Reseña del libro

Desde hace poco más de una década, la historiografía ha mostrado la multiplicidad de actores y posturas en el liberalismo y el catolicismo de la segunda mitad del siglo XIX. Al hacerlo, ha revelado la complejidad de las relaciones entre Iglesia, Estado y sociedad a partir de los obispos, los católicos sociales, la búsqueda de participación política e incluso de los presidentes Juárez y Díaz, por citar algunos ejemplos.¹ Faltaba, sin embargo, que los historiadores integraran el análisis del fortalecimiento del Estado liberal y de los cambios en la posición de la Iglesia católica entre Ayutla y la Revolución mexicana. Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia… coadyuva a comprender este proceso a partir de un estudio de la consolidación institucional de ambas esferas tras la constitucionalización de las garantías individuales en 1857. Para conseguirlo, Adriana Bautista examina la legislación y los mecanismos que moldearon la interacción entre clero y poder civil en un momento en que el Estado se formaba institucionalmente y la Iglesia experimentaba un proceso de centralización episcopal.

La tesis de la autora es que, entre 1856 y 1910, católicos y liberales pudieron plantear una nueva relación gracias al ejercicio de las garantías individuales amparadas por la Constitución de 1857. Ésta, que permitía el fortalecimiento de Estado e Iglesia, se dio en términos de acuerdos formales —el texto constitucional y los códigos civiles— y de negociaciones informales, enmarcadas en un proceso de concertación entre el clero y el gobierno, en el cual la sociedad civil tuvo un papel central, sea como arena de confrontación o como un ámbito por conquistar. El gobierno de Porfirio Díaz fomentó el entendimiento con los eclesiásticos para garantizar la gobernabilidad del país y permitir el fortalecimiento del Estado y el régimen liberal.

A partir de estas premisas, el libro propone dos periodos de las relaciones Iglesia-Estado bajo la Constitución de 1857. El primero, que va de 1856 a 1874, está marcado por una pugna entre ambos poderes debido al cambio en el orden jurídico, el cual retiró a la Iglesia la posición privilegiada que la Constitución de 1824 le concedía. En estos años se afianzó la individualización de los derechos civiles y ciudadanos, sin que se asumieran plenamente por los creyentes. El segundo periodo, de 1874 a 1910, se distingue por la apropiación de las garantías individuales por los católicos; gracias a ello, éstos se movilizaron para emprender proyectos sociales y políticos que, bajo el modelo asociacionista, permitieron a la Iglesia luchar por el control social. Esto convenció al clero de que el régimen liberal —ahora porfiriano— era la mejor opción para garantizar la expansión de su fe.

El libro está estructurado en cuatro capítulos. El primero de ellos analiza el debate sobre la cuestión eclesiástica en el Constituyente de 1856, durante la promulgación de las Leyes de Reforma y en la elevación de éstas a rango constitucional en 1873. En conjunto, el capítulo muestra que la premisa del proyecto liberal era construir ciudadanos. Desde esta lectura, la Reforma liberal es ante todo un proceso jurídico de consolidación de un régimen de libertades y derechos individuales bajo una lógica igualitaria. A partir de las discusiones en el Congreso, Bautista consigue mostrarnos un grupo liberal dividido entre moderados y puros y a un Congreso pragmático que evita posturas radicales para garantizar la gobernabilidad. Asimismo, al destacar los aspectos relacionados con la Iglesia y el clero —libertad de cultos, desafuero, bienes, secularización de los vínculos sociales y juramento constitucional—, demuestra la importancia que los aspectos eclesiásticos tuvieron en 1856, tal como lo habían tenido en las discusiones de los Constituyentes anteriores.² De hecho, la posición de la Iglesia en la sociedad fue uno de los puntos de discordia entre la nueva generación de liberales; así, uno de los triunfos de este constitucionalismo fue definir un marco legal que establecía la independencia entre Iglesia y Estado. Los cambios en la relación de ambas esferas no fueron el resultado de una lucha por desplazar a aquélla, sino la consecuencia de un proyecto por hacer de las garantías individuales la base jurídica de la nación.

El segundo capítulo analiza la aplicación de este modelo a través de su codificación, la cual permitió institucionalizar el modelo de sociedad impulsado desde 1856. Este proceso delimitó las esferas de competencia de las instituciones civiles y eclesiásticas —como deja claro el caso del registro civil—, ampliando la jurisdicción secular. Al hacerlo, el alto clero vio afectada su posición social, y ante un panorama adverso, se vio forzado a buscar la conciliación. Bautista muestra que entre 1870 y 1900 los obispos cambiaron su discurso, pasando de una confrontación inicial —como la del obispo Clemente de Jesús Munguía— a una insistencia en la necesidad de alcanzar el entendimiento mutuo. En última instancia, el cambio en el discurso refleja la consolidación de uno de los procesos centrales abordados en el texto: la ciudadanización de los católicos en un marco legal que estableció la independencia jurídica entre Iglesia y Estado.

En su tercer capítulo, Las disyuntivas… sostiene que la constitucionalización y la hegemonía del proyecto liberal llevó a una concertación entre clero y gobierno que otorgó a la sociedad civil un papel central entre 1875 y 1895. Desde mi perspectiva, esta tesis es un aporte importante a la historiografía sobre la Iglesia, el Estado y la sociedad durante el Porfiriato, pues ofrece una nueva perspectiva al acercamiento entre ambas potestades. Queda a futuros trabajos explorar la forma en que la concertación—entendida como una “noción de pactos y acuerdos, legales y extralegales… una vía para establecer cierta gobernabilidad política” entre una Iglesia desgastada institucionalmente y un régimen político urgido de garantizar su fortalecimiento— puede ayudarnos a comprender mejor un proceso caracterizado hasta ahora como conciliación. La concertación como concepto historiográfico puede ayudarnos a comprender, por ejemplo, la relación del arzobispo Eulogio Gillow con Porfirio Díaz, o la capacidad de acción de la que gozó el arzobispo Pelagio Antonio de Labastida hasta su muerte en 1891. También deja ver, en fin, que la expansión del catolicismo durante el Porfiriato no se debió a una Iglesia tradicional que volvía por los fueros y privilegios del Antiguo Régimen ni a un moderno sistema liberal que claudicaba de sus principios. Se trató de la búsqueda de un pacto de estabilidad social que, en aras del orden y el progreso nacionales, se expresó a través del asociacionismo.

En efecto: las negociaciones del clero y el régimen liberal permitieron la recomposición de la base social de la Iglesia. Entre 1875 y 1895 los católicos se individualizaron, y desde su condición de ciudadanos fomentaron un proyecto que se lanzó a la conquista de la sociedad, ya entonces un ámbito claramente privado. El proyecto liberal había triunfado: los católicos consideraban ya al régimen constitucional (liberal) como un ámbito ideal para impulsar sus propios proyectos sociorreligiosos, los cuales tenían como objetivo afirmar la presencia del catolicismo en la sociedad civil a través de una labor parroquial. A través del asociacionismo local, la Iglesia ejerció el modelo liberal y, en última instancia, tendió nuevos vínculos con la sociedad. Los católicos eran y se asumían ya como ciudadanos.

Por último, en su cuarto capítulo Cecilia Bautista analiza el proceso de romanización de la Iglesia mexicana. La separación entre Iglesia y Estado a partir de 1859 y la expulsión de los obispos en 1861 había llevado a un acercamiento directo entre la jerarquía mexicana y Pío IX. Además de las tendencias del propio papado, la estancia romana de los mitrados inició una centralización eclesiástica que se expresó en dos niveles: el del fortalecimiento del obispo como cabeza de su diócesis y el del papa como líder indiscutible de la Iglesia católica. En México, la romanización se expresó en diversos procesos y acontecimientos. Destacan la celebración del Quinto Concilio Mexicano en 1896, la llegada del visitador apostólico Nicolás Averardi ese mismo año, la reforma de los seminarios —impulsada desde la celebración del Concilio Plenario Latinoamericano en 1899— y sobre todo la formación de la nueva jerarquía mexicana en el Colegio Pío Latino Americano. A través de la formación de los futuros obispos en Roma —el primer miembro de esta nueva generación que llegó al episcopado fue Ramón Ibarra, preconizado obispo de Chilapa en 1892—, el papado se fortaleció en la Iglesia mexicana, impulsó la reorganización eclesiástica iniciada en 1863 y centralizó la toma de decisiones al mismo tiempo que fortalecía a los purpurados en sus propias diócesis.

A través de la romanización, la Santa Sede perseguía un objetivo mayor: un acuerdo formal con el Estado. Cuando se buscó de forma abierta un nuevo concordato, el presidente Díaz dejó en claro que la política de concertación tenía sus límites. Para el régimen liberal, los acuerdos informales en aras de la gobernabilidad eran preferibles a un acuerdo que diera una (buena) posición legal a la Iglesia. La persecución anticlerical iniciada en 1914 por Venustiano Carranza mostraría a los eclesiásticos, tardíamente, las bondades de la concertación para el impulso de un proyecto católico de posicionamiento y control social que se basaba en el ejercicio de la ciudadanía por los creyentes y en el usufructo de las libertades individuales garantizadas por la Constitución.

En suma, Cecilia Bautista ofrece una lectura novedosa de la relación entre Iglesia, Estado y sociedad integrando las mutaciones y el fortalecimiento institucional del poder civil y el religioso. Desde esta perspectiva, el libro es un aporte al estudio de la secularización de la sociedad mexicana, en tanto analiza la formación de una legislación secular que establecía claras diferencias entre las esferas política y religiosa, dando paso a la creación de una sociedad civil que se vivía como un ámbito construido por el proyecto liberal. Se trata de un aporte valioso, pues hacía falta una historia en México que combinara el análisis de los cambios jurídicos con el estudio de las prácticas de los creyentes y los liberales mexicanos en el nuevo marco jurídico.¹ Bautista, pues, nos ofrece una periodización para ensayar más estudios sobre la secularización en México.

El libro, en fin, se suma a la reciente historiografía, que ha permitido superar las visiones maniqueas de las relaciones entre Iglesia y Estado. Las disyuntivas… no es la historia de una confrontación entre actores tradicionales y modernos por desplazar al catolicismo de su posición privilegiada, sino la reconstrucción detallada de la definición y constitucionalización de las garantías individuales, y de cómo éstas fueron asumidas y adoptadas por los católicos, quienes llegaron en estos años a ser miembros de una sociedad civil privada y ciudadanos de una república secular. Queda a los historiadores explorar las propuestas metodológicas del libro en otras realidades. Habría que preguntarse, por ejemplo, cómo se vivió en una diócesis o qué impacto tuvo en una parroquia.