Sr. Editor:
La toma de decisiones clínicas se basa en un razonamiento práctico acerca de pacientes determinados, casos específicos y situaciones únicas, por lo que se puede orientar a 3 elementos: proporcionalidad de la intervención, responsabilidad médica sobre el conjunto de ese proceso y el de los fines u objetivos que se persiguen. La clínica es la actividad realizada ante la cama del enfermo, siempre es una actividad concreta, individual. Es posible en clínica que 2 profesionales sabios y experimentados, deliberando sobre un mismo caso lleguen a decisiones distintas. Esto es lo propio del razonamiento prudente, que admite más de una solución1.
La Valoración Geriátrica Integral al integrar aspectos cognitivos, funcionales, sociales y también clínicos es una herramienta de primer orden que ayudará a hacer más adecuadas nuestras decisiones en los ancianos, desde la vista de la clínica, la eficiencia y la ética2. Un adecuado uso de los elementos considerados, es básico para evitar la discriminación por la edad3.Para la actuación autónoma, los pacientes deben recibir la información que precisen de forma asequible. La capacidad de autodeterminación madura durante la vida del individuo y se modifica debido a la enfermedad, perturbación mental o circunstancias severamente restrictivas de la libertad4. Mientras no se demuestre lo contrario, todo sujeto es competente para la toma de decisiones sanitarias. Hablamos siempre de «capacidad para» siempre relacionada con una actividad y un momento concreto5. Respetar la autonomía del paciente supone, por una parte hacerle partícipe de su enfermedad, creer en lo que nos manifiesta y diseñar con él el plan diagnóstico-terapéutico, en la medida que este es competente. La beneficencia nos exige buscar el bien para el paciente, y a ofrecer el mejor tratamiento disponible adecuado a la situación del enfermo. El principio de no maleficencia nos obliga a evitar los daños, y a minimizar los riesgos de una intervención. La ignorancia, falta de pericia o formación atenta contra una asistencia correcta y en condiciona decisiones equivocadas. Cada acción debe conllevar una valoración previa de beneficio-riesgo y el análisis de efectos secundarios que permita la mejor adecuación clínica. Todos los pacientes tienen el mismo derecho a recibir la atención adecuada, con independencia del clínico o institución que los atienda, para obrar en justicia1. Pero de ordinario, las situaciones clínicas límite, como la atención a los pacientes muy ancianos6 requieren intervenciones médicas cuya utilidad puede ser objeto de controversia: aparece el concepto de futilidad o «inutilidad de un procedimiento»: su utilidad es muy escasa, la probabilidad de conseguir su efecto es remota, el paciente estima que no le producirá ningún beneficio o, simplemente, su excesivo coste comparado con la ínfima probabilidad de que alcance el efecto deseado desaconseja su empleo. Por ello, es necesario justificar mediante datos empíricos y elementos valorables la utilidad o futilidad de los procedimientos médicos. Como en todo juicio moral, pueden darse distintas opiniones a la hora de valorar derechos, obligaciones, principios, virtudes o valoraciones; por este motivo puede existir una discrepancia legítima a la hora de determinar acerca de la utilidad o futilidad de un tratamiento concreto en un paciente determinado4. La adecuación de los tratamientos es siempre compleja. Un trato digno no solo implica una atención humana, sino también ayudar a asumir humanamente la vida: vivir en medio de la enfermedad una verdadera existencia humana7, sin que la edad sea una condición por si sola excluyente.
