En septiembre de 2014, se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, en la que se destacó la urgencia de alcanzar la plenitud del ejercicio de la esfera jurídica de las mujeres indígenas.
Casi de forma paralela, en octubre se publicaba la obra que ahora se presenta El derecho a la participación política de las mujeres indígenas. Acceso, ejercicio y protección, como parte de la política firme y ascendente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de proteger y maximizar los derechos político-electorales de los pueblos, comunidades y, especialmente, de las mujeres indígenas.
La obra consta de una introducción, cuatro capítulos referentes a conceptos generales, el bloque de constitucionalidad o catálogo de derechos humanos en el régimen electoral de la mujer indígena, el acceso de la mujer indígena a espacios públicos, y la protección de los derechos de la mujer indígena, conclusiones generales, bibliografía y anexos.
Previo a entrar al estudio de la obra, cabe señalar que el 22 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, lo que le da una mayor vigencia e importancia a la obra que a continuación se reseña.
En la Introducción los coautores parten de la idea de que si bien el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, siempre que se respeten los principios consagrados en la propia Constitución y la dignidad e integridad de las mujeres, en la vida práctica suelen verse vulnerados de manera grave esos derechos, lo que puede comprobarse con la escasa participación de las mujeres en las asambleas comunitarias, y por supuesto, en el hecho de que las mujeres tienen que luchar más que los varones para alcanzar un puesto de elección popular.
Lo que resalta a primera vista en esta abierta contradicción entre el contenido de la norma y la realidad actuante, es el basamento cultural que sustenta a estos pueblos, provenientes de sociedades altamente masculinizadas. En este punto se puede decir que resulta paradójico que por tratarse de un régimen consuetudinario el que rige a las comunidades indígenas, en sus propios usos y costumbres va implícita la marginación política de sus mujeres.
Ante este hecho irrefutable y tras la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, toca a las autoridades de todo rango, en el campo específico de sus atribuciones, velar por el respeto de los derechos humanos y fomentar una educación de prevención y de reparación a su vulneración, es entonces que la labor jurisdiccional que al respecto realiza el TEPJF con una política garantista y de equidad de género, resulta de la mayor trascendencia.
El libro también analiza el papel que desempeñan las mujeres indígenas en el contexto de acción de los partidos políticos, de frente a la necesidad primordial de preservar su cultura original a la vez que incorporan nuevos elementos para hacer eficiente su participación política.
El capítulo I. Conceptos generales presenta definiciones razonadas de términos esenciales para ubicar y comprender la problemática que trata la obra, tales como cultura, identidad, género, proporcionando además la gama de los derechos que se reconocen en materia político-electoral a los pueblos y comunidades originarios. En este capítulo destacan dos temas fundamentales que son: la mujer indígena como sujeto de poder, y la identidad como elemento posicional en la sociedad, en donde se presentan diversas reflexiones basadas en autores reconocidos en el campo de la sociología, la política, el derecho y la antropología social para ubicar el contexto en que se desarrollan las mujeres indígenas en la actualidad.
En el capítulo II. El bloque de constitucionalidad o catálogo de derechos humanos en el régimen electoral de la mujer indígena se hace un estudio minucioso de la normatividad que regula al sistema consuetudinario, y en especial, a la participación de las mujeres; dicho estudio incluye el ámbito internacional, lo que constituye un material de enorme valía para los estudiosos del tema porque presenta instrumentos legales que no han sido aún firmados por el Estado mexicano, como el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se contiene la disposición de que estas comunidades puedan participar en los asuntos del país, aunque curiosamente no especifican los derechos político-electorales de las mujeres.
El capítulo III. El acceso de la mujer indígena a espacios políticos señala las opciones participativas de ellas, tanto en las asambleas comunitarias como en los partidos políticos nacionales, en donde no se incluye a los tres de reciente creación, porque su registro en 2014 fue posterior a la autorización de la publicación de la obra. Para realizar este estudio se tomaron en cuenta las disposiciones contenidas en los documentos fundacionales de los institutos políticos, así como los resultados de las elecciones que permitieron a las mujeres indígenas acceder a cargos en ayuntamientos y congresos, todavía en una medida modesta respecto de las oportunidades que se abrieron para los varones, sin pasar por alto que la reforma de 2013-2014 obliga a las entidades federativas a regular la paridad de género en las elecciones municipales.
El capítulo IV. La protección de la mujer indígena resulta de la mayor importancia porque en él se analizan las resoluciones recaídas a diversos medios impugnativos resueltos por la Sala Superior y por la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, ambas del TEPJF, referentes a casos específicos de defensa de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas; asuntos de los que conoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igualmente se analizaron resoluciones y recomendaciones emanados de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otros más.
En la parte de Conclusiones generales se señalan los obstáculos y las oportunidades que ahora se presentan para que las mujeres indígenas puedan ejercer a plenitud sus derechos político-electorales, y señala, lo que viene a ser una importante aportación de la obra, diez recomendaciones tendientes a potencializar tales derechos, en donde destaca la de revisar las legislaciones y resoluciones de los tribunales constitucionales de Nicaragua, Bolivia, Colombia y Perú, porque, dicen los autores: “a partir de una visión compartida, puede complementarse la protección de los derechos político-electorales de las indígenas”.
En el Anexo I se transcriben disposiciones constitucionales y legales de las entidades federativas que reconocen específicamente los derechos político-electorales de las indígenas. En tanto que el Anexo II contiene las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos relacionadas con derechos de las mujeres indígenas.
Con todo este contenido tan amplio y tan rico, que incluye la opinión y los puntos de vista de la maestra Roselia Bustillo y el licenciado Enrique Inti García Sánchez, voces autorizadas por el cúmulo de experiencia obtenida sobre el tema a lo largo de sus investigaciones, estudios y publicaciones, se hace innecesario subrayar la trascendencia de este libro para la consulta de especialistas, académicos, miembros de los poderes legislativo y judicial, y para todas las personas interesadas en alcanzar niveles aceptables de ejercicio democrático en los que naturalmente la participación de las mujeres indígenas resulta de primordial importancia, Además de que su estilo es directo, concreto y claro, lo que representa un plus para el lector.
Esta obra contribuye en medida singular a fomentar la cultura de legalidad tan necesaria en una sociedad afectada sensiblemente por la falta de solidez en la observación de valores éticos, en razón de la cual es frecuente la vulneración de los derechos de las indígenas.
Por ello, más allá de la prohibición de cualquier tipo de discriminación, contenida en el artículo primero constitucional, es importante despertar conciencias y pugnar por el establecimiento de una sociedad igualitaria en la que todos sus individuos encuentren ubicación digna y solidaria; en consecuencia, reflexionar en torno a esta temática con la base de una investigación integral, fundamentada y debidamente documentada, representa una oportunidad que debe ser aprovechada.