Ya por su mote de «El tigre de Tacubaya», ganado por haber sido supuestamente suya la orden de ejecutar por igual a médicos y civiles en aquella población en plena Guerra de Reforma, ya por ser el militar conservador que a la hora de la verdad prefirió marchar a intentar defender Puebla —asediada por Porfirio Díaz—, que volver a Querétaro en aquella primavera de 1867, a enfrentar el sitio que puso fin al Segundo Imperio, la figura del general Leonardo Márquez es tristemente conocida. Su pista se pierde durante las casi tres décadas de exilio cubano que se impuso luego de huir del país para evitar correr la misma suerte que Maximiliano, Miramón y Mejía y no fue sino hasta 1895, cuando Porfirio Díaz permitió su regreso a México, que recobró cierta importancia en el escenario político.
Este retorno al país es el acontecimiento del que Arturo D. Ríos echa mano para adentrarse en la prensa capitalina de finales del sigloXIX. En su trabajo, basado en la premisa paltiana de que las notas editoriales de los periódicos dicen más de lo que enuncian, una vez que se atiende su contexto y se identifica la carga pragmática que poseen1, las reacciones que provocó el regreso del militar conservador son examinadas cuidadosamente. Las protestas y las defensas que circularon en la prensa, con todo y sus peculiaridades, son tomadas como objeto de estudio en sí mismo para «analizar los argumentos y la lucha política que se llevaba a cabo a través de las páginas de los periódicos» (p. 13). Valiéndose principalmente de El Universal, El Monitor Republicano y El Demócrata, Ríos revisa la actitud que sus redactores asumieron desde que la repatriación del general Márquez corrió como un rumor hasta que se cristalizó su llegada a la ciudad de México, para luego analizar las circunstancias particulares de cada rotativo y ofrecer una explicación no solo del contenido, sino de la intención de los impresos que circularon al respecto y sus razones.
El primer capítulo del libro tiene como protagonistas a las columnas de El Universal, periódico que se mostró sumamente crítico frente a la vuelta de Márquez al país. Cuando se conoció en diciembre de 1894 que el gobierno de Díaz consideraba autorizarla, el diario expresó una postura jacobina al desaprobar de modo tajante la posibilidad. En ese momento, por medio de la pluma de Manuel Gutiérrez Nájera, señaló que el viejo general era responsable de crímenes atroces e inolvidables y que su presencia podría servir de pretexto para una insurrección conservadora, ante lo cual el liberalismo debía mantener la guardia en alto. Toda vez que El Universal solía mostrarse ajeno a ese tipo de posturas radicales, Ríos analiza las razones de tal actitud y concluye que detrás de las ideas expresadas en sus páginas se encontraba la intención de defender el lugar de los «científicos», grupo con el que se identificaba a sus colaboradores, en el espectro político nacional. Así, cuando el periódico El Nacional publicó en su primer número de 1895 que dentro de su programa se hallaba coadyuvar a la organización de un partido nacional que respondiera a las necesidades del país, los redactores de El Universal sintieron amenazada su posición y arremetieron en contra de aquel diario, presentándolo como defensor de la vuelta de Márquez, cuya presencia podría poner en riesgo la paz y estabilidad conseguidas por el gobierno de Porfirio Díaz.
Pese a lo anterior, cuando el regreso del militar se hizo realidad unos meses después —en mayo de 1895—, El Universal adoptó una postura totalmente distinta. Entonces las circunstancias habían cambiado y sus escritores decidieron alinearse con el gobierno para fortalecer su posición. De modo que, como señala Ríos, «El Universal estaba obligado a demostrar su porfirismo y defender las decisiones del régimen, así fuera contra los mismos argumentos que había externado» (p. 57).
El segundo capítulo aborda la actitud que tomaron los editores de El Monitor Republicano, en un principio tan radicales como los de El Universal. Como buenos jacobinos reconocidos, también argumentaron que la vuelta del exlugarteniente de Maximiliano haría recobrar fuerzas al partido conservador y al clero, cuyos miembros se encontraban esperando la oportunidad de reaparecer en la vida política mexicana. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese mismo jacobinismo que los caracterizaba los hacía criticar constantemente al gobierno de Díaz por arbitrario, señalando que de nada servían las agrupaciones políticas pues, al final, era el dictador quien manejaba los hilos de la vida pública. Con base en ello, apunta Ríos, El Monitor cayó en una clara contradicción pues no tenía caso preocuparse por la vuelta de Márquez y un posible resurgir del conservadurismo si en realidad era el presidente quien controlaba a los grupos políticos. Poco a poco se hizo insostenible pensar en el septuagenario militar como un símbolo suficiente para hacer renacer fuerza política alguna y al final fue claro que no volvía por sus fueros conservadores, por lo que los redactores debieron dejar de señalar que significaba un riesgo para la estabilidad política.
El Monitor cambió de estrategia y decidió protestar por la vuelta de Márquez desde el aspecto jurídico. Acudió al decreto de junio de 1861, en el que explícitamente se excluía de toda amnistía al militar conservador por haber sido líder de las guerrillas que habían mantenido la lucha contra el gobierno juarista triunfante de la Guerra de Reforma. Además, se recordaba el asesinato de Melchor Ocampo, supuestamente por orden de Márquez, lo que despertaba la sensibilidad de los lectores y hacía que su regreso fuera moralmente impensable. Un escritor hizo entonces una corrección al Monitor al mencionar que aquel decreto, al igual que la ley por la que fueron pasados por las armas Maximiliano, Miramón y Mejía, había sido derogado por la amnistía de 1870. La polémica giró entonces hacia la interpretación de dicha amnistía, que excluía del perdón a Márquez pero lo libraba de la pena capital y, al mismo tiempo, autorizaba al ejecutivo para indultarlo del todo si lo consideraba conveniente. El Monitor volvió a ser corregido por un colega capitalino, quien apuntó que en 1872 el código penal había declarado la proscripción de los delitos en quince años, por lo cual el viejo general no podía ser perseguido por actos cometidos antes de su exilio. Al final, cuando la discusión del terreno jurídico se agotó, al Monitor le quedó el ámbito histórico y lo abordó con un tono moralista, señalando a Márquez como el traidor por antonomasia de la historia nacional, responsable de la muerte de muchos inocentes. Lo anterior fue fácilmente atacado por los periódicos católicos afines al régimen, quienes aseguraron que el presente era testigo de una estabilidad sin precedentes, ajeno del todo al pasado de luchas fratricidas.
Tras dar voz a las diversas protestas populares por el regreso de Márquez y engrosar los ataques al gobierno por haber suavizado las leyes reformistas y la aplicación de la Carta Magna de 1857, los redactores de El Monitor optaron por secundar la aparición del Grupo Reformista y Constitucional —formado por varios escritores de tendencia jacobina, establecido en la capital a mediados de 1895— como un intento de recuperar espacio en la arena política, pues los ataques recibidos por sus críticas al regreso de Márquez los habían dejado muy mal parados. Al final, la agrupación mencionada tuvo vida durante poco menos de dos años y en realidad pasó sin pena ni gloria. Ríos señala que esta efímera presencia da cuenta de la debilidad en la que había caído el jacobinismo dentro del régimen porfirista, causada por «la creciente incapacidad que mostró para influir en la vida política del país hacia la década de 1890» (p. 89).
El último capítulo del trabajo está dedicado a El Demócrata y las discusiones en que se enfrascó debido a la vuelta de Márquez. Ríos expone aquí una interesante explicación sobre las características de la prensa capitalina hacia finales del sigloXIX y, en particular, sobre el lenguaje que utilizaban y el sentido que llevaban sus columnas. Los artículos deben verse más como una pugna retórica en la que subyacían los intentos por expandir o afianzar la posición de los escritores en el espectro político, que como un intento de encontrar la verdad periodística o la imposición de ideas y propuestas con argumentos válidos. Prueba de ello fue la enconada polémica entre José Ferrel, director de El Demócrata, con Vicente García Torres, director de El Monitor Republicano. En un principio la disputa se había debido a la negativa del último de aceptar la vuelta del general Márquez, pero derivó en un combate abierto entre ambos personajes, que tuvo por escenario las columnas de sus diarios. Ferrel echó mano de críticas severas, acusaciones y aun ofensas para atacar a su contraparte y, cuando el resto de la prensa liberal defendió a García Torres, terminó por denunciar su hipocresía, señalando que el liberalismo del que presumían era solo de aparato, ganando como respuesta acusaciones de dirigir un periódico oficialista subvencionado por el régimen. En este sentido, se puede entender que El Demócrata fue quizá el rotativo que supo interpretar mejor la situación de la prensa mexicana de sus tiempos y acomodarse en ella. En su primera época —de febrero a abril de 1893, dirigido por Joaquín Clausell— su carácter oposicionista le había valido ser contado entre los diarios jacobinos, además de fuertes censuras y represiones. Aprendida la lección, a partir de su renacimiento —en enero de 1895, con Ferrel a la cabeza— tomó por consigna defender al régimen, celebrando la estabilidad y el orden establecido por Díaz. Con ello tomó distancia de sus otrora compañeros jacobinos pero sin dejar de expresar algunas críticas cada vez que se presentaba la oportunidad, con lo que volvía a acercarse a aquellos.
Esta peculiar posición le valió ser acusado de órgano de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, encabezada entonces por Joaquín Baranda. Como este era un enemigo de los «científicos», grupo que a mediados de la década de 1890 contaba con mayor presencia en el régimen, los redactores de El Universal se dieron a la tarea de atacar a Ferrel y a su periódico, lo que, junto con las críticas que solía hacer al gobierno, le provocaron un año de encierro en la cárcel de Belén a partir de agosto de 1895. Ríos señala que Ferrel debió soportar su tiempo tras las rejas debido a que carecía de contactos políticos de importancia. Sin embargo, al recuperar su libertado entró de lleno al grupo barandista y poco después fue recompensado con un curul en el Congreso de la Unión en 1898.
De cualquier manera, el pleito que El Demócrata sostuvo con El Universal, al que no cesó de atacar duramente como un periódico de los «científicos», pone de manifiesto las prácticas de la prensa dentro del régimen. Como apunta Ríos, no se trataba de un periodismo que buscara encontrar la verdad general por medio de la discusión de los asuntos públicos, pues en un régimen como el de Díaz la opinión pública gozaba de muy poca importancia, sino de «hacer proselitismo a favor de una verdad establecida de antemano según, sobre todo, criterios políticos» (p. 135). Así, los grupos al interior del gobierno peleaban codo a codo por no perder su lugar, especialmente cuando comenzó a hacerse presente que el dictador, más temprano que tarde, tendría que retirarse. Ello derivó en una pugna directa entre ministros del régimen: El Demócrata asociado, como ya quedó dicho, con Baranda, ministro de Justicia, en contra de El Universal, bien identificado con los «científicos» y, particularmente, con José Ives Limantour, titular de la cartera de Hacienda.
En el epílogo del trabajo queda claro que, en realidad, el regreso de Leonardo Márquez a México careció de importancia política. Sin embargo, fue tomado como pretexto por los grupos que luchaban por la supremacía dentro del régimen. Así, como demuestra Ríos, hicieron de las imprentas su principal herramienta. A través de ellas protegieron el espacio que ocupaban y trataron de minar el de cualquier rival que se hiciera presente. En este marco, a mediados de la década de 1890, momento en que Díaz contó con mayor poder, la variedad de periódicos gobiernistas y opositores parecía un contrasentido, por lo cual, a partir de 1896, los subsidios fueron reducidos y canalizados a El Imparcial, diario apegado al régimen que se encargaría de concentrar y controlar las batallas periodísticas.
La prensa como arena política es sin duda un libro valioso que contribuye a la comprensión del papel desempeñado por los periódicos hacia finales del siglo antepasado y ofrece de forma clara la manera en que debe ser entendida su actividad: una lucha entre grupos políticos que no tenía como finalidad la disputa por el poder, que se hallaba reservado a Díaz, sino por su predilección, pues debido a su avanzada edad, ya por su muerte o por salud, se acercaba el fin de su gobierno y había que estar cerca cuando llegara el momento de la sucesión.
Véase Palti, Elías José (2005). La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del sigloXIX (un estudio sobre las formas del discurso político). México: Fondo de Cultura Económica.