Quis custodiet ipsos custodes?
Sátiras de Juvenal
Un artículo publicado recientemente en The British Medical Journal1 ha puesto de manifiesto que la mitad de los editores de diferentes revistas médicas estadounidenses (50,6% de 713 editores de 52 revistas) reciben pagos sistemáticos de la industria farmacéutica y que hasta en dos tercios de las revistas incluidas en el estudio no se incluye una sección de conflictos de intereses del comité editorial.
Investigación y publicación deberían ser procesos asépticos, en los que autores, revisores y editores trabajaran con ética y rigor. Sin embargo, con frecuencia, estos procesos se ven cuestionados por la participación de actores externos (frecuentemente stakeholders, como inversores o patrocinadores) que pueden suponer una injerencia negativa, dando lugar a los mencionados conflictos de intereses.
En la mayoría de revistas científicas, en el momento de aceptar un manuscrito para su revisión, se requiere la declaración del autor o de los autores de los conflictos de intereses, los cuales pueden abarcar tanto aspectos financieros como no financieros2. Sin embargo, la revelación de dichos conflictos cuando afectan a revisores o a miembros del comité editorial no está tan extendida1,2.
Esta situación de «caja negra» en la que se puede convertir el proceso de revisión de un manuscrito podría tener al menos dos consecuencias. Por un lado, la confianza de los lectores puede verse afectada ante la posibilidad de que la presencia de conflictos de intereses esté, efectivamente, sesgando la información que reciben. Relacionado con este aspecto nos encontramos el «ruido» que se introduce en la evidencia científica y al que se ve sometido el lector al contemplar conclusiones antagónicas ante preguntas de investigación idénticas, como ha ocurrido en epidemiología nutricional3 o control del tabaquismo4. Este «ruido» puede incluso alcanzar a la clase política y al imaginario colectivo de la opinión pública, creando interferencias a la hora de implementar nuevas políticas de salud pública basadas en la evidencia científica. Por otro lado, los miembros del comité editorial, como responsables finales de las revistas, toman la decisión final de qué manuscritos acaban convirtiéndose en artículos, hecho que supone la visualización en positivo de todas las contingencias por las que transita un investigador hasta conseguir que sus hallazgos se incorporen a la evidencia científica en su campo, y cuáles no. Esta segunda situación, el rechazo (rejection), se podría estar dando en algunas situaciones por pura arbitrariedad, pudiendo estar llevando trabajos de investigación que en condiciones objetivas en las cuales aspectos como la calidad, innovación o impacto en la población se tuvieran en consideración, temporalmente a la basura y generando frustraciones5.
En definitiva, la investigación en cualquier disciplina es un proceso arduo y complejo y los rechazos y aceptaciones tendrían que basarse en decisiones meramente objetivas por parte de los editores, garantes de su publicación. Pero, ¿quién vigila a los propios vigilantes?
