La nueva dinámica política de América Latina: temas para una agenda de investigación

Resumen

Las transformaciones sociales en América Latina han generado nuevos fenómenos que los discursos políticos dominantes, pero también parte de las ciencias sociales, no consiguen expresar o bien buscan ocultar. Para ejemplificar estos fenómenos el artículo analiza: 1) la emergencia de nuevos poderes de veto sobre el sistema democrático, distantes de las formas en que se expresaban tradicionalmente; 2) la celebración del surgimiento de “nuevas clases medias”, que indican que la región sufrió cambios profundos en su estructura social, pero que confunde un conglomerado estadístico con una categoría social en realidad fragmentada, con dificultades de encontrar una expresión política propia; 3) el debate sobre la regulación de los medios de comunicación, donde argumentamos que por detrás del debate legítimo sobre la necesidad de una acción pública en este sector se esconden dinámicas complejas e intereses poco democráticos, tanto de gobiernos como de empresas; 4) los partidos políticos y la dificultad que tienen para expresar diferencias entre las generaciones y sectores sociales emergentes; 5) la sociedad civil, que se transformó profundamente y que no puede ser tratada como un todo homogéneo y necesariamente virtuoso. Concluimos que la consolidación de la democracia exige del investigador y de los actores políticos la superación de paradigmas analíticos e ideológicos que fueron, y continuando siendo, dominantes en la región.

Abstract

Social transformations in Latin American have generated new phenomena which dominant political discourse, but also some studies of the political dynamics, are unable to express and even seek to conceal. To illustrate these developments the article analyses: 1) the emergence of new veto powers on the democratic system, quite different from the traditional one; 2) the celebration of the rise of “new middle classes”, a statistical conglomerate that refers to important social transformations but does not constitute a social category nor has a clear political expression; 3) the current debate on the regulation of the media, in which we argue that it expresses relevant socio-technological and political changes but is being held in a way that conceals undemocratic interests, both from governments and companies; 4) political parties and their difficulty to represent emerging social groups and generational differences; 5) civil society, which became fragmented and tanned by local political culture and should not be treated as an homogeneous and virtuous universe. We conclude that the consolidation of democracy requires from researchers and political actors to overcome the analytical and ideological paradigms that were, and still are, dominant in the region.

Introducción

En las últimas décadas, parte de los estudios sobre la dinámica política de la región se identificaron peligrosamente con los discursos políticos, olvidando que éstos, independiente de su orientación ideológica, son -por su función- simplificadores y opacos en relación con los procesos sociales que los producen, a la diversidad de intereses que los motivan y encubren. La demonización del “neoliberalismo” (o, aunque minoritaria, su defensa) fue, y continúa siendo, un pretexto para la pereza intelectual y la apología de la participación popular y de las identidades étnicas, al tiempo que no se contemplaron las formas de manipulación y orientación anti-democráticas que a veces asume. A su vez, la influencia del pensamiento económico tecnocrático, asociado en particular a organizaciones internacionales, limitó los parámetros del pensamiento sociológico para dar cuenta de la real dimensión de los problemas y llevar a cabo una denuncia fundamentada y sólida de la desigualdad social.

Ciertamente, la ciencia política no puede estar ajena a los discursos y realidades políticos, pero su tarea es analizarlos críticamente, mostrando la complejidad de la trama social subyacente y las consecuencias no intencionales y contradictorias de la acción de los actores sociales, que no son inherentemente portadores de cualidades virtuosas o reaccionarias. Hemos elegido, para ejemplificar los aspectos contradictorios y las consecuencias inesperadas de la dinámica política y de los procesos de cambio social: 1) la emergencia de nuevos poderes de veto sobre el sistema democrático, que actúan en forma explícita o implícita paralizando el funcionamiento de las instituciones o derrumbando gobiernos; 2) las “nuevas clases medias”, para argumentar que la estructura social de los países de la región sufrió enormes transformaciones, pero que indudablemente la noción de “nuevas clases medias” esconde más que aclara el cambio social en curso y poco dice sobre su impacto posible en la dinámica política; 3) el debate sobre la regulación de los medios de comunicación, para argumentar que detrás del debate legítimo sobre la necesidad de una acción pública en este sector, se esconden intereses poco democráticos, tanto de gobiernos como de empresas; 4) los partidos políticos, y la dificultad que han evidenciado en expresar y representar a los diferentes sectores sociales y las nuevas generaciones; 5) la sociedad civil, que se transformó profundamente y que no puede ser tratada como un todo homogéneo y necesariamente virtuoso.

Este texto es un intento de mapear algunas de las más destacadas transformaciones sociales y políticas por las que están atravesando las sociedades latinoamericanas y los desafíos que éstas plantean a la construcción de instituciones democráticas en la región. Nuestro objetivo es identificar problemas y plantear hipótesis que, esperamos, sean desarrolladas en investigaciones futuras. Para tal fin, acudimos a la forma de ensayo, que ofrece mayor libertad para desarrollar el argumento sin tener que referirnos a cada paso a autores específicos, lo que no implica desmerecer la amplia bibliografía que existe sobre los temas tratados y que hicieron posible este artículo. En trabajos previos, he analizado de manera sistemática y crítica parte de la producción conceptual y de la investigación empírica que han acompañado a nuestro campo de estudio. (Sorj y Martuccelli, 2008; Sorj, 2010; 2012; Sorj y Fausto, 2011 y Sorj, 2013) Resulta pertinente aclarar que, como todo texto que se refiere a América Latina, las referencias nacionales que el autor tiene en mente son siempre selectivas y en mi caso las principales, pero no únicas, son a los países sudamericanos.

Los nuevos (y antiguos) grupos de veto

Uno de los cambios más importantes que se ha dado en la dinámica política de la región en las últimas décadas ha sido el surgimiento de nuevos actores con capacidad de vetar gobiernos y/o el funcionamiento de las instituciones democráticas. Durante buena parte del siglo XX, los poderes de veto se concentraron en el interior de los grupos dominantes, generalmente a través de la instrumentalización de las fuerzas armadas, y tendieron a excluir del juego político a ciertos sectores sociales (obreros, campesinos, indígenas, analfabetos), así como a partidos políticos (peronismo, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, comunistas). De cierta forma las democracias bi-partidistas excluyentes (Venezuela, Colombia) realizaron una tarea similar.

¿Qué ha cambiado en este proceso? La apertura del juego político y, sobre todo la democratización de la sociedad, junto con la crisis de los partidos tradicionales -muchas veces acelerada por los regímenes autoritarios-, abrieron el juego a la participación pero simultáneamente fragilizaron el sistema institucional. De este modo, el ejercicio del veto se ejerce de otra manera en América Latina, tanto del lado de los grupos dominantes, como de los sectores populares. Así, podemos distinguir cuatro tipos de poder de veto:

• 1.

  El veto político de sectores populares minoritarios, que controlan recursos territoriales o poseen una amplia capacidad de movilización. Es el caso de los sindicatos peronistas en Argentina (donde desde 1928 ningún gobierno no peronista elegido democráticamente consiguió finalizar y llevar a cabo un proceso de transición pacífica de la presidencia) y de los grupos indígenas en Bolivia o Ecuador, que fueron responsables de la destitución o la renuncia de varios presidentes. En este grupo puede incluirse, hasta cierto punto, a algunos sectores del Partido de los Trabajadores en el Brasil, que intentaron derrumbar al presidente Fernando Henrique Cardoso al inicio de su segundo mandato, con la campaña “Fuera Fernando Henrique”, que incluyó la “marcha sobre Brasilia” que terminó siendo abandonada.

• 2.

  El veto al funcionamiento de las instituciones democráticas, en el cual encontramos variantes múltiples que van desde un desarrollo exacerbado del presidencialismo y nuevas formas de liderazgos neo-populistas, al ataque de la separación de poderes y al poder judicial, a la sociedad civil y a la prensa opositora. Este veto es una manera de violentar -en nombre de las mayorías- el derecho de las minorías: se veta la libertad de expresión de la oposición y su legitimidad dentro de la democracia. El objetivo final es eliminar la alternancia de poder, pues el presidente “representa al pueblo” y las oposiciones no son legítimas. Como resultado, aparecen autoritarismos electos: una disociación entre el origen del poder (elecciones más o menos libres) y el ejercicio del poder (abusos, control de la prensa, ataques a la oposición, uso del dinero público o de los controles fiscales para estrangular a opositores, etc.). El caso de Hugo Chávez en Venezuela fue ejemplar.

• 3.

  El veto económico. Una inflexión central en el modo tradicional del ejercicio de poder de veto de la derecha. Es un veto del poder económico que toma la forma de una confiscación tecnocrática, justificado con el “TINA” (There is no altenative). El fenómeno no es exclusivamente latinoamericano, pero en algunos países de la región asumió formas extremas, sustentadas en el recuerdo de los descalabros macroeconómicos producidos por los antiguos populismos. Estos descalabros hicieron que la demanda por la estabilidad económica no haya sido una exclusividad de las élites, por el contrario, contó y sigue contando con el apoyo de amplios sectores de la población. Pero la continuidad de un discurso político que se esconde en la objetividad técnica tiende a sustraer lo económico del juego político. Más que vetos a gobiernos, se trata del ejercicio del poder de veto a políticas específicas: los grupos económicos, nacionales e internacionales, transforman e instrumentalizan supuestos ideológicos que aparecen como ciencia económica (de Menem a Fujimori) y despolitizan la economía. Esta confiscación se presenta siempre como mera imposición de la realidad. O sea, es una decisión política que no se asume como tal. Su principal consecuencia sobre la democracia es que no permite gestionar los conflictos sociales distributivos ni permite visibilizar correctamente aquellas situaciones en las que se afecta la calidad y el estilo de vida de comunidades originarias (tal es el caso de la inversión en minería y sus efectos sobre la población indígena, las formas tradicionales de producción agrícola y el impacto sobre el medio ambiente, como puede observarse a lo largo de toda la región).

• 4.

  Finalmente podemos identificar un veto “funcional”, de índole estructural pero también intencional, sustentado en el funcionamiento de mecanismos inerciales del sistema, que se alimentan de una cultura política derivada del “individualismo transgresor” (Sorj, 2013). La ineficiencia de las instituciones, acompañada de la impunidad de los que ejercen funciones públicas, es utilizada para vetar la expresión y, sobre todo, el ejercicio de los derechos. O sea, se trata de un veto a la vez intencional y estructural, que tiene como función castrar el funcionamiento efectivo del sistema legal y que está presente en gobiernos tanto de derecha como de izquierda.

Este conjunto de vetos, a lo que se agrega las dificultades de construir oposiciones sólidas y eficientes, hace que la democracia no cumpla su función como articuladora de lo social ni habilite correctamente la dinámica de la representación política. Dentro de este cuadro debemos reconocer la capacidad y habilidad demostrada por las actuales democracias de la región en resolver situaciones de crisis políticas agudas durante los últimos veinte años, sin recurrir al golpe de Estado (incluso cuando se bordeó la ilegalidad, como ocurrió en los casos de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela). Al mismo tiempo, en muchos países el sistema político tiene manifiestamente cada vez más dificultad en gestionar las demandas sociales y ofrecer una traducción institucional a los conflictos sociales (situación que se da tanto en países con o sin sistemas de partidos sólidos, como lo demuestran las dificultades de los gobiernos chilenos de la última época para gestionar los múltiples conflictos sociales surgidos en torno a cuestiones como trabajo, las reivindicaciones de las comunidades mapuches y los jóvenes estudiantes).

En otros términos, la democracia en la región -a pesar de las profundas crisis sufridas por los partidos- es hábil en gestionar crisis políticas pero aun así se muestra débil para ofrecer soluciones institucionales a los conflictos sociales y, sobre todo, en mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

El estudio de la capacidad de los sectores sociales y las prácticas informales sustentadas en la cultura política de vetar gobiernos y/o de paralizar o disminuir el cabal funcionamiento de las instituciones democráticas, ciertamente no es exclusivo de la región. De hecho, estas tendencias son cada vez más visibles en los países desarrollados, de modo que su investigación representa un área con enorme potencial para llevar a cabo estudios comparados.

Las clases medias

El crecimiento económico de la última década ha producido una enorme cantidad de publicaciones que celebran el surgimiento de un amplio grupo de nuevos consumidores, denominados generalmente “nueva clase media”. Esto ha llevado a transformaciones en el discurso político, inclusive de la izquierda, tradicionalmente centrado en la oposición pueblo-(trabajadores)/oligarquía hacia un discurso promotor de las clases medias. El caso brasileño es ejemplar, pues el Partido de los Trabajadores enfatiza actualmente su rol en el ascenso de las clases medias, a lo que se agrega su papel en la disminución de la miseria. En suma, los “trabajadores” y el “pueblo” dejaron de ser la base de la metanarrativa política, que pasa a tener como objetivo “el fortalecimiento de las clases medias”. Ciertamente, la dicotomía pueblo/oligarquía continúa siendo instrumentalizada por gobiernos “bolivarianos” que buscan la radicalización política y la deslegitimación de la oposición. Esta celebración no se aplica al caso argentino, pues las sucesivas crisis económicas y el crecimiento de la desigualdad han producido en su población la sensación de un achicamiento y de empobrecimiento de las clases medias que se habían expandido y consolidado prematuramente en relación con el resto de la región, con la excepción de Uruguay. Aun así, en el caso argentino la “sensación térmica” (generalmente negativa) tiende a distanciarse de la “temperatura” real, y de este modo esconde cambios importantes en la composición de sus clases medias.

La importancia dada a las “nuevas clases medias”, más allá de los procesos efectivos de movilidad social y de cambios en la estructura de ingreso y consumo, expresan una transformación en el discurso político y en la representación de lo que constituyen efectivamente las “clases medias”. Esta nueva percepción enfatiza el consumo de bienes durables y reúne un conjunto muy heterogéneo de individuos que no están ni entre los más pobres ni entre los más ricos. Por lo tanto, la nueva clase media no representa la simple expansión de los sectores que tradicionalmente fueron incluidos en esta categoría, constituida por asalariados del sector de los servicios, pequeños empresarios, generalmente comerciantes y dueños de pequeñas oficinas, distinguibles de los trabajadores industriales y de los dueños de grandes fortunas. La “nuevas clases medias” expresan, sobre todo, una inflexión en el discurso político que es absorbida por la reflexión sociológica modificando el contenido de sus categorías. Las nuevas “clases medias” son definidas no por la propiedad o posición en el proceso de producción y distribución de riqueza, sino por el acceso a ciertos bienes de consumo, habitación y, en menor medida, escolaridad, e incluye a buena parte de los trabajadores industriales.

Ciertamente, la expansión de estos sectores se relaciona con el aumento del ingreso, pero, en buena medida, es producto de la masificación del crédito financiero, y por lo tanto una de sus características centrales es el endeudamiento. Por detrás del aglomerado estadístico denominado “clases medias”, encontramos no sólo enormes diferenciales de ingreso -que se mostrarían mayores si se considerase el patrimonio familiar- sino también enormes variaciones en el tipo de empleo y acceso a los servicios y recursos públicos.

En realidad, las nuevas clases medias constituyen un universo muy fragmentado y heterogéneo. Desde el punto de vista de la dinámica social y sus consecuencias políticas, una primera gran diferenciación en el interior de las clases medias debe ser realizada entre aquellos que se encuentran en el sector público (inclusive en empresas estatales) y aquellos que se ubican en el mercado privado. La estabilidad del empleo le otorga a este sector una mayor capacidad de militancia sindical y una actitud favorable hacia políticas estatizantes y de aumento del gasto público, del cual generalmente se benefician.

En el sector privado se encuentran desde pequeños empresarios y asalariados (tanto en el sector de servicios como trabajadores industriales), hasta profesionales liberales. Este sector, por lo general, es particularmente crítico a la carga impositiva de las cuales reconocen pocos beneficios, pues deben lidiar en forma privada con los costos de salud, educación y seguridad. Por ello, este sector es especialmente sensible al tema de la corrupción que es percibida como una apropiación de los recursos que ellos proveen al Estado (en realidad los impuestos asociados al consumo son costeados por toda la población, pero no tienen el mismo impacto que los impuestos directos al ingreso).

Extendiendo esta línea divisoria entre aquellos beneficiados por el gasto público y aquellos que no lo son, podrían localizarse sectores más próximos a los niveles de pobreza que reciben ayuda pública directa y otros que no la obtienen. Ciertamente, en esta tipología básica existen matices importantes, en particular aquellos que consiguen pagar poco o ningún impuesto y que se extiende más allá de la llamada economía informal, incluyendo comerciantes y empresarios de varios tamaños.

Lo que parece ser un rasgo general de estos sectores de clases medias -considerando tanto la movilidad social ascendente y descendente- es una situación de inseguridad posicional. El énfasis en los aspectos positivos e innegables del ascenso de una enorme masa de personas al consumo de bienes y servicios en países como Perú, Brasil, Chile y Colombia, lleva a subestimar el enorme potencial de malestar social asociado a la explosión de expectativas y frustraciones derivadas del creciente endeudamiento de estos sectores. La compra a crédito de buena parte de los bienes durables e inmobiliarios -desde productos electrónicos a autos, pasando por la compra de viviendas (generalmente con intereses altísimos)-, los gastos cotidianos generados por el consumo a través de las tarjetas de crédito, los costos mensuales fijos de consumo -como cable, telefonía celular, gasolina y acceso a Internet-, a lo que debe agregarse gastos de seguro de salud y educación (que comienzan desde muy temprana edad debido a la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo), hacen que buena parte de las clases medias vivan una presión financiera constante, potenciada por la demanda de aspiraciones a nuevos productos de consumo cotidiano.

El malestar de los sectores medios, directamente proporcional con el nivel de educación e información, se expresa en las expectativas frustradas en relación con la calidad de los servicios públicos, de los cuales se sienten sus principales financiadores. Este malestar se incrementa a partir de la percepción de despilfarro de los recursos públicos, periódicamente evidenciado en la explosión de escándalos de corrupción donde los involucrados, en la mayoría de los casos, salen impunes. En la medida que en el futuro el ciclo económico no sea favorable, este malestar tenderá a aumentar, aunque sus manifestaciones son ya evidentes en el presente, como puede constantarse en la revuelta de los estudiantes chilenos y la desconfianza generalizada de la ciudadanía en los políticos y los partidos.

Las clases medias y la política

La celebración del ascenso de las clases medias desconoce la enorme dificultad de representación política de estos sectores. De hecho, un rasgo de buena parte de los gobiernos democráticos de la región en la última década ha sido el cuidado con “los de arriba” -con la aceptación de los límites que el “modelo económico” impone sobre la asignación de recursos públicos- y con “los de abajo”, que han sido efectivamente beneficiados por políticas novedosas de distribución de recursos. En este sentido, los “del medio” son los más desatendidos por el Estado. ¿Quién defiende, desde la política, a los sectores de clase media dependientes del mercado que sienten una vulnerabilidad financiera y una inconsistencia posicional que produce una ansiedad sobre el futuro, en particular entre los jóvenes? Aparentemente, nadie. Y esto genera un espacio de electores disponible para ser cortejado por los partidos políticos, muchas veces creados ad hoc, para captar este público.

En suma, las clases medias se encuentran en una especie de “sándwich”, y en general son -política e ideológicamente- desorganizadas y electoralmente fluctuantes. Los grupos dominantes, que antes se apoyaban en los sectores militares, hoy se articulan directamente con el Estado, cuyos ideólogos generalmente son formados por economistas. Los más pobres, a su vez, son usualmente cooptados por las políticas sociales, con un costo fiscal reducido, lo que genera una base de sustentación electoral que nadie osa cuestionar.

De esta forma, un alto porcentaje de las clases medias, en particular aquellos con niveles de educación más elevados, se encuentran sin canales de representación política. Las reacciones al sentimiento de abandono se expresan de variadas formas, desde la “bronca” constante en países donde las clases medias son altamente politizadas, como Argentina, Uruguay y Chile, al predominio de exit strategy, como en Brasil, donde se da un repliegue hacia el mundo privado, cada vez más encapsulado en el mundo digital (Sorj y Martucelli, 2008).

En la medida que aumenta el número de personas que pagan impuestos y que sienten que el Estado no retribuye adecuadamente, emerge la pregunta si es posible generar en torno a ellos una agenda política. Hasta el momento, la respuesta parece negativa. Entre los factores que limitan la formación de partidos políticos que los representen adecuadamente, podemos indicar:

• 1.

  A diferencia de los países desarrollados, las políticas distributivas orientadas hacia los sectores más pobres se sustentan en un consenso bastante amplio de la población.

• 2.

  Como indicamos anteriormente, las clases medias son fragmentadas y heterogéneas, con intereses diferenciados en relación con el Estado y los problemas que enfrentan.

• 3.

  Se trata de sectores que tienen estrategias de inserción y ascenso social en un mercado competitivo que enfatiza el individualismo y los vuelve poco propensos a la acción colectiva.

• 4.

  Amplios sectores de las clases medias aspiran a empleos públicos y, si bien una buena parte de ellos nunca los obtendrá, la protección del Estado “maternal” continúa siendo un objeto de deseo. El empleo público, como realidad o como aspiración, continúa teniendo una importancia central en la región. Por ejemplo, en Brasil, parte significativa y creciente (lo que se refleja en el número de candidatos en los concursos para acceder a un empleo público) de los miembros de los sectores medios emergentes con título universitario, desean ingresar en carreras públicas para asegurar una renta y un estatus.

• 5.

  Además de los determinantes socioeconómicos, hay que incorporar la dimensión generacional al análisis de los sectores medios. En muchos países de la región, al contrario de lo que acontece en buena parte de Europa, hay una presencia desproporcionada de jóvenes en las “clases medias emergentes”, asociada al crecimiento económico y al aumento de la escolaridad. Estos jóvenes, recién incorporados en el mercado de trabajo, tienen como preocupación central sus carreras, el despliegue de estrategias de sobrevivencia y poco esperan de la acción colectiva.

A pesar de las evidentes dificultades para la emergencia de un “partido de las clases medias”, el hecho de que el discurso político valorice estos sectores medios no dejará de tener impacto en la auto-representación de las personas y posiblemente generará movimientos políticos, inicialmente minoritarios, que buscarán canalizar los sentimientos de frustración analizados más arriba, se articularán a partir de ideologías con las cuales estos sectores tienen afinidad (como la ecología), utilizando las nuevas tecnologías de comunicación a las cuales estos sectores tienen mayor acceso.

Partidos: ¿por qué se dificulta la renovación del sistema partidario?

El derrumbe de los viejos sistemas de partidos ha venido de la mano de transformaciones en la actividad política que dificultan el surgimiento y la consolidación de liderazgos políticos con fuertes compromisos con la institucionalidad republicana, ya sea en la derecha como en la izquierda. De todos modos, no podemos dejar de considerar el tema de la (baja) calidad de la nueva clase política dirigente, pues -con la excepción de Uruguay, Chile y parcialmente Brasil- la democratización reciente, barrió con la vieja pero no generó una nueva clase dirigente capaz de gobernar en forma responsable, honesta y democrática.

En este contexto, la consolidación de una “nueva derecha” o de una “nueva izquierda” en América del Sur, que asuma la bandera de menos impuestos y/o más transparencia, rendición de cuentas (accountability) y eficiencia del Estado, no nos parece viable a corto plazo. De todos modos, es un tema en ascenso en la medida en que la carga tributaria tiende a aumentar. Dada la tradición política de la región, tampoco se vislumbra la formación de una derecha al estilo anglosajón y norteamericana, pues no hay una base fuerte para la difusión del individualismo posesivo en América del Sur (aunque el individualismo sea un rasgo de las nuevas clases medias sudamericanas, se trata de un tipo diferente, de espaldas a las normas legales) (Sorj y Martuccelli, 2008).

El conservadurismo, en la mayoría de los países de América Latina, resulta ajeno a la mayoría de la población que no encuentra mayores virtudes en el pasado, al tiempo que el nacionalismo fue -en cierto sentido- capturado por la izquierda. El neoliberalismo tiene viabilidad limitada pues el individualismo como ideología es débil y los grupos dominantes están incrustados en el Estado. El tema de la inseguridad tiene potencial político-partidario, pero puede ser capturado por todos los partidos, aunque los políticos de derecha que cuestionan los derechos humanos encuentran en esta audiencia su principal apoyo. En resumen, ni el neoliberalismo, ni el nacionalismo, ni el conservadorismo dan pie a una alianza política de centro-derecha en Sudamérica. Al mismo tiempo, continúa abierto un espacio político que puede ser llenado por un discurso que articule la demanda por más eficiencia y responsabilidad del Estado, más seguridad pública y control de la criminalidad, aunados a temas como el medio ambiente, que atrae especialmente a los jóvenes.

La ampliación de este espacio político está vinculada al peso creciente de los nuevos sectores medios y al avance de la formalización de las relaciones económicas (formalización del trabajo informal, del empleo autónomo y de microempresas). Son estos sectores los que pagan más impuestos y, esto es fundamental, no sienten que reciban contraprestaciones del Estado, en tanto que su ascenso social les “obliga” a comprar cada vez más servicios básicos en el mercado (principalmente salud y educación).

La ausencia de una base social e ideológica afín a la derecha no es simplemente un reflejo de nuestra formación histórica, sino también de la incidencia sobre esta formación de los procesos recientes de democratización. En los últimos veinte años, la “conciencia” de la desigualdad social penetró en las élites, así como decantó en su seno la idea de que es deber del Estado amortiguar el problema.

En este sentido, una plataforma política tanto de centro-derecha como -y particularmente- de centro-izquierda, deberá tener un objetivo mayor: el de proponer que la protección de los más pobres y la movilidad social no estén vinculadas al abandono de servicios públicos universales. En otros términos, deberá tener un proyecto que considere el retorno de las clases medias a los servicios públicos. Esta puede ser la base de una agenda social-demócrata renovada en la región. Esta nueva agenda debe recuperar la tradición republicana e integrar principios como el bien común, la ética y la meritocracia. Este esfuerzo exigirá una renovación del discurso político que llegue a los más variados sectores de la sociedad, pues en América Latina tanto la derecha como la izquierda republicana fueron casi siempre clubes de notables.

En este contexto, la investigación sobre los desafíos de la representación política deberá incluir el tema generacional. Son escasos los estudios sobre el papel de los jóvenes y las relaciones intergeneracionales en la dinámica política de la región. En general, el tema fue tratado como parte de la historia intelectual o de las élites, en particular el papel desempeñado por el movimiento estudiantil. En la actualidad, el énfasis se trasladó hacia los problemas sociales de la juventud: marginalidad, violencia, el uso de drogas, entre otros.

En América Latina, nos encontramos en las antípodas de la situación de la mayoría de los países del norte, donde el incremento de las expectativas de vida hace que los jóvenes asuman los costos de las pensiones de los adultos mayores o el desempleo en economías semi-estancadas. En esos países, el sentimiento generacional preponderante es el de declive y deterioro de las condiciones de vida en comparación con la generación de sus padres. Se trata de una situación que provoca un potencial conflicto generacional, aunque en parte es sofocado por la propia crisis que ha fortalecido los lazos de solidaridad intergeneracional a nivel familiar.

No se trata de que América Latina reproduzca el ciclo europeo. El contexto cultural se ha modificado en forma radical. Hoy, la reivindicación es por participar, en forma individual, en el mundo del consumo. De hecho se trata de un mundo construido en torno a la imagen de la juventud. Es la juventud la que más y mejor domina los nuevos medios de comunicación e información, la que mejor se adapta a un mercado de trabajo extremadamente competitivo e intenso y aparece como amenaza a los más viejos, y la que asume el modelo de representación del self (sea en la ropa o en la apariencia física) que deviene referente para las otras generaciones. Pero esta cultura juvenil aún no ha encontrado canales de representación política.

La renovación de la vida partidaria representa un enorme desafío de innovación política capaz de ir más allá de las ideologías vinculadas con las nociones de eficiencia/mercado y su contraparte Estado/proveedor (generalmente asociado a un discurso nacionalista y populista), que logre tejer nuevas relaciones entre lo individual y lo colectivo (en lo cual, hasta ahora, se especializaron los neo-populismos) y que permita la renovación de las élites políticas, las cuales en la mayor parte de los países han sufrido una enorme degradación.

Hasta que esto no suceda continuará siendo dominante el sentimiento de alienación frente al sistema político y la ampliación del espectro de los electores indefinidos, cuyo voto puede modificarse en cada elección. Actualmente, sólo los pobres y los muy ricos están “ubicados”. En el centro del cuerpo electoral existe una nube de electores medios sin posiciones fijas, que permiten el surgimiento de “partidos” políticos que son más aventuras de filibusteros, así como de líderes bien intencionados pero sin apoyo de organizaciones con sustentabilidad, cohesión y un mínimo de disciplina interna. Los dos casos más exitosos que lograron cohesionar un mensaje ético con el tema medioambiental han sido los de Marina Silva en el Brasil y el de Enrique Ominami en Chile. No es casual que ambos llegaron a movilizar prácticamente el mismo porcentaje de electores. Pero en ambos casos el futuro es indefinido.

El desajuste entre la demanda potencial por más transparencia, responsabilidad y eficiencia del Estado -por un lado- y la oferta política -por el otro-, no es suficiente para generar un grave problema de inestabilidad social y política, siempre y cuando el crecimiento económico se mantenga elevado (o sea, que el Estado posea una capacidad razonable de distribuir los frutos del crecimiento acelerado). Asimismo, es evidente que el escenario cambiaría ante una significativa desaceleración del crecimiento que ponga en jaque el proceso de ascenso, con una combinación explosiva de frustración de expectativas materiales y enojo moral.

Los países con mayor capacidad de lidiar con este escenario serán -en teoría- aquellos que estén más preparados para activar mecanismos de amortiguación ante los efectos económicos y sociales de la crisis, con mayor madurez en sus instituciones y menor polarización entre sus clases dirigentes. Sin embargo, más allá de los ciclos económicos, no se puede olvidar que el crecimiento genera conflictos; la movilidad social que se viene observando en muchos países de la región, viene acompañada de nuevas demandas y expectativas tangibles y simbólicas en relación a la política y al Estado. Se trata de un desafío tanto para los que adhieren a una perspectiva conservadora, que pone el acento en la estabilidad, como para aquellos portadores de una perspectiva liberal-democrática, atentos a que los conflictos sociales encuentren vías de expresión y resolución al nivel del sistema de representación política, ampliando la agenda pública, y la plena realización de los derechos.

En caso de producirse una crisis económica más prolongada, podrían surgir en los países más maduros de la región, ofertas electorales competitivas que reclamen una ruptura con el “modelo económico”, lo que puede llevar a nuevas aventuras inflacionarias que desestabilicen el sistema democrático.

Los medios de comunicación

El debate sobre el papel de los medios en América Latina se construye en torno a muchos supuestos que carecen de investigación empírica. Buena parte del discurso “critico” que denuncia el poder de los medios de comunicación, supone un público pasivo sin autonomía de discernir y filtrar la información. Si así fuese, los partidos de izquierda en América Latina, nunca podrían haber ganado una elección. Igualmente, este tipo de lectura supone un interés de la población por la información política que claramente no se distribuye por igual entre los diferentes sectores sociales. Inclusive, entre los sectores de clase media es variado el interés en temas políticos: muy alto en Argentina, sólo en parte en Chile y particularmente bajo en Brasil. Igualmente, poco se ha estudiado cómo los medios expresan y refuerzan la tendencia de sentir lo político como algo externo y su impacto en banalizar y producir apatía a partir de la constante repetición de temas y denuncias.

Mucho se ha escrito sobre el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en la dinámica política. Las transformaciones microscópicas que la Internet tiene y tendrá en forma creciente, no han dislocado aún a la prensa escrita como la principal fuente que define -aunque sea por reacción- la agenda de las élites y de los políticos. Es desde ella que estos temas son retomados por otros medios o, si fueron iniciados en otros medios, obtienen su legitimidad efectiva cuando la prensa escrita los retoma y posiciona en la agenda pública. La prensa clásica de calidad sigue siendo la principal fuente de legitimidad a nivel de los medios. Por lo tanto, la prensa escrita continua siendo el “cerebro” y la televisión la principal diseminadora de la información. Consecuentemente, debemos entender a los medios como un sistema en el que los diarios producen las noticias, los canales de televisión las eligen y difunden y la Internet las comenta (nueva fuente de información, pero sobre todo de confirmación de las creencias de los intermautas).

El ataque que muchos gobiernos han realizado a los medios en nombre de la lucha contra la concentración de la propiedad y en nombre de una mayor participación social, es fruto de la conjunción de diversas dinámicas: 1) la región se ha caracterizado, en comparación con Europa o los Estados Unidos, por una diminuta participación estatal en los servicios de transmisión y una falta de regulación que favorezca el acceso de grupos de interés público a los medios audiovisuales; 2) la transformación tecnológica en curso genera la necesidad de actualizar la regulación de los diversos medios y sus interrelaciones, al tiempo que introduce nuevos actores en el área de producción y transmisión de contenidos, permitiendo nuevas alianzas entre ellos y los gobiernos; 3) las campañas políticas son realizadas cada vez más a través de los medios de comunicación; 4) los gobiernos, que no encuentran partidos de oposición robusta, identifican en los medios una de las principales fuentes de articulación de posiciones críticas y buscan acallarlas, desarrollando en paralelo estrategias de comunicación directa salteando los medios tradicionales o financiando con recursos públicos canales de prensa oficialista, en general de carácter local. Esta dinámica está presente tanto en gobiernos de derecha como de izquierda (Sorj, 2012).

El debate en torno de la concentración de los medios de comunicación -foco central de preocupación tanto de gobiernos como del sector privado- no debe estar orientado sólo a limitar la oligopolización, sino que debe incluir también temáticas vinculadas al sector público y los gastos de publicidad, considerando que los organismos públicos difícilmente consiguen asegurar su autonomía frente al gobierno de turno. En los casos en que se substituyen las empresas de comunicación privada por las estatales, no estamos frente a la solución del problema, sino frente a su agravamiento. El tema de la regulación de los medios de comunicación ciertamente deberá enfrentar la formación de oligopolios en el sector privado, pero igualmente los recursos destinados a la publicidad gubernamental deben ser reducidos al mínimo y deben estar asociados a campañas de interés público y ser distribuidos en forma transparente.

Nuevamente nos enfrentamos a un área donde los estudios internacionales comparados pueden ser extremadamente útiles. La “sociedad de la información” es en parte realidad y en parte espejismo, pues el poder del Estado y de los grupos económicos continúa vigente pero ciertamente afecta de modo diverso a los distintos sectores sociales y generacionales, así como a los viejos y nuevos actores del sistema de comunicación y el papel regulador o interventor del Estado.

La “sociedad civil”

El concepto de sociedad civil en América Latina, como en el resto del mundo, invoca un conjunto de organizaciones extremadamente variadas, desde las tradicionales organizaciones de barrio, organizaciones religiosas, corporaciones profesionales y sindicatos al universo de las ong. Son estas últimas, en realidad, el foco de la imaginación política y de la investigación sociológica en las últimas décadas cuando se habla de sociedad civil. Las ong en América Latina son un fenómeno nuevo: se trata de organizaciones formadas por activistas sociales que tienden a transformar su dedicación en fuente de sustento o complementación de ingreso y que no reivindican su legitimidad en nombre de la representación de un grupo social determinado, sino de la causa que representan. Su proyección en América Latina estuvo asociada al papel que tuvieron durante las dictaduras en la defensa de la democracia y, posteriormente, por mantener vigente la reivindicación de la defensa de la memoria de los desaparecidos y la promoción de los derechos humanos (Sorj, 2010).

Si bien se distinguen del mercado (donde el objetivo es el lucro) y del sistema político (donde el objetivo es el poder), ni las antiguas ni las nuevas formas de expresión de la sociedad civil son inmunes o disociables de intereses económicos y de formas internas de burocratización y de prácticas autoritarias. En suma, las ong no son inmunes a la influencia de la dinámica social y, menos aún en contextos de culturas políticas donde es común el uso de mecanismos de cooptación y relaciones poco transparentes con el Estado.

La pregunta, entonces, es ¿Cuál es el papel de la sociedad civil -y en particular de las ong– en el nuevo cuadro político democrático de la región? Si bien continúan teniendo relevancia en relación a la divulgación de temas específicos, como, por ejemplo, la ecología, la prevención del VIH, la legalización del consumo de drogas, en contextos donde emergen tendencias autoritarias es posible identificar en muchos páises un cierto agotamiento y dislocamiento del papel de esta forma de organización dentro del sistema político. El agotamiento pasa, en buena medida, por tratarse de organizaciones formadas por profesionales cuyo sustento depende de financiamiento en su mayoría externo a la organización, ya que a diferencia de gran parte de sus congéneres europeas y estadounidenses, no tienen base de sustentación en las aportaciones de personas o instancias que las apoyen. Esto lleva a que sus iniciativas dependan y tengan la duración de los financiamientos externos.

Si bien en algunos casos las ong son atacadas por gobiernos autoritarios porque no se ciñen a su voluntad (Venezuela, Bolivia, Ecuador), en buena parte de los países de la región, con el proceso de democratización pasaron a integrar la cultura política local. La búsqueda de financiamiento las transformó en apéndice de la cooperación internacional de fundaciones nacionales o extranjeras, fueron integradas como servicios complementarios en actividades asociadas a la implementación de las políticas públicas, o pasaron a ser utilizadas por empresas privadas como instrumento de actividades de “responsabilidad social”. En algunos casos, fueron directamente cooptadas por gobiernos de los cuales pasaron a ser parte de su “base de apoyo”, o utilizadas por gobiernos, partidos y políticos para desviar recursos públicos (para financiar la actividad política y/o uso personal) y por el sector privado para evadir impuestos y canalizar beneficios. En suma, las ong, que tuvieron un papel importante en la lucha por los derechos humanos y por la apertura política democrática, pasaron a tener un problema interno de falta de transparencia y precisan de una regulación que asegure, en particular cuando se trata del uso de recursos públicos, una mayor transparencia.

Por otro lado, las “viejas” formas de asociación no pueden ser descartadas (sindicatos, grupos religiosos, asociaciones, grupos profesionales). Muchas de ellas se renovaron (como es el caso de grupos religiosos evangélicos) y continúan teniendo un papel no desdeñable.

Tan pronto como las ong perdieron su impulso innovador, comenzó a surgir en la región, al igual que en otras partes del mundo, un activismo virtual, sobre el cual es prematuro juzgar sus consecuencias. Seguramente, son relevantes como canal de difusión de ideas, de movilizaciones puntuales y organización de campañas de opinión, en particular en los sectores jóvenes y clases medias, pero difícilmente tendrán la capacidad de consolidar un espacio colectivo de reflexión y acción sustentada (Sorj y Oliveira, 2007).

Conclusiones

Los procesos de democratización en curso no son irreversibles ni garantía de acceso a democracias de mayor calidad. La individualización, el repliegue hacia la vida privada, la desconexión creciente entre identidad personal e identidad colectiva, nos alejan de los escenarios típicos de los años sesenta caracterizados por una fuerte polarización política y social, parálisis decisoria y “desempate” militar. No nos rodean los viejos fantasmas del pasado. Hoy los desafíos son de otra naturaleza. Tienen que ver con dos procesos interrelacionados pero conceptualmente distintos: la creación de una ciudadanía de más alta intensidad y la creación de un nuevo espacio público que recupere el sentido de la política como forma de acción colectiva, sin retroceder a la híper-politización e ideologización mesiánica de los años sesenta.

El desafío de América Latina es reunificar los dos grandes conjuntos de valores que fundamentan la democracia pero que se han bifurcado y confrontado políticamente durante el siglo XX: instituciones independientes y justicia social; democracia de los procedimientos y democracia participativa; voluntad de la mayoría y libertad de las minorías y de los individuos; democracia formal y democracia substantiva. La dimensión liberal de la democracia no ha sido aun suficientemente internalizada, ni en la izquierda ni en la derecha. En el primer caso, predomina el movimientismo -cuando no ciertas teologías revolucionarias-. El segundo, es hoy un espacio dominado por el pensamiento tecnocrático. En todo caso, el contenido al cual se refiere el concepto de democracia en la región no cristalizó en un consenso mínimo asumido por la mayoría de la población. La reivindicación de derechos y libertades individuales es fuerte en sectores de las capas medias, pero la caracterización de la democracia es mucho más indefinida en otros grupos sociales.

Se trata de asumir un proceso de aprendizaje por parte de los ciudadanos y de los actores sociales y políticos de modo que logren interiorizar que no hay estabilidad institucional posible si los derechos sociales y los derechos institucionales no van juntos, que no existe oposición entre individuo y colectivo, entre voluntad de los gobiernos y autonomía de los poderes y que el gobierno de la mayoría no es democrático si no asegura a los individuos y a las minorías el derecho de disentir y exigir de los gobiernos.

La democracia como mecanismo de legitimidad de los gobiernos está profundamente arraigada en América Latina y continúa siendo su principal horizonte utópico. Lo que asombra, retrospectivamente, es su fuerza a lo largo de todo el siglo XIX y XX: a pesar de los frecuentes golpes de Estado, de sus evidentes límites, todos los gobernantes -incluso a través de fraudes electorales organizados- tenían que plegarse a su regla. Esta utopía se expresó con diversos lenguajes (liberales, socialistas, populistas) y aunque siempre estuvo activa, nunca logró plasmarse en la realidad (con excepciones como las de Uruguay y Costa Rica). Un elemento importante a destacar es que en esta utopía política siempre hubo una escisión entre un anhelo democrático movimientista (en la cual el individuo se disuelve en la masa) y un anhelo democrático procedimental, donde las reglas son aplicadas en forma universal y las instituciones son respetadas.

Lo que ha cambiado es que, al calor de la ola de democratización social y cultural por la cual la región atravesó en las últimas décadas, asistimos a una diferenciación de problemas y sobre todo, al menos tendencialmente, a la exigencia de una mayor transparencia en el uso de recursos públicos, el fin de la impunidad y una mayor valorización de las instituciones democráticas como un bien común.