La complejidad del fenómeno de la prostitución en México comienza por el hecho innegable de la insuficiente información fiable sobre la misma, lo que imposibilita ofrecer no sólo un diagnóstico, sino también trazar grosso modo una propuesta para abordarlo. Las investigaciones sobre el comercio sexual muestran que este no es un fenómeno homogéneo sino que se desarrolla de formas muy distintas y que en lugar de existir una clara división entre un trabajo libre y una explotación forzada, hay un continuum de variadas formas que oscilan entre una relativa libertad y una franca coerción.
Es bien conocido que el trabajo sexual ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, hecho que arroja dos preguntas básicas: ¿cuántas mujeres se prostituyen por decisión estrictamente libre?, ¿cuántas lo hacen por coacción?, preguntas que alertan para evitar la confusión entre trata de personas y la prostitución como trabajo sexual, una diferenciación fundamental que impide la criminalización. Es posible que muchas de las trabajadoras sexuales hayan elegido este trabajo por propia voluntad, pero ciertamente muchas entraron en él a la fuerza, víctimas de un tráfico organizado, del engaño o de la explotación. En esos casos debe haber una clara investigación y la justicia debe recaer con todo su peso sobre los responsables.
Otra arista de la prostitución que merece ser mencionada es la incorporación, forzada o libre, de las migrantes a esta actividad. Este es un problema que exige atención especial por la creciente estigmatización de la migración, lo que puede conducir a otras violaciones a los derechos humanos. Existen abundantes pruebas de la existencia de redes internacionales que dirigen la trata, lo que se debe de investigar, y por supuesto castigar.
En cualquier caso, actualmente el trabajo sexual constituye un problema que demanda apertura de foros para su discusión plural y pública. El creciente auge de la prostitución plantea importantes cuestiones no sólo de salud pública y de discriminación de las personas en función de su sexo, sino también en relación con los derechos humanos fundamentales de un número cada día mayor de personas ocupadas en el sector.
Si bien es cierto que la información sobre la prostitución en México es insuficiente, también es cierto que aquí han encontrado eco algunas experiencias sobre el tratamiento del trabajo sexual en otras naciones. Los debates se desarrollan básicamente en dos terrenos, recíprocamente excluyentes, pero que comparten la idea de que es un flagelo social. Por una parte se encuentra la visión que la concibe como una actividad humana de orden contractual, en consecuencia susceptible de ser regulada; por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (oit) ha declarado a la prostitución como un oficio por el cual las personas deben tener tanto derechos como obligaciones, y merecen la protección contra la explotación, la trata de personas y abusos de las autoridades, tanto judiciales como sanitarias. Por su parte, la otra visión la concibe como una actividad que violenta la dignidad humana, independientemente de las posibles ventajas económicas. En favor de ambas se esgrimen como pruebas investigaciones cualitativas y cuantitativas, historias de vida, activismo, crítica con perspectiva de género a la legislación vigente y a la actuación del Estado. La diferencia más fuerte entre ambas se resume en la dicotomía regulación versus eliminación.
Independientemente de los pros y los contras de los argumentos presentados por ambas posiciones, lo importante es reconocer que todas las mujeres tienen derechos humanos, entre ellos el derecho a un amplio espectro de alternativas de educación, a un trabajo, al acceso a la salud, especialmente a la sexual y reproductiva, y a vivir una vida libre de violencia, con integridad física y emocional.
En nuestra sociedad el trabajo sexual es un asunto controvertido, generalmente visto desde posturas prejuiciosas, estigmatizantes, discriminadoras y violatorias de los derechos humanos. Su abordaje ha requerido el trabajo de sensibilización y preocupación de diversos sectores de la sociedad, en especial de las organizaciones conformadas por quienes ejercen el trabajo sexual, así como organizaciones feministas y de mujeres; la discusión no ha estado exenta de tensiones, pero en general se ha llegado a la conclusión de que la verdadera solución a la prostitución es modificar el contexto en que surgió, con más derechos y oportunidades.
El comercio sexual está rodeado de gran vulnerabilidad, porque en muchos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual, en especial de vih/sida. No hablemos de alto riesgo epidemiológico, porque precisamente el conocimiento del riesgo al que se exponen ha provocado que gran parte de las trabajadoras sexuales se protejan; de lo que hablamos es de que una de cada tres trabajadoras del sexo comercial no recibe los servicios de prevención del vih o infecciones de transmisión sexual.
A las trabajadoras sexuales se les da un trato distinto, abusivo y represivo, diferente al resto de la población; hablamos de la violencia institucional que viven cuando el médico las discrimina, cuando la enfermera les quita valor como personas, cuando el policía las chantajea y termina pidiendo servicios sexuales a cambio de no molestarlas más. Es necesario que las autoridades judiciales realmente protejan la integridad de las y los trabajadores sexuales y que las instancias de salud les provean insumos informativos y de atención a su salud.
Es importante hacer alianza entre diversos grupos de mujeres y con la sociedad en general para generar relaciones más sanas, generosas y tolerantes frente a las diferencias. Las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos esenciales e inalienables, a la autonomía, a la elección ocupacional, a la autodeterminación sexual y a la integridad.
Penalizar para erradicar el comercio sexual las vulnera aún más. Criminalizar no es la solución ni una alternativa. Victimizarlas origina a la larga el aumento del estigma, la exclusión y la marginación social.
La escasez de redes de seguridad social y la arraigada discriminación contra las mujeres, contribuyen al desarrollo del sector del sexo que requiere atender específicamente la problemática sanitaria, de derechos humanos y criminal, pero teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno de naturaleza predominantemente económica.
El Objetivo 3 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 expresa con toda claridad la obligatoriedad de promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, al empleo digno y a los recursos productivos, en un marco de igualdad.
La prioridad, entonces, radica en reconocer que todas las personas tenemos derechos humanos inalienables. El estigma social y cultural que se ha construido históricamente sobre el trabajo sexual no ha permitido a quienes se encargan de hacer políticas públicas, verlo como un hecho social sobre el cual las instituciones del Estado deben garantizar derechos y promover una cultura de respeto