Sres. Directores: Creo que el editorial de M. Soler «Futuro de la medicina general/de familia en España y posible papel de la semFYC»1 traduce una actitud reflexiva y un espíritu constructivo, y está escrito en términos muy loables. Me uno al reconocimiento del inestimable papel que ha desempeñado la semFYC en la defensa de la atención primaria de salud a través de la defensa del programa MIR de la especialidad de medicina de familia y comunitaria como vía idónea de capacitación para ejercer en ella (admirable labor, entre otros, de J.R. Vázquez Díaz).
Dice el Dr. Soler con mucho acierto también que «las administraciones no parecen tener especial interés porque predominen criterios de cualificación y competencia profesional para la contratación de profesionales, prevaleciendo por el contrario otros más coyunturales y dirigidos a evitar conflictos». Es más, afirma con mucha razón que es una «dejación de responsabilidad» por parte de aquellos el no «velar porque sus profesionales sean los más competentes entre los existentes» aparentando «un estilo participativo que invita a éstos al consenso».
Sin embargo, resulta desconcertante ver que el resto del artículo recomienda a la semFYC, en ese punto espinoso de la contratación, hacer exactamente lo mismo que la Administración: abstenerse de asumir responsabilidades. ¿Quién va a hacerlo entonces?
La semFYC ha luchado por convencer a las autoridades del peligro que supondría ofrecer una vía mediocre de capacitación en medicina general y medicina de familia. Sin embargo, en opinión del autor, no sería tarea de la semFYC luchar porque los profesionales formados por la vía óptima recomendada por ella sean de hecho los que presten los servicios de salud. ¿Es esto coherente? Yo diría que esa actitud se parece a la del médico que tras hacer una prescripción «perfecta» a un paciente no se preocupa de insistir en su cumplimiento.
Por otro lado, sostiene el Dr. Soler que sí sería tarea de la Sociedad reivindicar las competencias (más y mejores) de los médicos de atención primaria de salud. Esto, sin lo anterior (influir en la contratación), ¿es coherente? En un ejemplo más coloquial, sería como si un cocinero pretendiese hacer un pan exquisito sin exigir harina de primera calidad (¡en la masa, no en la tienda!).
¿Por qué no habría de asumir la semFYC la responsabilidad de pronunciarse sobre los baremos de contratación? ¿Por qué ha de saltarse un eslabón tan importante de la cadena de calidad de la atención primaria? Al parecer, por lo mismo de lo que se acusa a la Administración: para evitar conflictos. Yo también quisiera evitarlos son muy desagradables, pero ahí están, no los hemos creado nosotros, y la solución no siempre es pasar por encima de ellos. A veces hay que «mojarse» si queremos que ocurra un cambio positivo.
Si el enfermo no cumple, el resultado será un fracaso terapéutico. Y en la otra imagen aludida: no se hará buen pan con mala harina (sea ésta la formación). Atención: no se trata de ser «clasistas» sino de ser científicos, con todo el respeto por todas las personas.
Aún hay más sitio, por tanto, para la reflexión. Respeto sinceramente la opinión del Dr. Soler, pues me parece bienintencionada y conciliadora, pero tal como él inteligentemente esperaba, no estoy de acuerdo en aquel espinoso tema. No creo que una reivindicación con aparente tinte «sindical» digo aparente porque la base y el objetivo son científicos vaya a «desvirtuar» a la semFYC. Ahí tenemos a la prestigiosa British Medical Association editora del British Medical Journal que es a la vez un foro científico y de representación en temas laborales cuando es preciso. No digo que esa función sea necesariamente asumida de forma profunda y definitiva por nuestra Sociedad, pero «rozarla» en un momento de transición en que es necesario y ninguna otra institución va a hacerlo, ¿por qué no? El objetivo no deja de ser la mejora de la atención primaria de salud.
Si nuestros compañeros socios no especialistas han suscrito la defensa de la semFYC del MIR de MFYC, si creen que es lo mejor (en caso contrario se habrían adscrito a otra Sociedad), suscribirán lógicamente también la defensa de la contratación preferente de dichos especialistas, que es la única forma de que se hagan efectivos los aspectos positivos del sistema defendido. Según este principio, a más especialistas, mayor mejora. Aquí no cabría la discusión. Seamos, pues, coherentes. Nadie puede reprochárnoslo.
No perdamos la perspectiva. Al igual que otras instituciones científicas pueden demandar mejoras en cuanto a leyes de protección del medio, por ejemplo, una sociedad científica que se preocupa por la salud de la comunidad puede y debe exigir normativas idóneas de contratación del personal de los servicios de salud que la atienden. El propio M. Soler resalta en sus últimos párrafos la labor de fomento y demanda de condiciones adecuadas para el progreso de la atención primaria de salud que habrá de tener la semFYC. Pero, insisto, rehúye uno de los pilares prácticos de ese prometedor futuro. Temo que, por una falsa «diplomacia», construyamos sobre arena un proyecto que merece la máxima solidez.
