarÃan gestaciones no deseadas y abortos evitables, lo cual redundarÃa en una vida sexual menos angustiosa y culpabilizada de los ciudadanos.
