El artículo se orienta a delinear y explicar el desarrollo de veinte años de políticas de la memoria en una ciudad argentina. Se describe la configuración de instituciones y actores sociales, los alcances y limitaciones de sus prácticas, con el fin de entender el actual momento de realización de los juicios a los represores de la última dictadura militar (1976–1983). A su vez, se analizan los procesos en torno al reclamo de justicia y su impacto en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, desde lo que ha sido llamado el momento de “eclosión de la memoria”, iniciado a mediados de la década de los noventa.
This article aims to outline and explain the development of twenty years of politics of memory in a city in Argentina. The configuration of institutions and social actors, the scope and limitations of their practices are described in order to understand the current timing of the trials of repressors of the last military dictatorship (1976–1983). In turn, the processes around the demand for justice and its impact on the city of La Plata, capital of the province of Buenos Aires, are analyzed, from the perspective of the so-called time of “outbreak of memory”, launched since the mid-1990s.
En torno a los trabajos sobre memoria (Jelin, 2002) y la lucha por la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en la última dictadura en la Argentina (1976–1983), pueden establecerse diferentes etapas. Geográficamente nos situaremos en la ciudad de La Plata, y temporalmente desde lo que ha sido llamado el momento de “eclosión de la memoria” a partir de mediados de los años noventa. Pensar cómo era el campo de los derechos humanos en la ciudad, quiénes eran sus agentes e instituciones, cuáles eran sus prácticas y cuáles sus reclamos nos permitirá entender cómo se configura la red de agentes y actores que copan la escena pública de la localidad. Inicialmente, haremos hincapié en momentos e instituciones platenses de alcance nacional y en organismos con sede en Capital Federal, ya que sus principales referentes dentro del movimiento de derechos humanos son platenses –Hebe Pastor de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo; Estela Barnes de Carlotto y María Isabel Chorobik de Mariani, de Abuelas de Plaza de Mayo, por nombrar sólo a algunas–, cuestión que genera un estrecho vínculo entre los organismos de ambas ciudades.
Si iniciamos nuestro análisis considerando a la memoria como una práctica social que requiere del trabajo de actores, y por lo tanto de iniciativas, esfuerzos, tiempo y recursos, que son plasmados en materiales, instrumentos y soportes –entre ellos ceremonias, libros, filmes, monumentos y lugares– (Vezzetti, 2002; Jelin 2002; Halbwach, 2004; Todorov, 2000), podremos ver cómo estos actores fueron cambiando a lo largo del tiempo, cómo variaron sus demandas y nociones, y cómo fueron materializadas; ello nos permitirá entender cómo se llevó a cabo este proceso de construcción de la memoria en la Argentina desde mediados de los noventa y hasta nuestros días.
Tal como señala Hugo Vezzetti (2002), la memoria social sobre el terrorismo de Estado en la Argentina surge como un modo de resistencia protagonizado por los organismos de derechos humanos. Su acción tenía tres componentes: el reclamo por la verdad, la demanda de justicia y el imperativo de memoria. Éstos fueron los ejes sobre los que se organizaron las instituciones y sus prácticas hasta la actualidad. El rol del Estado frente a estas demandas fue marcando diferentes momentos desde el inicio de la etapa democrática en 1983: la publicación del informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas (1985) las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987), los indultos (1989–1990), y su posterior nulidad (2003, 2006), y las políticas llevadas a cabo desde 2003 por el Presidente Kirchner, delinearon un campo de acción y el surgimiento de nuevas instituciones y demandas.
Consideramos “políticas de la memoria” a las formas de gestionar o de lidiar con ese pasado a través de medidas de justicia retroactiva, juicios histórico-políticos, instauración de conmemoraciones, fechas y lugares, apropiaciones simbólicas de distinto tipo. Pero por “políticas de la memoria” también se hace referencia aquí a las “grandes ofertas del sentido temporal” o a las narrativas más generales que proponen marcos institucionales (y están implícitas en ellos), que construyen temporalidades diferentes y de ese modo contribuyen a marcar continuidades y rupturas. Esas políticas de la memoria no son sólo políticas oficiales –aunque éstas tengan mayor capacidad de brindar marcos colectivos para la sociedad en su conjunto–, sino también aquellas que los diferentes actores despliegan en el espacio público (Rabotnikof, 2007: 261) y apuntan a modelar la memoria pública y a construir así, un cierto tipo de identidad colectiva, de modo que utilizan al pasado reconstruyéndolo en función de los problemas y de las preocupaciones del presente (Groppo, 2002: 192). En las siguientes páginas nos abocaremos, primero, a pensar estas dos dimensiones a nivel nacional, para luego analizar sus particularidades en la ciudad de La Plata.
Varios autores (Lvovich y Bisquert, 2008; Vezzetti, 2002; Crenzel, 2008; Rabotnikof, 2007; Feld, 2002; Valdéz, 2001, entre otros) coinciden en marcar el vigésimo aniversario del golpe militar conmemorado en el año1996 como el punto de inflexión para este nuevo momento de “eclosión de la memoria” o “boom de la memoria” (Lvovich y Bisquert, 2008: 59). En este sentido, la “confesión” en 1995 del capitán de corbeta Adolfo Scilingo sobre su participación en los “vuelos de la muerte” fue clave (Verbitsky, 1995); cuestión que repercutió fuertemente en la opinión pública y en los medios de comunicación,1 reavivando el debate en el interior de los organismos de derechos humanos y en la justicia. A su vez, desde 1996 comienza a juzgarse la sustracción y apropiación de bebés nacidos en cautiverio, tema que no fue contemplado por las anteriores leyes del perdón. En este marco, se da la creación de la asociación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (h.i.j.o.s.), de la que hablaremos más adelante. Tal como señalan Lvovich y Bisquert, en este contexto signado por confesiones, “autocríticas”, nuevos actores sociales, nuevas prácticas y renovadas coberturas periodísticas, la memoria de la represión recuperó espacio público. Tanto es así que el acto de conmemoración por los veinte años del golpe de Estado concitó no sólo la participación de los organismos de derechos humanos (a excepción de uno de los sectores de Madres de Plaza de Mayo), sino también la participación de sindicatos, partidos políticos y asociaciones barriales, artísticas, de defensa de los derechos civiles y de las minorías, entre otros (Lytovich y Bisquert, 2008: 65).
Se estaba generando así un nuevo período en la relectura del pasado, donde emergían nuevas nociones y cuestionamientos, y se ampliaban las demandas hasta alcanzar nuevas dimensiones, como fue la emergencia de la crítica a la política económica implementada por la dictadura y sus consecuencias en el presente. A su vez se abría un camino en la lucha por la justicia a través de los juicios por la apropiación de niños y los Juicios por la Verdad.
Frente a estas demandas, el rol del Estado Nacional bajo la presidencia de De la Rúa (1999–2001), se mantuvo al margen y cerró la posibilidad de llevar a cabo procesos de juicio a militares en el exterior al rechazar los pedidos de extradición, con el Decreto 1581/01.
Sin embargo, el 6 de marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitu– cionalidad e invalidez de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Dos años después, el Congreso de la Nación dictó su nulidad. Finalmente, en 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de estas normas. Durante este período (2001–2005), en el cual representantes de los distintos poderes del Estado se sumaban al cuestionamiento de estas leyes, las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura comenzaban a avanzar, impulsadas por víctimas, organismos de derechos humanos y algunos jueces y fiscales (González Leegstra, 2010).
En lo referente a los “lugares de la memoria”, en 1998 sucedieron dos hechos importantes en la ciudad de Buenos Aires, en espacios que se han convertido en símbolos de la última dictadura militar. El primero fue la publicación del Decreto presidencial que intentaba demoler la Escuela de Mecánica de la Armada (esma) y pretendía convertirla en un espacio verde de uso público, “símbolo de la unión nacional” (Lvovich y Bisquert, 2008: 71), cuestión que quedó trunca gracias al accionar de los organismos de derechos humanos que llevaron a la justicia esta iniciativa. El segundo hecho fue la aprobación del proyecto del Parque de la Memoria, también impulsado por organismos de derechos humanos y aprobado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trataba de un monumento a la vera del Río de La Plata, para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado; la instalación del mismo fue debatida por organismos, artistas y académicos.2 Es importante señalar que los lugares de la memoria se gestan desde la idea de que no hay memoria espontánea y que por eso es necesaria la construcción de archivos, aniversarios, celebraciones, monumentos e instituciones (Nora, 1984). Pensar en la creación, instalación y desarrollo de estos lugares desde esta perspectiva nos ayudará a considerar sus procesos de creación como prácticas que implican luchas por los sentidos del pasado.
Entre los saldos que dejó la crisis estructural vivida en Argentina en el año 2001, se destaca la interesante reactivación popular y el surgimiento de nuevos movimientos sociales –muchos de ellos artísticos– que participaron más tarde en espacios creados por los organismos de derechos humanos a la vez que colaboraron en marchas y otras actividades llevadas a cabo en el espacio público.
En el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, las políticas de la memoria se convierten en un tema de Estado. Desde entonces, las demandas de los organismos de derechos humanos parecen confluir en decisiones, gestiones y prácticas a la vez que se “institucionaliza la memoria” (Longoni, 2009a). Así, se crean nuevas instituciones y lugares para la memoria, se colocan placas y marcas, se definen nuevas fechas para el recuerdo y se realizan juicios. Las medidas más importantes que se tomaron en este período fueron: el relevo de toda la cúpula militar, se anuló el Decreto que impedía las extradiciones y, en agosto de 2003, el Parlamento anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Estas medidas fueron fuertemente apoyadas por los organismos de derechos humanos, especialmente por Madres de Plaza de Mayo.
El 24 de marzo de 2004, en el marco de la conmemoración del aniversario del golpe, el presidente Kirchner ordenó al titular del Ejército, Roberto Bendini, que bajara de la “Galería de Directores” del Colegio Militar los cuadros de los ex presidentes de facto designados por la Junta Militar, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Más tarde, se realizó un acto público y multitudinario frente a la esma en el cual Kirchner formalizó la creación de un Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.3 Posteriormente, el espacio fue por primera vez abierto para ser recorrido por los que allí habían sido detenidos clandestinamente y torturados.
Para el 30 aniversario del golpe de Estado (2006), la cuestión de la memoria ya era un estandarte del gobierno kirchnerista. En esa ocasión, nuevamente se realizó un acto en el Colegio Militar en el que el presidente anunció el Decreto según el cual el 24 de marzo se convertía en feriado inamovible y autorizó el pleno acceso a los archivos militares de la dictadura. También hubo una reedición del libro Nunca Más, con un nuevo prólogo orientado a cristalizar la perspectiva oficial sobre el sentido del pasado reciente.4 Según Lvovich y Birquert (2008: 83), “la trayectoria de la Juventud Peronista y de otras organizaciones era ahora leída como un antecedente del gobierno de Kirchner”.
En este período también se crearon nuevas instituciones, en cuyos nombres se incluyó la categoría de “memoria”: “Espacio de Memoria y Derechos Humanos”, “Parque de la Memoria” y “Memoria abierta”, entre otros. Por su parte, en la ciudad de la Plata se crearon la “Comisión Provincial por la Memoria” y el “Museo de Arte y Memoria”.
Enzo Traverzo, en “De la memoria y su uso crítico”, analiza este período de emergencia de la memoria en Argentina enmarcándolo en un proceso de activación global en el cual son las víctimas y sus herederos quienes plantean una demanda de reparación y justicia a los responsables de persecuciones y crímenes en el pasado (Traverzo, 2008:8). En este marco, la activación de la memoria es llamada a desempeñar un papel político en el presente: los Estados comienzan a instalar días del recuerdo, construyen monumentos, crean museos y lugares memoriales, y promueven políticas de educación y memoria. La memoria se institucionaliza, sostiene Traverzo, y son los Estados Nacionales los que toman la iniciativa de encuadrar el pasado tanto jurídicamente como creando herramientas y dispositivos para esta tarea. En Argentina, las memorias de las víctimas del terrorismo de Estado (y sobre todo las de sus familiares) fueron alcanzando no sólo un grado de legitimidad creciente, sino que también, a partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, fueron incorporadas como memorias oficiales desde el Estado Nacional.
Luego de este paneo general de los acontecimientos más destacados dentro del campo (Bourdieu, 1990) de derechos humanos a nivel nacional, detallaremos la relación existente entre diferentes agentes sociales e instituciones y daremos cuenta de las particularidades de este último período en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
La Plata, ciudad universitaria5La Plata es un centro administrativo con intensa vida estudiantil. Cuenta con un cordón industrial muy desarrollado que estuvo particularmente activo durante la década de los años setenta, que incluye los dos partidos vecinos de Berisso y Ensenada.6 La Plata fue una ciudad encarnizadamente arrasada por la dictadura (en proporción al total de su población es el lugar con mayor índice de desaparecidos), en tanto que incluida en el denominado “Circuito Camps”7 controlado por la Policía de la provincia de Buenos Aires, con jefatura en esta localidad. Los organismos de derechos humanos afirman que la cifra de desapariciones ronda los dos mil casos, de los cuales aproximadamente ochocientos serían estudiantes y novecientos obreros (Da Silva, 2001).
Entre las múltiples manifestaciones del recuerdo y la lucha por los derechos humanos, la cuidad de La Plata se ha convertido en un hito. Uno de los acontecimientos más destacados y ampliamente difundido que ha colaborado en ello, ha sido la repercusión alcanzada por la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios, ocurrida a partir del 16 de septiembre de 1976. Esta fecha forma parte de los calendarios de recordación y en su conmemoración los jóvenes secundarios y universitarios marchan y realizan actos por las calles de la cuidad en repudio a lo que se llamó “La noche de los lápices”.8
De acuerdo al trabajo de Ludmila da Silva Catela (2001), podemos observar que a partir del año 1994 las universidades platenses comienzan a colocar placas conmemorativas, iniciándose un nuevo emprendimiento de memoria por parte de la Universidad Nacional de La Plata (unlp). El primero fue motivado por el vigésimo aniversario del asesinato de un estudiante de Ingeniería en manos de la Alianza Anticomunista Argentina, también conocida como la “Triple A”.9 Tal como relata Da Silva Catela, es por ese acontecimiento que comienza a delinearse un proyecto de homenaje en la Facultad de Ingeniería; este sería el primero de una serie de placas, lugares y memoriales instalados en la universidad platense. Esta iniciativa buscaba homenajear tanto la memoria del estudiante asesinado, como la de todos los desaparecidos por la dictadura militar. Para ello se lanzó una convocatoria en la que se solicitaba la presentación de un proyecto según el cual “su concreción física simbolice una historia viva que enhebre el pasado con el presente” (Da Silva, 2001:183), a la vez que se pretendía distinguir entre tres tipos de víctimas: aquellos asesinados por la “Triple A”, los desaparecidos por la dictadura militar y los muertos en el exilio. La concreción de este objetivo se llevó a cabo con la realización de dos actos, en el primero se dio a conocer el ganador del proyecto, realizado en el aniversario del estudiante asesinado, en noviembre de 1994, donde se dio el encuentro de quince hijos de desaparecidos. Luego, con la inauguración de la obra ganadora, se realizó el segundo acto con la instalación de un camino creado a partir de los nombres de los desaparecidos escritos sobre el piso, creando una espiral que culminaba en un árbol de tilo.
De este modo, comienzan a instalarse memoriales y monumentos en las facultades de la cuidad, homenajeando a los desaparecidos de esas casas de estudio. Estas prácticas del recuerdo funcionaron también como un espacio para el reencuentro de amigos y familiares de desaparecidos, entre ellos los hijos. Aparecen allí dos actores bien definidos: los compañeros de la década del setenta y los hijos de desaparecidos; este encuentro intergeneracional redefine las prácticas para la rememoración y elaboración del pasado en la ciudad de La Plata.
Una nueva generación de actores socialesLa aparición de los hijos de desaparecidos en la escena política comienza a esbozarse sutilmente en un encuentro de alrededor de quince jóvenes en la Facultad de Arquitectura de la unlp, a fines del año 1994, en el marco de un homenaje a los desaparecidos de esa casa de estudios.
Como relata Santiago Cueto Rúa (2010: 139), esa “fue la primera vez que se presentaron públicamente como un grupo compuesto por ‘hijos’”. Durante los meses siguientes, el grupo fue consolidándose y delineándose. En la ciudad de La Plata, los memoriales organizados por distintas facultades de la unlp implicaron un importante contexto de encuentro. Si bien entre sus objetivos comunes estaban los de dar contención afectiva a sus integrantes y la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, se dio un primer momento de discusiones y disputas sobre quiénes podían ser parte de la asociación (Cueto, 2010). Finalmente definieron que –a diferencia de lo que habían decidido muchas filiales del país– el grupo de La Plata estaría constituido sólo por hijos de desaparecidos o asesinados por la última dictadura argentina, por los “afectados directos” al tener un vínculo sanguíneo con las víctimas del terror estatal. Esta discusión fue una de las centrales durante los primeros años, ya que también implicaba definir quiénes eran las víctimas del terrorismo de Estado. El 20 de abril de 1995 la agrupación “hijos-La Plata” se presentó en sociedad. El nombre elegido buscaba dejar en claro que sólo pertenecían a esa agrupación los hijos de desaparecidos y asesinados. Mientras que otras regionales de la agrupación permitieron el ingreso de hijos de exiliados y ex presos políticos, y otras optaron por un acceso irrestricto, esta última prefirió hacer uso de las siglas y llamarse “Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio” (hijos), donde la cuestión parental era clave. Según Cueto Rúa, la filial La Plata siempre tuvo una posición más “radicalizada”, no sólo sobre quienes podían participar, sino también sobre las demandas a presentar y las formas de asumirlas.
Entre los objetivos también se encontraba el de la construcción y transmisión de una memoria, en la que hijos-La Plata puso foco en el rescate de la historia de la militancia política de sus padres, cuestión que no había sido retomada por las asociaciones de Madres y Abuelas. Según Cueto Rúa:
La ‘radicalidad’ política con la que hijos interpretaron el pasado reciente se encarnó en una reivindicación de la lucha revolucionaria de sus padres, lo cual implicó una mirada sobre la violencia política distante de la sostenida por la narrativa humanitaria que había caracterizado hasta entonces la mayoría de los organismos de derechos humanos (Cueto, 2010: 167).
Así se presentaba el interés de recordar a sus padres no sólo como víctimas, sino también como militantes políticos o revolucionarios.
La incorporación de esta nueva generación a los trabajos por la memoria (Jelin, 2002), la verdad y la justicia desembocó en un replanteo profundo de categorías tan arraigadas como la noción de víctima, la idea de justicia que se pretendía y los nuevos modos de recordar y transmitir memorias sobre los desaparecidos. En lo referente a la justicia, hijos también incorporó su propia mirada y consigna sintetizada en el lema “Juicio y Castigo a los culpables”, demanda encarada por todas las regionales de hijos en el país, acompañada de diferentes prácticas y actitudes frente al reclamo.
Para el momento de conformación de esta agrupación, ya habían sido aprobadas por el Gobierno del Alfonsín las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987), y por el Gobierno menemista, los indultos a los militares y guerrilleros (1990). En este contexto, la posibilidad legal de enjuiciar a los represores por la desaparición de sus padres parecía nula en el país,10 aunque era una de las demandas más fuertes presentada por hijos. Por eso, “algunos de los integrantes de hijos interpretan todo el período democrático como un bloque caracterizado por la ‘impunidad’” (Cueto, 2010: 168).
La Justicia en La PlataUno de los casos significativos de la búsqueda de justicia en La Plata es el juicio contra Ramón Camps en 1986. Camps fue jefe de la Policía Bonaerense desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977, y la Cámara Federal lo había condenado a 25 años de reclusión, con degradación e inhabilitación absoluta perpetua tras hallarlo culpable de 214 secuestros extorsivos (47 de esas víctimas siguen desaparecidas), 120 casos de tormentos, 32 homicidios, 2 violaciones, 2 abortos provocados por torturas, 18 robos y 10 sustracciones de menores. Tuvo un importante rol en la represión implementada en la zona ya que fue cabeza de seis centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, conocidos como “Circuito Camps”. Entre los casos más conocidos que se le imputan podemos mencionar el secuestro del grupo de estudiantes de “La noche de los lápices”, el allanamiento y asesinato en la casa Mariani-Terrugi y el secuestro de la nieta de Chicha Mariani. Cumplió su condena hasta el 30 de diciembre de 1990, cuando a pesar del “día de protesta y duelo nacional” convocado por los organismos de derechos humanos y en medio de una masiva manifestación de repudio, lo alcanzó el indulto menemista que benefició a los ex comandantes condenados y al ex ministro José Martínez de Hoz, entre otros. La Ley de Obediencia Debida también absolvió por “falta de capacidad decisoria” a Etchecolatz, ex mano derecha de Camps, al médico Jorge Bergés y al resto de sus subordinados.
En la ciudad de La Plata comienza un nuevo período para la justicia cuando, por pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La Plata (apdh)11 en 1998, la Cámara Federal de La Plata aprueba el pedido de este organismo basado en “el ‘derecho a la verdad’ que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expusiera como ‘la necesidad de establecer las violaciones a los derechos humanos perpetrados con anterioridad al establecimiento del régimen democrático’”.12 De allí surgen los llamados “Juicios por la Verdad”, un proceso judicial que tiene como objetivo averiguar el destino de los desaparecidos de la región durante la última dictadura militar y determinar quiénes fueron los responsables de los crímenes.
hijos-La Plata se declaró en contra de los “Juicios por la Verdad”, ya que como expresaron en un comunicado en marzo de 1999, dada la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los culpables de estos crímenes no podían ser encarcelados. De este modo, repudiaron la investigación ya que consideraron que no podía llamarse “juicio” una acción legal que no tiene posibilidad de condena (Cueto, 2010: 169). Debido a este descontento, el grupo plantea nuevas prácticas de reclamo y “castigo” para los represores: los escraches.13
En el año 2001 comienza a delinearse otro período para la justicia en Argentina, cuando el juez Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En el 2003, el Congreso de la Nación dictó su nulidad y finalmente en el 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de estas normas. Durante estos cinco años los organismos de derechos humanos, jueces y fiscales avanzaron en la recolección de pruebas y en la configuración de las causas penales.
“Justicia Ya!” fue un colectivo que se conformó para encarar parte de la querella en algunos de los juicios de lesa humanidad. En La Plata, se creó una filial en el 2005,14 la cual fue querellante en el juicio a Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía, en lo que fue el primer juicio que se desarrolló desde la reapertura de las causas, durante los meses de junio a septiembre de 2006, tomando la ciudad de La Plata un lugar destacado en la manifestación de los organismos de derechos humanos y en la atención de la prensa.
Desde la reapertura de las causas se han desarrollado tres juicios en La Plata: el juicio contra Etchecolatz en 2006, el del cura Cristian Von Wernich en 2007 y el del “Circuito Camps” en 2011, instalando a la ciudad como espacio de circulación de testigos, medios de comunicación, manifestantes, organismos de derechos humanos y artistas. Estas causas despertaron un fuerte acompañamiento militante y de los jóvenes universitarios de la ciudad quienes impulsaron una gran variedad de prácticas de reclamo y memorización de lo acontecido durante la represión militar en la ciudad.
Los procesos judiciales continúan desarrollándose en gran parte del país, de modo que el espacio judicial se ha convertido en un lugar no sólo para la justicia, sino para la convergencia de militantes y defensores de los derechos humanos, para la escucha de testimonios y la construcción de nuevas memorias y relecturas sobre el pasado reciente. Se configuran así como un nuevo espacio de intervención sobre el pasado con múltiples formas y con nuevos actores sociales que renuevan su mirada.
El presente y la violación de los derechos humanosEl 18 de septiembre de 2006, ocurre un suceso que marca la memoria local y sus luchas. En el día en que se leían los alegatos por el juicio a Etchecolatz, es secuestrado por segunda vez Jorge Julio López, testigo clave en la causa y ex detenido-desaparecido durante la última dictadura militar, cuando se dirigía desde su casa al tribunal. Este secuestro, aún sin resolver, despertó múltiples manifestaciones y reclamos por parte de los organismos de derechos humanos e instaló una serie de dudas sobre el sistema judicial, policial y democrático; dudas que aún quedan sin respuesta: ¿puede existir, hoy, un grupo de tareas con capacidad operativa para secuestrar a alguien sin ser visto –aun sin contar con zona liberada–, no dejar rastros y mantenerlo desaparecido pese a una búsqueda en la que están empeñadas todas las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, amén de existir una recompensa de 200.000 pesos argentinos por brindar datos acerca del paradero del secuestrado? ¿Investigan quienes aseguran estar investigando? ¿Tienen capacidad investigativa esos encargados de la investigacin? (Bonomi, Cacopardo, Jaschek y Duizeide, 2006: 8).
A su vez, proliferaron amenazas e intimidaciones a testigos y jueces15 partícipes de los juicios de lesa humanidad en la ciudad de La Plata y en varios puntos del país, lo cual desembocó en grandes manifestaciones en la calle y denuncias en los medios de comunicación y la justicia. Desde el 2006 hasta la fecha, son varios los artistas y colectivos que vienen sosteniendo una variada gama de acciones e intervenciones para que no quede en el olvido la segunda desaparición de López. El día 18 de cada mes y en cada aniversario, se realizan marchas por el centro de la ciudad, muchas de ellas con múltiples despliegues artísticos que van desde performances, murales, pintadas y grafitis, stencil, máscaras, pancartas e instalaciones. Según Ana Longoni, en estas prácticas se entrelazan y superponen recursos que podrían atribuirse a las dos grandes matrices de representación de los desaparecidos en el movimiento de derechos humanos en Argentina. Por un lado, la matriz de las fotos, que se remonta a las primeras rondas de las Madres de Plaza de Mayo llevadas a cabo a comienzos de la dictadura, cuando ellas portaban sobre sus cuerpos las fotos de sus hijos e hijas. De este modo, insisten en la biografía particular de cada una de las víctimas del terrorismo de Estado y en el vínculo que une al que reclama con el ausente. Por otro lado, las siluetas, las manos y las máscaras, que apuntan a cuantificar anónimamente la magnitud del genocidio y cuyo principio constructivo radica en la transferencia entre el cuerpo de los manifestantes y el de los desaparecidos (Longoni, 2009a: 7).
En este espacio de lucha se entremezclan así una serie de formas representacionales del pasado a las que se le suman nuevas; las marchas se convierten no sólo en un espacio para las demandas, sino también en un espacio rico en intervenciones artísticas, donde el arte y la política confluyen en un específico activismo artístico en el que colaboran artistas locales, colectivos de arte, instituciones y organismos de derechos humanos. A ello se suman acciones de artistas de otras localidades que intervienen carteles, botellas de vino, las ventanas de vidrio de los medios de transporte público donde colocan el nombre o el rostro de Julio López, en un intento de interpelar al espectador.
En las marchas por Julio López confluyen varios sectores de defensa de los derechos humanos en la ciudad a los que nos referimos más arriba: la aedd (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Madres de Plaza de Mayo, apdh La Plata, la Asociación Anahí, la organización hijos Regional La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria, centros de estudiantes de las facultades platenses y colectivos de artistas independientes, muchas veces organizados por la Multisectorial.
Entre estas instituciones y organizaciones se da también un fuerte trabajo para la protección de personas y grupos donde sus derechos humanos son violados en la actualidad. Esta tarea está orientada por cuatro focos: la vulnerabilidad de necesidades básicas; la violación de derechos y garantías por parte de la Policía Federal (en la provincia de Buenos Aires, Luciano Arruga es un caso emblemático sobre las desapariciones ocurridas durante la democracia y perpetuadas por la Policía. A su vez, la violación de los derechos de los detenidos en penales bonaerenses es otro de los trabajos que afronta la Comisión Provincial por la Memoria); el trabajo sobre la educación organizado por talleres y programas que realizan en barrios y localidades de la provincia; así como la denuncia, investigación y reclamo (en la calle y a través de los medios de comunicación), sobre violaciones a los derechos humanos.
Tal como reflexiona Sandra Raggio, el pasado debe servirnos como lente para leer el presente, en el que “eso” que ya sucedió nos sirva en su carácter de ejemplar; o en términos de Tzvetan Todorov, para poder comparar y por analogía reconocer ciertas situaciones del presente. “Deberíamos poder pensar lo extremo de una experiencia en relación con lo que aviene normal, con aquello que nos es tan cotidiano al punto de que ni siquiera lo percibimos como para intentar detenerlo” (Raggio, 2007: 33). Las políticas de la memoria pueden tener más de un sentido, y esos están en relación con el proyecto de país que se construye. De este modo, las políticas de la memoria modifican la relación entre el Estado y la sociedad, pues según Brossat, “la memoria de crímenes de Estado y de violencias extremas, ingresa en los circuitos de gobierno y se convierte en integrante de un dispositivo general de gubernamentalidad” (Brossat, 2006: 18).
Prácticas en el espacio públicoDurante el período en análisis conviven diferentes formas de marcación y señalización de la ciudad con los objetivos de recordar y repudiar al terrorismo de Estado. Entre ellas, podríamos definir dos tipos: las que tienen un carácter estático y aquellas que se presentan más móviles (Caffaso, Oliva, Salvatori y Solari Paz, 2012). Dentro de las primeras se ubican las placas, murales, monumentos, esculturas, sitios, calles y salas, marcaciones e instalaciones que son impulsadas por el Estado, los amigos, familiares y asociaciones. Dentro de las segundas, se encuentran prácticas como intervenciones, performances y marchas, surgidas sobre todo desde agrupaciones de organismos de derechos humanos.
A nivel de la política estatal, podemos mencionar dos tipos de marcas que confluyen en el espacio público. Una iniciada en 1996, que es la marcación de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad. Las placas son producto de la Ordenanza Municipal n° 8641 de mayo de 1996, impulsada por Iván Maidana. Las primeras en señalarse fueron la Comisaría 5ta., la Brigada de Investigaciones (Da Silva, 2001:209) y las llamadas “Baldosas blancas de la memoria” realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de La Plata desde 2011; se trata de la colocación de baldosas que señalan el lugar exacto donde la persona fue secuestrada. Ambas iniciativas intentan fijar en tiempo y lugar los acontecimientos, de una manera perdurable para la transmisión y denuncia de lo que allí sucedió.
Las calles platenses también han sido intervenidas por artistas como el Grupo Escombros,16 que desde 1988 realiza murales cuya temática es la denuncia sobre la situación social, política y económica, y el rol asumido por el Estado al respecto. Entre sus intervenciones destacadas sobre los desaparecidos, se encuentra “El hombre roto”, emplazado en la puerta de la Facultad de Humanidades, en el año 1995. Se trata de una figura humana de más de 6 metros de alto con un poema en su pecho que alude a la indiferencia y a quienes hicieron oídos sordos a la realidad que se vivía durante la última dictadura.
Un sitio de la memoria relevante para la cuidad ha sido la casa de “Chicha” Mariani,17 una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. La casa es testimonio del asesinato de la militante peronista Diana Teruggi junto a otras cuatro personas en noviembre de 1976, y del secuestro de su nieta, Clara Anahí Mariani. El sitio conserva los agujeros de los cientos de balas que impactaron contra sus paredes, además de un boquete que fue provocado por un proyectil de tanqueta que atravesó los muros de la residencia, cuando más de 200 efectivos del Ejército allanaron el domicilio. Desde el año 2011, se desarrollan visitas guiadas y actividades en los aniversarios de conmemoración. La búsqueda de la nieta de “Chicha” Mariani es conocida internacionalmente y ha abarcado distintos tipos de acciones como muestras y cadenas de mails y de mensajes por Facebook, entre otras acciones.
Dentro del espacio urbano, las calles han sido significadas por las luchas de Madres y Abuelas de plaza de Mayo, puntualmente en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. Tal como explica Catela da Silva: Es un espacio demarcado: grandes pañuelos blancos están pintados sobre el piso alrededor del monumento a San Martín, indicando claramente el paso de las rondas. En cada una de las cuatro diagonales, que trazan los caminos principales de la plaza, las diferentes frases escritas identifican períodos y luchas por los desaparecidos: ‘Ni olvido ni perdón’, ‘Aparición con vida, ‘Cárcel a los genocidas, ‘Hoy como ayer no podrán quebrar la voluntad de lucha’ (Da Silva, 2001: 163).
Cada 24 de marzo se realiza el ritual de colgar las fotos de los desaparecidos alrededor de las rejas de la estatua de San Martín y en los alrededores de la plaza, a lo que se le suman los carteles, stencil y pintadas con los emblemas y adhesiones de los manifestantes durante la marcha.
Desde el año 1996 y hasta la actualidad, al poco tiempo de la conformación de la agrupación hijos-La Plata, se llevaron a cabo los escraches. En todo ese tiempo tuvieron variaciones y nuevas motivaciones, pero la práctica se mantuvo siempre fiel como una respuesta a la falta de justicia estatal.18 Estas prácticas comienzan a visibilizar a los represores, señalándolos en el espacio público frente a la mirada de vecinos y transeúntes. Estos actos caracterizados por un clima festivo, murguero19 y teatral, se sintetizaba en un lema proclamado por la agrupación: “Si no hay justicia, hay escrache”.
Esta nueva práctica aparece con un tono novedoso que rompe con la ritualización y sacralización de lo que eran las marchas del movimiento de derechos humanos hasta el momento, ya que contaron con la colaboración de grupos de artistas como Grupo de Arte Callejero (gac) y Etcétera. Desde el año 1998, gac realizó las gráficas y pancartas que eran utilizadas en los escraches, subvirtiendo el código vial, simulando ser una señal de tránsito habitual para señalar la proximidad de la casa de un represor o un centro clandestino de detención. Tal como señala Longoni: “proporcionaron una indiscutible identidad y visibilidad social a los escraches, contribuyendo a que se evidenciaran como una nueva forma de lucha contra la impunidad” (Logoni, 2009b: 10). Actualmente continúan siendo impulsados por la Mesa de Escrache Popular, ahora con una nueva motivación: hacer visible el reclamo de aparición con vida de Jorge Julio López. Las intervenciones y marcas de carácter artístico en reclamo por López son organizadas por distintos colectivos políticos y artísticos de la ciudad como “Arte al Ataque”, “Grupo La Olla”, “Unidades Muralistas Hermanos Tello”, entre otros. éstos han tenido una fuerte vinculación con el Museo de Arte y Memoria de La Plata y allí han desarrollado actividades como muestras y talleres.
Es posible advertir en esta cronología que las memorias sobre el terrorismo de Estado son un campo no sólo de construcción compartida, sino también de luchas por los sentidos del pasado, donde cada cambio en las coyunturas políticas se vio reflejado en los modos cómo se afrontaron y pensaron las distintas políticas por la memoria, las estatales y las de los organismos de derechos humanos.
Nuevas instituciones: la creación de la Comisión Provincial por la MemoriaLa creación de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (cpm) se incluye dentro de las políticas estatales, ya que fue posible gracias a la Resolución Legislativa na°2117 de la Cámara Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en julio en 1999,20 mediante la cual se impulsa la creación de un organismo público extra-poderes (que funciona de manera autónoma y autárquica desde ese momento a la fecha). Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas. La Comisión está ubicada en el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (dippba).
Según Vinyes (2008: 28), “una política pública es la combinación de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento”. En este caso, el estado provincial accede al objetivo de generar un espacio y un organismo que trabaje sobre el pasado reciente argentino y su transmisión –la defensa de los derechos humanos– e investigue, gestione y custodie al primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la dippba.21 Sandra Raggio explica que “la cpm es interesante porque no surge como una demanda de los organismos de derechos humanos, como otros espacios de memoria” (Lenci y Raggio, 2011: 2), ya que al tratarse de una iniciativa del Poder Legislativo fueron convocados referentes vinculados con la lucha por los derechos humanos, con reconocimiento y trayectoria. Entre ellos estuvo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; el presidente de la cpm es Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980 y un referente central del movimiento de derechos humanos; Laura Conte, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y vicepresidenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (cels); Aldo Etchegoyen, pastor de la Iglesia Metodista y también referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (apdh); varios referentes vinculados con el movimiento de derechos humanos a nivel nacional; miembros del sindicalismo vinculado por las luchas por los derechos humanos, como la Central de Trabajadores Argentinos (cta); miembros de la Justicia, jueces federales y fiscales que participan de la CPM; estudiantes e investigadores de la unlp y una representación ecuménica; Daniel Goldman, de la comunidad judía de Buenos Aires; la religiosa de la Iglesia Católica, Martha Pelloni, reconocida luchadora por los derechos humanos en los años noventa (Lenci y Raggio, 2011: 2). Los miembros fueron cambiando a lo largo del tiempo y hasta marzo de 2012 la cpm mantuvo la siguiente estructura organizativa:
- a)
Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (dipba): la cpm ocupa el edificio donde funcionó, desde 1957 hasta el año 1998, la dipba. De modo que posee además la característica de ser “sitio de memoria”. En aquel año, la Legislatura de la provincia cede el archivo a la Comisión y lo desclasifica.22 Laura Lenci, directora del archivo explica que uno de los trabajos que se realizó con el archivo es seleccionar la documentación para hacer aportes a los “Juicios por la Verdad” que estaban en funcionamiento en ese momento, pero fundamentalmente al “Juicio por la Verdad” de La Plata (Lenci y Raggio, 2011: 11). Además, otra de las tareas del archivo es la preservación de la documentación, aportar a los juicios (Juicio por la Verdad, y posteriormente a los juicios penales que comenzaron a realizarse desde el año 2006), y a pedidos personales y de familiares e investigadores. Entre los materiales que conforman este registro documental se han encontrado informes de inteligencia y recortes periodísticos sobre la agrupación hijos, así como valiosas pruebas del accionar policial que sirvieron en diferentes juicios penales. Algunas de las causas que han recibido aporte probatorio del archivo de la dipba son: la Causa Mercedes Benz (que forma parte de la causa “Campo de Mayo"), el Juicio a Etchecolatz (Causa iniciada en el Juicio por la Verdad), la Comisaría Quinta de La Plata, el Puesto Vasco, la Masacre de Fátima y Cambiaso-Pereyra Rossi (Comisión Provincial por la Memoria, 2008a).
- b)
Área de Comité contra la Tortura: área creada en el año 2002 con el objetivo de monitorear lugares de detención y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de personas privadas de su libertad. Sus temáticas son la detección de violaciones de derechos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires (cárceles, comisarías e institutos de menores), y casos de abuso policial en general. Otro objetivo consiste en coordinar acciones tendientes a la difusión de esta problemática. Entre sus tareas se encuentra la de publicar un Informe Anual que da cuenta y evalúa el estado de situación de estas políticas en la Provincia de Buenos Aires (Comisión Provincial por la Memoria, 2008b).
- c)
Área de Investigación y Enseñanza: baj o la dirección de Sandra Raggio desde su creación. Desde el año 2002 una de sus tareas más importantes que desarrolla es el Proyecto “Jóvenes y Memoria, recordamos para el futuro” que se implementa en escuelas secundarias. En él se trabaja la elaboración de la experiencia pasada bajo el eje autoritarismo y democracia. A su vez, trabajan diferentes proyectos educativos como el programa “Justicia y memoria”, donde se asiste a los juicios con jóvenes secundarios y se hacen talleres de reflexión, se realizan capacitaciones y cursos para docentes y se crean recursos didácticos para utilizar en el aula. La Maestría en Historia y Memoria (unlp) fue una iniciativa de la Comisión que desarrolló junto a la unlp en el 2003. También tienen un área de investigación que viene trabajando sobre el tema de marcas, sitios y memoriales sobre el terrorismo de Estado en la Provincia de Buenos Aires.
- d)
Área de Comunicación y Cultura: estuvo bajo la dirección de Ana Caccopardo hasta marzo de 2012. Funcionaba en un edificio cedido en comodato por el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en calle 9 entre 51 y 53. Allí se ha instalado el Museo de Arte y Memoria desde su fundación. Entre las tareas del área se encontraba todo lo referido a difusión periodística, la edición de la revista Puentes, la producción de muestras artísticas con materiales de la cpm que son itinerantes, la producción audiovisual, el registro fotográfico y visual de los juicios que se desarrollan en la ciudad de La Plata y en localidades de la provincia,23 la producción de documentales24 y la gestión del museo, que además de la exposición de muestras realiza cine debate, talleres, visitas guiadas y posee una videoteca de consulta abierta. Tal como relata Ana Caccopardo, desde la creación de la cpm y del área de Comunicación y Cultura:
Siempre apareció el tema de la producción cultural como un territorio que nos interesaba pensar, trabajar y reflexionar, porque nos parecía una herramienta para la reflexión, la transmisión y la sensibilización en torno a los temas de historia reciente en nuestro país y también en torno a la agenda actual de derechos humanos (Entrevista a Ana Caccopardo, 9 de agosto de 2012).
Las luchas por la memoria, la verdad y la justicia configuran una serie de prácticas, actores e instituciones que se relacionan con políticas estatales y agrupaciones sociales que determinan una fértil interacción social y una realidad particular en la región. Las luchas por los sentidos del pasado configuran un mapa de prácticas intergeneracionales que ponen en relación espacios institucionales con organismos sociales. El recorrido temporal desarrollado a lo largo de estas páginas nos permitió ver cómo fue constituyéndose el campo, en qué contextos emergieron nuevos actores sociales y qué herramientas de acción social utilizaron en sus demandas, cuáles fueron sus espacios y cómo la ciudad fue mostrando una particular configuración del espacio público, donde se realizan marchas, escraches y marcaciones, y también se instalan placas y recordatorios. A lo largo de estos años, es posible advertir cómo se fue cuestionando de diversas maneras al pasado, la noción de víctima, la idea de justicia, y cómo los nuevos modos de recordar y transmitir fueron variando permitiendo la emergencia de nuevas memorias, memorias silenciadas u olvidadas, como es el caso de la militancia política de los desaparecidos, que logra ponerse en la escena pública a partir de las indagaciones de sus hijos. Los juicios desarrollados en la región también reavivan el flujo de militantes sociales que llegan a la ciudad, en apoyo a las víctimas. La segunda desaparición de Julio López incita a preguntarnos sobre el pasado y el presente. ¿Qué prácticas represivas siguen hoy vigentes? ¿Cuál es la reacción de los organismos de derechos humanos? ¿Cuál es la respuesta estatal?
El recorrido de estas luchas permite observar cómo los organismos sociales estuvieron siempre abriendo el camino, un camino que luego continuaron y profundizaron las políticas estatales. Más allá de éstas, es posible notar una concepción limitada de la memoria por parte del Estado cuando sus políticas se circunscriben sólo a pensar el pasado reciente argentino y no hay una relación fluida con la violencia del presente. Cuestiones que se vienen trabajando desde la Comisión Provincial por la Memoria, pero que no se traducen en gestiones provinciales o municipales y donde la Policía Bonaerense, así como de otras provincias, se encuentra como protagonista de diferentes mecanismos represivos, tales como la tortura, la represión, la vigilancia y la desaparición de personas. Luciano Arruga,25 Marita Verón26 y Julio López se erigen como los desaparecidos de la democracia; una democracia que hoy se presenta abanderada de las luchas por la memoria y la justica, pero permite que nuevos grupos sean blanco de violencia, perpetrada por un organismo del Estado, como son sus fuerzas de seguridad.
Por último, el arte está presente como herramienta de acción colectiva en el trabajo de transmisión y lucha, de la mano de los organismos y a través del Museo de Arte y Memoria, el primero instalado en la Provincia de Buenos Aires.
La ciudad de la Plata cobra así importancia dentro de la temática porque es una ciudad altamente politizada, como se ha explicado a lo largo de nuestra reflexión, y porque suele ser epicentro de prácticas, demandas y casos emblemáticos que hacen eco a las problemáticas de la memoria, la verdad y la justicia en el resto del país.
Licenciada en Comunicación Social con orientación en periodismo, Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Magister en Historia y Memoria; Doctoranda en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Becaria del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-IDES-CONICET). Sus líneas de investigación son: memoria reciente, arte, fotografía, museos, sitios de memoria. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Imágenes como epitafios sustitutos: en una serie de Marcelo Brodsky” (2014); “Lucila Quieto, hijos atravesando el paisaje: imágenes para construir el recuerdo añorado” (2013) y “Apuntes sobre la fotografía en el cine de los hijos. Un estudio sobre los filmes 'Los Rubios' 'M' y 'Papá Iván'” (2012).
Para un análisis sobre los medios de comunicación y el juicio a los ex comandantes en Argentina durante este período, véase: Feld (2002).
Sobre este tema, véanse: Tappatá de Valdéz (2003), Silvestri (2000), Huyssen (2000), Vecchioli (2001), Melendo (2006).
Este proyecto causó grandes deliberaciones entre los organismos de derechos humanos participantes. Véase: Brods– ky (2005).
Para un estudio detallado sobre el Nunca Más, véase: Crenzel (2008).
Para un estudio sobre la identificación de la ciudad de La Plata como “ciudad universitaria”, véase: Badenes (2012).
La provincia de Buenos Aires se divide territorial y administrativamente en 135 municipios denominados constitucionalmente partidos (N. de la E.).
El denominado “Circuito Camps” fue el esquema represivo que la última dictadura desarrolló en 14 partidos del Conurbano bonaerense y La Plata. Contó con al menos 29 Centros Clandestinos de Detención (CCD) donde actuaron miles de represores de la Policía de la Provincia encabezada por Ramón Camps, bajo el mando del Comando del Primer Cuerpo del Ejército. La acumulación de causas que se juzgó en La Plata (2011-2012) es denominada como “Circuito Camps”. Si bien en 1986 hubo una primera causa “Camps” o “Causa 44”, que juzgó sólo a siete represores que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, es la denominación que más se acerca a un grupo de causas de esta característica. Nunca se juzgó el “Circuito Camps” en su totalidad, pero la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en la ciudad de La Plata e investiga 280 casos de secuestros, torturas, homicidios y apropiaciones de niños cometidos en los CCD de la Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 N° 530, entre 13 y 14), el Destacamento de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), el Puesto Vasco (subcomisaría de Don Bosco, Quilmes), el coti 1 Martínez (Avenida del Libertador 14.200, Martínez, San Isidro), en la masacre de la casa Mariani-Teruggi (Calle 30 N° 1134 55 y 56) y un caso de la Brigada de San Justo. Véase: Cobertura del juicio “Circuito Camps” (2012).
Para consultar sobre los alcances y continuidades del relato de “La noche de los lápices”, véase: Raggio (2011).
La Alianza Anticomunista Argentina fue un grupo paramilitar de extrema derecha de la Argentina que asesinó a artistas, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante la década de 1970, previo al golpe militar de 1976 (N. de la E.).
Desde 1996 comienza a juzgarse la sustracción y apropiación de bebés nacidos en cautiverio, tema que no fue contemplado por las leyes del perdón. A partir del año 2001, comienzan a hacerse muy presentes los pedidos de extradición reclamados por los tribunales europeos para juzgar a los represores en el exterior.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (apdh) es una organización en defensa de los Derechos Humanos, fundada en el año 1975. El nacimiento de la Asamblea Permanente en La Plata (APDH – La Plata), se remonta al año 1979; se crea para dar apoyo y asistencia a grupos de familiares de desaparecidos que en su mayoría comenzaron a reunirse convocados por la necesidad de saber y de compartir la poca información de la que disponían. Sus objetivos centrales son: obtener Verdad y Justicia para las víctimas de la represión de la última dictadura argentina. Véase: APDH (2013).
Resolución 18/98, de la Cámara Federal de La Plata, que abre el Juicio por la Verdad. Disponible en línea: <http://www.apdhlaplata.org.ar/juridica/juridicab1.htm>
“Se trata de una actividad que consiste en señalar la casa (ocasionalmente el lugar de trabajo) de algún integrante de las fuerzas de seguridad o algún civil que haya estado involucrado en los crímenes de la dictadura y que por distintas razones se encuentre en libertad; porque fue indultado o beneficiado por las 'leyes de impunidad'; o porque aún no fue alcanzado por los procesos que en la actualidad son jurídicamente viables” (Cueto, 2010: 171). En la ciudad de la Plata los escraches realizados fueron muchos. Los caracterizó una sólida organización y secuenciación: se trataba de un desfile en los que el grupo iba encabezado por una murga o pequeño número de teatro, se le sucedía la marcación de la casa con pintadas y por último se tiraban huevos y pintura roja.
“Estaba integrada por la APDH La Plata, la Asociación Anahí, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Central de Trabajadores Argentinos La Plata-Ensenada (cta La Plata-Ensenada), la cta de la provincia de Buenos Aires, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH, organismo de derechos humanos fuertemente vinculado con el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS), el Comité de Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (codesedh, organismo de derechos humanos integrado por profesionales, creado en 1982), el Comité de Acción Jurídica (caj, organismo de derechos humanos integrado por abogados que defienden las libertades democráticas), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas La Plata (fddrp La Plata, organización que reúne a familiares de desaparecidos, creada en 1976), la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (fidela, organismo que promueve los juicios por delitos de lesa humanidad), la organización hijos Regional La Plata (hijos-La Plata, organización originalmente integrada por hijos de desaparecidos, aunque luego comenzaron a aceptar entre sus miembros a cualquier persona que compartiera sus demandas), Liberpueblo (organismo de derechos humanos vinculado al Partido Comunista Revolucionario, pcr), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (ladh, organismo de derechos humanos creados en 1937, actualmente muy vinculado al Partido Comunista, pc), la organización Madres de Plaza de Mayo-La Plata (que reúne a madres platenses de desaparecidos) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (medh, organismo de derechos humanos integrado por personas de distintas iglesias, creado en 1976)” (González, 2010).
En la ciudad de La Plata fue amenazado el Juez Corazza, Isabel Chicha Mariani (presidenta de la Asociación Anahí y una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), el camarista Leopoldo Schiffrin. También fue violado el domicilio de Nilda Eloy, quien además recibió llamadas que habrían sido cursadas desde un edificio del Ejército. Por su parte, la sobreviviente de la “Noche de los lápices”, Emilce Moller, recibió una carta firmada por tres excomisarios de la bonaerense en la cual la increpaban (Bonomi, Cacopardo, Jaschek y Duizeide, 2006: 8).
Se trata de un grupo interdisciplinario, fundado en 1988 que continúa hasta la actualidad desarrollando diferentes tipos de prácticas artísticas en el espacio público y en el circuito artístico (Grupo Escombros, 2011).
La Casa Mariani-Terruggi está ubicada en calle 30 entre 55 y 56, La Plata. Fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto n° 848/2004. Allí funciona la Asociación Anahí, presidida por María Isabel “Chicha” Mariani.
Para un estudio más pormenorizado sobre el tema, véanse: Cueto (2010), Carras (2009), y Da Silva (2001).
Se trata de un estilo de música popular donde se combinan cantos de tinte político o actualidad interpretados por un coro, acompañados por escenificaciones teatrales y disfraces.
Ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12.611/2000.
Cuestiones que están siendo analizadas por Santiago Cueto Rúa en su tesis doctoral, en la que aborda la relación entre organismos de Derechos Humanos y el Estado, tomando como caso la historia y el presente de la Comisión Provincial por la Memoria. Tesis del Doctorado en Ciencias Sociales unlp.
Ley 12.642.
La cpm ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de Artes Visuales (inoaa) para que se registren los juicios en otras localidades de la provincia de Buenos Aires.
Entre ellos se encuentra el documental sobre el juicio a Etchecolatz titulado Un claro día de Justicia, en el que se incluye la segunda desaparición de Julio López, un acontecimiento que reavivó la lucha por los derechos humanos en La Plata, desarrollándose diversas actividades en el espacio público. También han producido una serie de documentales titulados Secreto y confidencial, sobre el encuentro de familiares y personas que van a solicitar materiales del archivo de la dipba.
Adolescente desaparecido en el año 2009, cuando fue secuestrado por la Policía Bonaerese de Lomas de Zamora, como represalia por su negativa a robar para los oficiales.
Desaparecida en Tucumán en el año 2002, su caso se ha vinculado a la desaparición forzada y la trata de personas, con complicidad de la Policía de la Provincia de Tucumán.