El libro que se reseña es una producción de la Alianza Justicia Hídrica, una conjunción de diversas instituciones de educación superior, centros de investigación e investigadores que se dedican a estudiar de forma interdisciplinaria y comparativa los mecanismos contemporáneos de acumulación, despojo, conflictos y disputas por el agua. De igual manera, apoyan a grupos indígenas, mestizos, así como a hombres y mujeres más vulnerables usuarios del agua. Ello con el fin de contribuir a pensar y edificar políticas de agua más democráticas, sostenibles y equitativas (Justicia Hidríca, 2016).1 Justicia Hídrica, desde 2010, ha publicado 11 libros, y Agua y ecología política es su último título. Se estructura en veintidós capítulos, separados en tres secciones, cada una con un texto introductorio y de reflexiones finales.
En la Introducción los editores de la obra explican cómo se han desarrollado de forma sistemática los mecanismos contemporáneos de despojo del agua en Latinoamérica. Sostienen que es necesario que, desde la ecología política, se piensen los costos sociales y económicos, las desigualdades y las injusticias hídricas. Por ello el análisis histórico, la deconstrucción de la dualidad naturaleza-sociedad, la crítica a las visiones estáticas y positivistas que separan los conocimientos científicos de las estructuras de poder, son indispensables para un examen profundo del estado presente y futuro del agua. Igualmente la explicación de las múltiples escalas sociales en el manejo de este recurso permite comprender el manejo contemporáneo del agua.
La primera sección, “Espejismos verdes. Agronegocios y concentración de agua en América La-tina”, la integran siete apartados. En esta se analiza cómo se ha concentrado y acumulado agua por medio de los cultivos comerciales, granos industriales, hortalizas y frutas de agroexportación. En ejemplos como el cultivo de plátano, brócoli, palma de aceite y uva, se puede ver cómo alrededor de ellos se ha conformado un entramado de medios institucionales, infraestructura hidroagrícola, paquetes de fertilizantes y subsidios gubernamentales para que las grandes empresas de alimentos concentren y posean agua y tierra. Los casos revisados son México, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, en donde la acumulación de agua hace posible que estos productos circulen como mercancías. Muestran cómo esto forma parte de una centralización del poder por parte de las empresas trasnacionales, todo lo cual restringe las posibilidades de los pequeños agricultores de acceder al agua en condiciones de equidad y calidad para el riego de sus parcelas.
La segunda sección, “Empresas extractivas y contaminación del agua como forma de despojo en América Latina”, la forman seis capítulos. En esta se estudia cómo el extractivismo es una forma intensiva y extensiva de extracción de bienes comunes, como se pone de manifiesto en el caso en la minería, que desde hace más de una década se convirtió en una de las actividades productivas más importantes en América Latina, y que produjo una alta conflictividad por el uso de las tierras, el agua y por los daños causados al medioambiente. Incluso en países como Ecuador, Bolivia y Brasil, donde gobiernos de izquierda ocuparon el poder, la minería también fue pujante, y dejaron de lado el rechazo que muchas poblaciones indígenas y organizaciones sociales tenían con respecto a esta actividad. Para esto las mismas legislaciones y reglamentos sobre los recursos mineros atendieron más los negocios de las empresas mineras, en donde la misma contaminación de agua y suelo se convirtió en otro segmento de acumulación de capital. Todo esto representó una violación sistemática a los derechos de los pueblos campesinos e indígenas y contravino convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La tercera y última sección, “Hidroeléctricas en América Latina”, la componen ocho capítulos. En esta se exhibe cómo las presas construidas en las cuencas transfronterizas amazónicas entre Brasil y Bolivia, en la cuenca del río Cauca y en la del río Usumacinta, se han edificado o se pretenden construir como parte de los proyectos de integración regional de infraestructura, entre los que podemos mencionar el antiguo Plan Puebla-Panamá, ahora Plan Mesoamérica, y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA). Estas megaobras, pensadas y construidas en los cauces de los río en los términos de las empresas constructoras y de los gobiernos que las promueven se plantean como represas multipropósitos: para generar energía eléctrica, producir áreas para agricultura, crear lagos artificiales y hacer navegables los ríos, para comunicar regiones y países en temas de transporte e integración energética, promover el turismo y la agricultura. No obstante, en la práctica lo que producen son las condiciones territoriales para el impulso de un tipo de comercio, circulación de mercancías que refuerzan el extractivismo de la explotación minera y la agroexportación, dado que siguen los dictados del mercado mundial. Por otro lado, modifican de forma radical las condiciones hidrosociales de los espacios donde se instalan en detrimento de las actividades de los cooperativas de pescadores, pequeños agricultores campesinos indígenas y mestizos, lo que indica un impulso de una forma de manejar el agua y los recursos energéticos en beneficio de las grandes empresas.
De esta forma, se presenta el tema del extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas, en donde se pueden encontrar los actores clave para su impulso, las empresas que se benefician asi como los conflictos y los daños que causan. Por ello esta obra de la Alianza Justicia Hídrica resulta de consulta obligada.
Por último, resulta necesario mencionar que la forma de organización de la obra, con secciones que cuentan con introducción y conclusiones propias, presenta al lector información que repetitiva, algo que podría habrse resuelto con una reflexión final para cada tema tratado en cada sección. No obstante, esto no desacredita de ninguna manera el tema y las reflexiones que aportan los capítulos que conforman este volumen.
Actualmente existen dos grandes grupos de académicos, activistas, autoridades comunitarias, sindicatos y funcionarios públicos que han formado dos grandes redes de estudios, discusión, reflexión, defensa de los bienes comunes y elaboración de propuestas de política pública relacionados con el agua. Una es la Alianza Justicia Hídrica, la otra es la Red Waterlat-Gobacit. En ellas participan estudiosos del tema de América Latina y países como Holanda, España, Gran Bretaña y Portugal (Justicia Hidríca, 2016; WaterlatGobacit, 2017).