Sres. Directores: Nos ha sorprendido ver publicada una réplica a nuestra carta «¿Debemos considerar el coste de un fármaco antes de prescribirlo?»1, ya que a pesar de que sus autores nos habían comunicado su existencia, no habíamos tenido ninguna noticia de la misma por parte de AtenciÓn Primaria hasta su publicación.
En cuanto a nuestra carta1, creemos que era evidente que el objetivo de la misma era tratar de aportar argumentos para poder contestar a la pregunta que planteamos en el título y en ningún caso analizar qué grado de responsabilidad tiene el médico de atención primaria en lo que Laporte llama la «cadena del medicamento»2 (primer punto de la carta de réplica3), ni sobre el gasto indirecto que produce nuestra prescripción (segundo punto de la réplica), ni sobre otros muchos temas que podríamos haber abordado. Consideramos que cuando se pretende aportar una serie de reflexiones sobre un tema es preferible escribir un artículo original en lugar de utilizar frases de otro trabajo para, a propósito de ellas, ofrecer las opiniones que se desea expresar.
Dicho esto, celebramos estar básicamente de acuerdo con las opiniones expresadas en los dos primeros párrafos3, y así lo manifestamos en un artículo recientemente publicado en la revista Centro de Salud4.
En cuanto al tercer aspecto abordado, la inclusión del grupo de vasodilatadores cerebrales en el análisis de minimización de costes, en lugar de apuntar que si se suprimieran completamente el ahorro sería del 100%, nuestra opinión se aproxima más a la expresada por el Dr. J. Saura Llamas en un artículo de opinión5 en el que, a propósito de la calidad de la prescripción, decía que quienes proponen como solución «no recetar nada» son «los que habitualmente no pasan consulta en atención primaria, pues no prescribir nada a veces es una misión casi imposible...». Creemos que debemos esforzarnos cada día para ir eliminando todos los productos de «valor terapéutico no elevado», pero consideramos imposible suprimirlos de un día para otro mientras tanto, consideremos y comparemos el precio de los mismos y sus efectos secundarios antes de prescribirlos.
En el cuarto punto, indican que realizamos una proyección del ahorro teórico en nuestro centro, el 5,8%, al resto del Estado de forma incorrecta, dado que, evidentemente, los médicos de un centro no son representativos de los del resto del Estado. Nosotras no realizamos ninguna proyección como tal; lo que sugerimos es que, si todos los médicos valoraran los costes de un fármaco antes de prescribirlo, y dado que los datos que hemos encontrado en la literatura referidos a otros lugares del Estado oscilan entre un ahorro del 10%6 y del 8%7, podría traducirse en «una reducción de al menos el 5,8% del presupuesto de farmacia...» (el observado en nuestro centro).
Por último, nos complace mostrar nuestro acuerdo total con la primera parte del párrafo de conclusión de su carta: «Creemos que la prescripción razonable de medicamentos pasa por utilizar aquellos de eficacia contrastada, por el control del cumplimiento del tratamiento, de las reacciones adversas e interacciones y por el control de los resultados clínicos.» Pero, en su carta, no contestan a una pregunta que a nosotras nos parece importante: ¿Debemos valorar el coste de un fármaco antes de prescribirlo?
