Partiendo de la intrínseca dignidad de toda persona y de la justicia global1, la apuesta ética no puede ser otra que vacunación para todos. Pero como por ahora no llegamos a tantos, hay que priorizar. Toda priorización exige criterios, y si se pretende legitimidad, se deben explicitar las razones por las cuales se eligen precisamente esos criterios. Por equidad se prioriza a quienes tienen más que perder; a los indispensables del cuidado y la cura; y aquellos que hacen especialmente eficaz la vacunación; dicho en otros términos, los más expuestos, los más vulnerables y los más transmisores2.
Muy expuestos están los profesionales de la salud que atienden a los contagiados y deben continuar atendiendo al resto de pacientes. Por la especificidad de este virus, están más expuestas las personas institucionalizadas y quienes les atienden. Son más vulnerables las personas mayores, varones, y aquellas ya enfermas a las que el virus les supone un alto riesgo de morir o dejar muy mermada su salud3. Otras vulnerabilidades van asociadas a factores sociales, como la pobreza.
A pesar del talante utilitarista (máximo bienestar para el máximo número de persona) que por centrarse en las poblaciones suele regir en salud pública, en la ética de equidad global se asume el rawlsiano principio de diferencia: favorecer a los desfavorecidos4. Y estos son aquellos a los que le va la vida, este es el valor priorizado: cuanto más expuesta esté y más vulnerable sea, más protección necesitará. La vida es trascendental, en tanto condición de posibilidad del resto de valores. Los más trasmisores son adultos entre 35-50 años. Algunos, en aras de la eficacia, que también es un valor moral, proponen priorizar a estos: solo que el riesgo es perder a muchos y más desfavorecidos.
La ética siempre se sitúa en contextos y casos. Es el caso que no sabemos en los estados miembros de la Unión Europea, qué vacunas de las existentes y probadas (seguras) nos van a llegar, ni cuándo ni cuántas dosis. Por ello, a la hora de tomar decisiones y responder públicamente de ellas, hay que disponer de otros criterios como seguridad, proporcionalidad y efectividad, pues hay diferencias entre vacunas: no todas son igualmente eficaces en según qué edades; difieren en sus condiciones de traslado y conservación, en la presentación de las dosis, etc. No se trata sólo de fabricar vacunas, ni de logística; ni mucho menos de buena voluntad o intención: necesitamos una ética de la responsabilidad, con conocimientos inter y transdisciplinares y criterios éticos compartidos. Desde ellos hemos de ponderar muchas variables en un entorno de gran incertidumbre por la novedad y gravedad de la enfermedad y sus consecuencias sociales. De modo que, en el caso que sobren dosis, se suministren adecuadamente desde los mismos criterios, y no se acaben, aun con buena voluntad y ánimo de eficacia, malogrando por falta de conocimientos.
Esta ética de la responsabilidad también exige el cumplimiento de los contratos entre estados e industria farmacéutica. Hemos de trabajar desde la interdependencia y en cooperación, mas necesitamos razones para confiar. Y los acuerdos se deben cumplir: es palabra dada. Igualmente importa la transparencia en su contenido. Mas si se infravaloró la capacidad de su cumplimiento, hay que dar explicaciones públicas.
Cada estado ha de atender su situación. En España, por ejemplo, la persuasión y la recomendación5 han permitido lograr inmunidad de grupo en muchas otras vacunas, por eso no es aconsejable ahora la obligación y la coacción: lo propio de la ética es convencer con razones, más que vencer. Por eso cabe una muy buena comunicación sobre cómo se toman las decisiones en tiempos de incertidumbre. La ética, dialógica en su esencia, exige pensar juntos, sopesar pros y contras según contextos y afectados, y en un tiempo prudencial, sin paternalismo ni infantilismo.
No obstante, a nivel mundial seguimos funcionando con una doble moral. Si el criterio rawlsiano es el escogido ad intra de cada país, no es así a nivel global. Ahora la pregunta pertinente es qué nivel de parcialidad a favor de nuestros ciudadanos podemos mantener que sea compatible con el principio de diferencia6. Pero no se trata sólo de solidaridad, sino fraternidad7 y de ejemplaridad cívica.
Se pregunta con frecuencia a los profesionales sanitarios y a los responsables políticos: ¿y cuándo me tocará a mí? ¿y qué vacuna? La respuesta es, socráticamente, que no se sabe, pero que disponemos de criterios éticos de priorización y que iremos procediendo según ellos. Hay que comunicar a la ciudadanía lo que se sabe y lo que todavía no, pero que estamos por ella en ello, que nos importa.
Conflicto de interesesLa autora declara no tener ningún conflicto de intereses.
