Conocimiento y cumplimiento de los profesionales sanitarios del derecho del paciente a la información clínica

Resumen

Transcurridos 9 años desde la entrada en vigor de la Ley de autonomía del paciente, nos interesamos por el conocimiento que tienen los profesionales sanitarios de su deber de informar y el correspondiente derecho de los pacientes a ser informados. Se distribuyó un cuestionario anónimo entre los profesionales sanitarios (200 médicos y 236 enfermeros) de un Hospital Universitario de Granada, posteriormente se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, estudiando, mediante la prueba Chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher, la asociación de las variables sociodemográficas con las respuestas a los ítems. Los resultados obtenidos manifestan que los profesionales encuestados tienen buena formación respecto al derecho de los pacientes a recibir información. Aunque al tratarse de un derecho con diversos matices en su aplicación, existen profesionales que desconocen los aspectos fundamentales sobre este deber legal, lo que justifica la introducción de los conocimientos sobre el derecho a la información en los programas de formación continuada.

Abstract

Nine years after the Law of the Autonomy of the Patient came into force, we decided to determine the knowledge of health professionals on their duty to inform and the corresponding rights of patients to be informed. We distributed an anonymous questionnaire among professionals (200 doctors and 236 nurses) in a University Hospital in Granada, and carried out an observational, descriptive, cross-sectional study. The association of the socio-demographic variables and responses to the items were analysed using the Chi-Squared Test or Fisher's Exact Test.

Results show that professionals who completed the survey have good knowledge regarding the rights of patients to receive information, but, it being a right with various nuances in its application, there are still professionals who are unaware of the fundamental aspects of this legal duty, which justifies the introduction of training on the rights to information in the continuing education curriculum.