Análisis de la población drogodependiente con problemas jurídico-penales a través del Observatorio Español sobre Drogas
Drug users with criminal justice problems in Spain
SILVOSA RODRÍGUEZ, G.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Madrid.
Correspondencia:
Dra. G. SILVOSA RODRIGUEZ.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Paseo de Recoletos, 22.
28019 Madrid.
e-mail: gsilvosa@pnd.mir.es
RESUMEN: Objetivo: describir el consumo de drogas y variables asociadas entre la población con problemas jurídico-penales. Asimismo se presentan las intervenciones que se están desarrollando dentro del sistema de justicia criminal.
Material y métodos: análisis de los datos de muestras de sujetos detectados oficialmente (sujetos detenidos y encarcelados).
Resultados: alrededor del 50% de la población encarcelada en nuestro país es consumidora de sustancias psicoactivas, y entre el 30-70% de los detenidos atendidos en los servicios de atención al detenido presentan problemas de toxicomanías. La heroína continúa siendo la responsable de la gran mayoría de las admisiones a tratamiento por sustancias psicoactivas en instituciones penitenciarias (88,9%), aunque la cocaína comienza a representar una proporción de casos importantes (6%). También se observa una importante evolución en la vía principal de administración de la heroína (de la vía inyectada a la vía fumada).
Conclusiones: un alto porcentaje de la población con problemas penales tiene problemática de abuso de drogas, en concreto con la heroína, y parece constatarse una relación entre consumo de heroína y delitos contra la propiedad, ambas conductas están asociadas a determinadas variables estructurales (varón, 30 años de edad, escaso nivel instructivo y situación laboral precaria, con problemas de salud). No obstante, la variable sexo comienza a aparecer como un nuevo factor a tener en cuenta en la delimitación de esta relación.
PALABRAS CLAVE: Drogodependencia. Población penitenciaria. Prisión. Tratamiento de drogodependencias. Sistema de justicia-criminal.
ABSTRACT: Objective: this work describes the use of drugs and the different related variables among people with criminal justice problems. Likewise, the different interventions that are now being carried out into the criminal justice system are shown in this study.
Material and methods: to achieve this aim, there have been analyzed those samples from people officially registered, that is: people under arrest and imprisoned ones.
Results: the results show that approximately 50% of the imprisoned population in Spain use psychoactive substances, and between 30-70% of the population under arrest aided by the Assistance Service for Arrested Persons, presented drug addiction problems. Heroine continues to be responsible for most of treatment admissions within penitentiary institutions due to psychoactive substances (88.9%), although cocaine is beginning to represent an important proportion of cases (6%). A significant change is also noted as regards the main means of heroine intake (both from injections to smoking).
Conclusions: a high percentage of the population who have criminal problems suffer from drug abuse, specifically from heroine, and there appears to be a relationship between heroine cosumption and crimes against property. Both types of behaviour are related to structural variables (male, 30 years old, low educational level, a precarious work situation, and health problems). However, the sex variable is beginning to appear as a new factor to be taken into account when establishing this relationship.
KEY WORDS: Drug addiction. Imprisioned population. Prison. Drug treatment. Criminal-justice system.
Introducción
Analizar la relación delincuencia-drogas en su complejidad resulta imprescindible para poner en marcha las intervenciones más adecuadas. El análisis del consumo de drogas y de la conducta delictiva tiene una larga tradición que ha generado un conjunto importante de datos empíricos; no obstante, en nuestro país son escasos los estudios que analizan esta relación1-4.
Los principales hallazgos en estas investigaciones hablan de una estrecha relación entre ambas conductas; así, serios estudios británicos de la última década demuestran la teórica relación causal entre consumo de drogas y delito5-7. Estos estudios observan una relación directa entre abuso de drogas y delito.
Investigaciones realizadas por autores americanos confirman una compleja panorámica donde la simple relación causal entre abuso de drogas y delito es rechazada; para éstos, dentro del crimen y de la subcultura de la droga, se incrementa la desviación que está asociada a una progresiva y problemática carrera de drogas donde las drogas duras son usadas.
Algunos investigadores contemporáneos identifican conductas anteriores a la actividad delictiva y al consumo de drogas como son las manifestaciones agresivas. En resumen, estos autores concluyen que tanto las actividades delictivas como el consumo de drogas ilegales se insertan progresivamente en el repertorio de conductas desviadas, y hacen notar que antes de los 12 años el repertorio de estas conductas es ya muy extenso8. Según éstos, la conducta desviada debuta a través de los conflictos con la autoridad familiar y escolar.
El consumo de sustancias psicoactivas ilegales es una extensión del estilo de vida desviado8-10 y la dependencia a la heroína juega un papel importante en el incremento de la carrera criminal tanto cuantitativamente como cualitativamente en aquellos que previamente han exhibido conductas delictivas. Esto nos sugiere que la dependencia a la heroína contribuye a la criminalidad más allá de la asociación típica con el uso y aprovisionamiento de drogas para uno mismo.
En este trabajo se pretende describir el consumo de drogas y la actividad delictiva entre la población con problemas jurídico-penales (sujetos que ingresan en prisión y sujetos detenidos atendidos por los servicios de atención al detenido) y las respuestas a esta problemática. Se espera que exista una alta incidencia de consumo de drogas ilegales y que los servicios de tratamiento ofrecidos sean acordes con la problemática que presenta esta población.
El sistema judicial y penitenciario ocupa una posición privilegiada para conocer, al menos, una parte de lo que es la problemática de las drogas. No obstante, pocos países disponen de información fiable sobre el consumo de drogas en las prisiones, según los datos disponibles, los consumidores de drogas varían entre el 25 y el 70% de la población encarcelada y del 20 al 50% si consideramos a los consumidores problemáticos11.
El Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías observa la creciente importancia del papel del sistema de justicia-criminal en la recogida de información sobre drogas. Entre los temas claves del futuro que apunta este observatorio figuran la mejora de la disponibilidad y de la calidad de la información y abordar cuestiones sobre la drogodelincuencia o medidas de seguridad públicas.
El recientemente constituido Observatorio Español sobre Drogas, que depende de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, instancia competente en la recogida y difusión de información sobre drogas a nivel estatal, tiene como principal objetivo el de generar una metodología fiable y homogénea que permita conocer, por una parte, el alcance en cuanto a los consumos y la magnitud de sus consecuencias, y por otra parte, profundizar en los factores que generan y mantienen el fenómeno12. Para llevar a cabo esta meta desarrolla un sistema de indicadores, entre los cuales incluye los indicadores penitenciarios. Este indicador nos proporcionará una imagen más acertada de las tendencias del uso de drogas entre delincuentes y poblaciones poco visibles. El análisis de toda esta información contribuirá a la articulación de las políticas de intervención más eficaces en esta materia.
Métodos
Los datos analizados proceden de distintas muestras utilizados por el indicador penitenciario y judicial del Observatorio Español sobre Drogas. En nuestro país existen pocos estudios con poblaciones institucionalizadas. En este trabajo se utilizan los registros de la población encarcelada y de la población detenida:
-- Las memorias de los Servicios de Atención al Detenido, unos son específicos de atención al detenido drogodependiente (Madrid, Castilla-León, Barcelona y Murcia) y otros atienden al detenido en general (País Vasco, Palma de Mallorca, Comunidad Valenciana). Estos servicios durante 1998 atendieron a 4.846 detenidos.
Limitación que presentan: ausencia de modelos de recogida de información estandarizados.
-- Los registros de instituciones penitenciarias: estadísticas de población penitenciaria, cuestionario sobre la situación sociosanitaria de la población que ingresa en prisión por primera vez (SURI).
-- El indicador de admisiones a tratamiento en instituciones penitenciarias del Observatorio Español sobre Drogas. En 1998 se registraron 1.755 admisiones en instituciones penitenciarias notificadas al indicador tratamiento del Observatorio Español sobre Drogas.
Limitación que presenta: la cobertura de notificación ha sido baja; esta cobertura desde 1996 se extiende a los centros penitenciarios de Andalucía, Cataluña, Castilla-León, Madrid y Murcia.
-- Memorias de los planes autonómicos sobre drogas. Nos describen anualmente los usuarios por modalidad terapéutica.
Además se presentan los últimos estudios sobre consumo de drogas en esta población.
Como limitaciones de la interpretación de los resultados presentados observar que el estudio de indicadores sobre drogodependencias en estos contextos, así como los métodos de recogida de información no están todavía suficientemente desarrollados ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Hay que tomar los resultados ofrecidos más como tendencias que como resultados globales.
El análisis que se ofrece es descriptivo. Los resultados se presentan a continuación.
Resultados: indicadores penitenciarios
Población penitenciaria
La población reclusa a 1 de enero de 1999 ascendía a 38.365, exceptuando las prisiones catalanas, cuya gestión está transferida a la Comunidad Autónoma. De esta población el 90,8% eran hombres, el 17% extranjeros y el 61% tenía entre 26-40 años (el 4,3% menores de 21 años). El 73% eran penados, de los cuales el 55% eran reincidentes. El 46,4% de la población penitenciaria estaba imputada por delitos contra el patrimonio y el 32,4% por delitos contra la salud pública; no obstante, si atendemos a la situación procesal y a la variable sexo este porcentaje se incrementa significativamente. Es decir, el 78,8% de la población reclusa estaba imputada por delitos contra la propiedad y contra la salud pública, tipologías delictivas relacionados con las drogas. (Fuente: estadísticas de población penitenciaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias). En la tabla I se presenta un perfil del recluso por género.
Tabla I. Población penitenciaria. Perfil del recluso por género (España, 1998). | |||
| Varón (90,8%) | Mujer (9,2%) | ||
| Extranjeros | 17,3 | Extranjeras | 18 |
| Imputación pal: c. propiedad | 47,7 | Imputación pal.: CSP | 53,5 |
| Penados: | 73,7 | Penadas: | 73,37 |
| -- Grupo edad: 31-40 | 31,3 | -- Grupo edad: 26-30 | 31,7 |
| -- Reincidentes | 40,9 | -- Primariedad | 38,45 |
| Toxicómanos | > 50 | Toxicómanas | > 50 |
| Fuente: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a partir de datos suministrados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. | |||
Se confirma la tendencia al incremento de reclusos en todo el Estado en un 4,73% en relación a 1997. Después de 3 años continuados de descensos (1995-1997) se vuelve a niveles similares al año 1996 en cuanto a población media y al nivel del año 1995 en cuanto a población a fin de año. También hay que destacar el incremento de menores de 21 años recluidos en establecimientos penitenciarios, aunque existe un progresivo aumento de la edad de la población reclusa.
La estructura de la población reclusa en estos últimos años ha tenido un cambio significativo; éste ha sido fundamentalmente el incremento del peso específico de la población femenina; en 1987 representaba el 5,37% del total de la población y en 1998 representó más del 9%. Prácticamente el volumen de la población femenina se ha triplicado en este decenio.
De acuerdo con los especialistas y con los datos presentados anteriormente, este incremento del número de mujeres reclusas está estrechamente relacionado con el creciente fenómeno del tráfico y consumo de drogas.
Situación sociosanitaria de la población penitenciaria
Las infecciones virales más importantes en el medio penitenciario por su frecuencia y repercusión clínica son las producidas por el VIH, por el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B. El grupo de riesgo más importante para la adquisición de muchas de estas infecciones son los usuarios de drogas por vía parenteral (UDIs). Ciertamente se ha encontrado mayor riesgo de infección entre los grupos con niveles educativos bajos, presencia de tatuajes, reincidencia en el delito y estancia en prisión. Siendo los UDIs un grupo donde estas variables se dan conjuntamente.
El cohorte de estudios realizados en las prisiones de Nueva York han encontrado una asociación estrecha entre tiempo de estancia en prisión y el desarrollo de la tuberculosis13 al igual que estudios realizados en nuestro país. Asimismo, la tuberculosis presenta también una mayor tasa de infección y de enfermedad en los UDIs tanto por sus peculiares condiciones de vida como por la asociación de esta práctica a la infección VIH14.
La prevalencia de infectados por el VIH en las personas ingresadas a 29 de enero de 1998 en nuestros centros penitenciarios fue del 18,3%, porcentaje que puede estar infraestimado puesto que alguno de los centros que no ha contestado esta variable tiene una prevalencia de infección por VIH elevada. En julio de 1997 esta prevalencia fue del 20%.
Por otra parte, el número de personas en tratamiento con antirretrovirales a 29 de enero de 1998 fue de 2.471, lo que corresponde a un 6,6% del total de la población ingresada en esa fecha. Este porcentaje es el más alto observado desde que se inició este estudio semestral (1991) y confirma la tendencia creciente de instauración de los tratamientos antirretrovirales.
Distinguiendo esta situación sociosanitaria por sexo, se observa la tendencia al aumento progresivo de la infección por el VIH en la población femenina, además los comportamientos de riesgo son peores entre las mujeres. En la tabla II se ofrece la situación sanitaria de los sujetos que ingresan por primera vez en prisión según género.
Tabla II. Situación sociosanitaria de la población que ingresa en prisión por primera vez según género (SURI, 1997). | ||
| Hombre (88,8%) | Mujer (11,3%) | |
| Edad media | 30,2 | 31,9 |
| Sin completar estudios primarios | 46,7% | 55% |
| Situación laboral activa | 60% | 31% |
| Prevalencia del VIH | 3,3% | 5,4% |
| Fuente: Sistema Unificado de Recogida de Información (SURI), 1997. La cobertura de notificación ha sido baja (36,8%), por lo que los datos obtenidos deben considerarse como una aproximación de la situación sociosanitaria de la población penitenciaria que ingresa por primera vez. | ||
Este panorama confirma que el problema de la drogodependencia ha dejado de ser exclusivamente un asunto de delincuencia y marginación para convertirse en un problema sanitario y como tal debe ser tratado.
Consumo de drogas
Se calcula que un tercio de la población penitenciaria europea (37%) usaba drogas ilícitas antes de su actual ingreso en prisión15. La estimación del porcentaje de reclusos que son usuarios de drogas por vía parenteral en las ciudades de Europa se estima en un 50% (European Conference on Drugs and HIV/AIDS Services in Prison, febrero 1997; EMCDDA, 1997).
En relación a las conductas de riesgo de inyección, los estudios apuntan a un aumento de riesgo de contagio por consumo de drogas por vía intravenosa en las prisiones respecto a la condición de libertad16-18: en la cárcel se consume menos droga por vía intravenosa, pero corren mayor riesgo de contagio de enfermedades ya que proporcionalmente, hay más personas que comparten jeringas. La posibilidad de comprar o intercambiar no existe en prisión. El hecho de que un menor número utilice esta vía puede ser por falta de este material, miedo al castigo, miedo al contagio, pero los que deciden hacerlo asumen un mayor riesgo de contagio19.
En los centros penitenciarios españoles se calcula en más del 50% la población que ingresa en prisión con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, este porcentaje sufre diferencias significativas dependiendo del centro penitenciario estudiado.
Se ofrecen en la tabla III los últimos estudios realizados sobre esta variable en las prisiones de nuestro país.
Tabla III. Consumo de drogas en población penitenciaria según diferentes estudios (1994-1998). | ||
| Fuente | Muestra | Consumo de drogas |
| Evaluación terapéutica previa del drogodependiente que ingresa en prisión. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 1994. | Más del 25% de los centros y más del 30% del total de ingresados en el período considerado. Muestra final: 1.541 internos. | El 54,2% de las personas que ingresaron en prisión consumían heroína y/o cocaína. El 46,3% consumía alguna de estas sustancias en el momento de ingresar en prisión: -- El 30,7% heroína y cocaína. -- El 12,2% heroína. -- El 3,4% cocaína. El 39,1% había utilizado la vía parenteral en el consumo de drogas en el último mes. |
| Mil voces presas. Ríos JC, Cabrera P. Universidad Pontificia de Comillas, 1998. | Mil once reclusos procedentes de 62 centros penitenciarios. | El 56,5% se declara consumidor de drogas. El 39% había utilizado la vía parenteral y el 27% había compartido jeringuillas. El 29% estaban en tratamiento antes de ingresar en prisión; el 38% de éstos en tratamiento con metadona. |
| Análisis de la eficacia y adecuación de las políticas penitenciarias a las necesidades y demandas de las mujeres presas. Miranda MJ, Barberet, R, Canteras A, Romero E, 1998. | Aplicación de un cuestionario a 356 mujeres seleccionadas al azar en 18 centros. | El 70% declaró haber consumido alguna vez en la vida drogas. El 52% declaró que el consumo de drogas tenía mucha relación con su ingreso en prisión. El 35% manifestó haber consumido drogas varias veces al día. Tipo de droga consumida: alcohol, 42%; heroína, 41%, y cocaína, 39%. El 39,4% manifestó necesitar ayuda para controlar sus problemas con las drogas. |
Fuente: Delegación del Gobierno para el Plan sobre Drogas. | ||
Tratamiento en instituciones penitenciarias
En 1998 se registraron 1.755 admisiones en instituciones penitenciarias notificadas al indicador tratamiento del Observatorio Español sobre Drogas. (Hay que tener en cuenta que la cobertura de notificación ha sido baja; esta cobertura desde 1996 se extiende a los centros penitenciarios de Andalucía, Cataluña, Castilla-León, Madrid y Murcia.)
Al igual que en años anteriores, la heroína continúa siendo la responsable de la gran mayoría de las admisiones a tratamiento por sustancias psicoactivas (88,9%), aunque la cocaína comienza a representar una proporción de casos importantes (6%). Entre los casos admitidos a tratamiento por primera vez, la proporción de casos por cocaína es mayor (8,5%) que la citada anteriormente, y la proporción de casos por heroína es menor.
Como características generales de los casos admitidos a tratamiento en instituciones penitenciarias hay que destacar (tabla IV):
Tabla IV. Características generales de los casos admitidos a tratamiento (%). España, 1998. | ||
| Casos admitidos en Instituciones Penitenciarias | Casos admitidos en las redes comunitarias | |
| Edad media | 30,07 | 30,14 |
| Sexo: | ||
| -- Varón | 89,3 | 84,4 |
| -- Mujer | 10,7 | 15,6 |
| Nivel de estudios: | ||
| -- Sin escolarizar/sin completar estudios primarios | 70,8 | 51,5 |
| Situación laboral: | ||
| -- Desempleo | 47,8 | 52,1 |
| Droga principal de admisión a tratamiento: | ||
| -- Heroína | 88,9 | 79,1 |
| -- Cocaína | 6 | 12,1 |
| Vía principal de consumo: | ||
| -- Inyectada | 46,5 | 23,3 |
| -- Fumada | 21,2 | 28,2 |
| -- Inhalada | 16,8 | 30,7 |
| Tiempo desde la última inyec ción: | ||
| -- < 30 días | 31,8 | 27,6 |
| Otras drogas consumidas 30 días anteriores: | ||
| -- Cannabis | 58,5 | 38,2 |
| -- Cocaína | 50,5 | 58,5 |
| -- Hinópticos y sedantes | 35,9 | 23,2 |
| Estado serológico VIH | ||
| -- Positivo | 32,1 | 13,2 |
| -- Desconocido | 33,7 | 43,7 |
| Fuente: Indicador de admisiones a tratamiento del Observatorio Español sobre Drogas. | ||
-- La gran mayoría de los reclusos admitidos a tratamiento, como en años anteriores, fueron hombres (89%). La proporción más elevada de mujeres se observó entre las personas tratadas por hipnóticos o sedantes. En los casos notificados en la comunidad hay una mayor proporción de mujeres; esto es lógico si se tiene en cuenta que en prisiones están sobrepresentados los varones.
-- La edad media de los casos admitidos a tratamiento durante 1998 fue de 30,07 años. A lo largo de los últimos años se observa una tendencia al envejecimiento de esta población al igual que en los casos admitidos a tratamiento en la comunidad.
-- La mayoría de los admitidos a tratamiento había completado un nivel de estudios de EGB o inferior. En cuanto a la situación laboral, la mayoría de los admitidos a tratamiento estaban antes de ingresar en prisión en situación de desempleo. Ambas variables mejoran en los casos admitidos a tratamiento en las redes comunitarias.
-- La edad media de inicio en el consumo de la droga principal fue de 18,08 años, menor que la edad de inicio registrada en el ámbito comunitario (20,77 años).
-- La vía inyectada fue la vía más prevalente en el conjunto de todos los reclusos admitidos a tratamiento durante 1998 (46,5%); en el ámbito comunitario la vía principal sigue siendo la inhalada seguida de la fumada. Entre las personas no tratadas previamente, la vía inyectada desciende, fue utilizada por un 40,1% de los casos y la vía fumada por un 29,4%.
Entre los casos previamente tratados por heroína, un 51,2% utilizó la vía parenteral y un 19,7% la vía inhalada, mientras que entre los casos que no habían sido previamente tratados, un 44,8% utilizó la vía parenteral y el 28% la vía fumada. Entre las personas admitidas a tratamiento por cocaína la proporción de las que utilizaron la vía parenteral fue mucho menor: 34% en los casos con tratamiento previo y 14,3% en los casos sin tratamiento; para esta sustancia predomina la vía intranasal (esnifada).
Estos datos hay que tomarlos con mucha cautela porque están sobrepresentadas las zonas geográficas donde predomina la vía inyectada, en concreto Cataluña.
No obstante, podemos apreciar la consolidación de la tendencia en la utilización de la vía pulmonar (fumada o inhalada en «chinos»). Así se ha observado en los últimos años una importante evolución en la vía principal de administración de la heroína.
-- La mayor parte de los admitidos a tratamiento están entre los que se han inyectado en los 30 días previos a la admisión a tratamiento o inyectores actuales (31,8%); esta proporción es menor entre los casos admitidos en el ámbito comunitario (27,6%). El 20,2% no se ha inyectado nunca.
-- Los tratados por una droga consumen con frecuencia otras drogas además de la principal; las drogas secundarias más utilizadas son el cannabis (58,5%), la cocaína (50,5%) y los hipnóticos y sedantes (35,4%).
-- En cuanto al estado serológico frente al VIH de los admitidos a tratamiento, hay que señalar en primer lugar que la proporción de casos admitidos a tratamiento con estado desconocido es elevada (33,7%), aunque bastante menor que en los admitidos a tratamiento en el ámbito comunitario (43,7%), por lo que sus resultados han de tomarse con mucha cautela.
Tratamiento intrapenitenciario
El sistema penitenciario no es cerrado porque la mayoría de los reclusos que entran, salen y reingresan en estas instituciones. No obstante, los reclusos están lejos de ser representativos de la población general.
En cuanto a modalidades de intervención en drogodependencias que se están llevado a cabo en el medio penitenciario hay que resaltar:
-- Los programas de intercambio de jeringuillas instaurados en la prisión de Basauri y de Pamplona. Sobre la primera prisión decir que al primer año de implementación de este programa se realizó la primera evaluación, con la recomendación de que estos programas en el medio penitenciario deberían operar con normas más rígidas que en medio abierto en lo referente a la devolución de jeringuillas usadas.
-- Los programas de metadona. Todos los centros penitenciarios disponen de esta modalidad terapéutica. El número de usuarios se ha incrementado significativamente en los últimos años (1996-1998), de hecho en algunas comunidades autónomas es mayor el número de consumidores de opiáceos atendidos en el medio penitenciario que el de los consumidores atendidos en la red comunitaria: en Castilla-La Mancha suponen el 51,5%, en el País Vasco el 21,3%, en Castilla-León el 28%, en Murcia el 44,7%, en Aragón el 48,8%, además el 18% de los abandonos producidos en los programas de la red asistencial de esta comunidad han sido por ingreso en prisión.
-- Extensión de los módulos libres de drogas, destacando la implementación de una comunidad terapéutica mixta intrapenitenciaria.
Se puede reseñar que en los centros penitenciarios de nuestro entorno existen prácticamente los mismos servicios que en la comunidad, aunque ha existido una dilación en el tiempo.
Tratamiento en dispositivos comunitarios de población drogodependiente con problemas jurídico penales
Derivación de internos a recursos comunitarios
Se deriva a los reclusos, por medio de la aplicación de artículos del reglamento penitenciario que permiten el acceso periódico o definitivo de los internos drogodependientes a los recursos comunitarios.
En los últimos años se ha notado un significativo incremento de estas derivaciones. Este incremento se ha producido de forma notable en el caso de las derivaciones a tratamiento ambulatorio, relacionado con el importante número de personas que salen de prisión en tratamiento con metadona. Este tipo de derivaciones en 1997 sufrió un incremento del 81,4% con respecto a 1996.
Programas de atención al detenido en comisarías y juzgados
Estos programas permiten atender sociosanitariamente al elevado porcentaje de toxicómanos en los que, tras ser detenidos, se dicta libertad, y, por otra parte, para aquellos casos que son puestos a disposición judicial, implica aportar informes cercanos en el tiempo a los hechos delictivos objeto de investigación. Informes necesarios para acreditar la drogodependencia como circunstancia modificativa de responsabilidad criminal. Las medidas que se están desarrollando son:
1. Creación de programas en comisarías. Las actividades que desarrollan habitualmente los profesionales en estas dependencias tienen una repercusión importante en la salud y en la calidad de vida de los consumidores. Por ello se pretende que el contacto del consumidor de drogas con estos dispositivos sea vivenciado como una experiencia positiva que pueda motivarle para iniciar posteriormente un proceso de tratamiento, además de intervenir en una etapa precoz con aquellos drogodependientes más jóvenes y menos delincuenciados, ya que la edad en que los sujetos cometen los primeros delitos no se corresponden necesariamente con la edad en que son por primera vez condenados.
Estos equipos sociosanitarios son un complemento a los centros de emergencia social.
2. Extensión de programas en juzgados. La creación y puesta en marcha de estos programas tiene, salvo en unas pocas excepciones, una historia reciente; de hecho, aunque existen experiencias en la mayoría de las comunidades autónomas, algunas de ellas se encuentran en vías de implantación.
De la revisión de los datos de 1998 presentados por las memorias de los Servicios de Atención al Detenido en juzgados de distintas comunidades autónomas (Castilla-León, Barcelona, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, País Vasco y Comunidad Valenciana) hemos configurado el siguiente perfil de usuario de estos servicios:
-- De sexo varón (más del 80% de los casos registrados).
-- La media de edad está en el intervalo de 26-35 años. Se observa un envejecimiento de la población atendida, se incrementan los casos mayores de 35 años y disminuyen los casos menores de 25 años.
-- Con estudios primarios y situación laboral de desempleo.
-- Tipología delictiva: delitos contra el patrimonio sin violencia en las personas, seguidos de los delitos contra la salud pública.
-- Situación judicial más frecuente de los usuarios: libertad provisional.
-- Un alto porcentaje presenta problemática de toxicomanías en el momento de ser atendidos, dependiendo del servicio este porcentaje oscila desde un 30% hasta un 70%.
-- Droga principal de consumo la heroína mezclada con cocaína. Se observa un descenso en el consumo de heroína y un incremento en el consumo de cocaína.
-- La vía principal de administración, aunque varía según la ubicación geográfica del servicio, un porcentaje significativo sigue utilizando la vía parenteral. En general se constata un incremento en la utilización de la vía fumada y un descenso en la vía inyectada (Madrid: 51% vía fumada; Castilla-León: 33% vía fumada).
-- La mayoría de los usuarios no estaban en tratamiento en el momento de la detención, aunque se aprecia un incremento de los usuarios en tratamiento, la mayoría de éstos en tratamiento con metadona.
-- En un porcentaje significativo el estado serológico frente al VIH era positivo (Castilla-León, 28%, y Valencia, 19,5%). Se observa un descenso de los casos infectados.
Ciertamente diferentes estudios realizados recientemente en nuestro país con detenidos informan de la problemática de toxicomanías que acontece en éstos como se observa en la tabla V20-21.
Tabla V. Estudios sobre consumo de drogas en detenidos en España. | |
| Moretín et al, 1994 | Otero et al, 1991-1995 |
| Muestra: 578 detenidos presentados ante el Juzgado de Guardia de Bilbao. | Muestra: 164 detenidos drogodependientes puestos a disposición judicial en Pontevedra. |
| Diagnóstico más frecuente: abuso-dependencia de la heroína. | Droga principal consumo: heroína, 84,4%. |
| Reincidencia: 36,3%; el 78,5% eran drogodependientes. | Vía habitual de administración: -- Inyectada: 63,4%. -- Fumada: 31,1%. |
| Tipología delictiva: -- Delitos contra la propiedad: 69,8%. -- Delitos contra personas: 0,6%. | Conductas de inyección en los últimos 30 días: 84,8%. |
Cumplimientos alternativos al ingreso en prisión
La reciente reforma de nuestra legislación penal-penitenciaria, mediante la promulgación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y el R.D. 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, opta por crear un marco jurídico que favorezca las medidas de rehabilitación del toxicómano delincuente, así contempla una serie de recursos jurídicos para el tratamiento de esta población y facilita la reducción del ingreso en prisión de los delincuentes jóvenes, primarios o menos delincuenciados. En concreto, las medidas de seguridad suponen una postura posibilista, es decir, aprovechar la presión judicial para motivar al drogodependiente hacia el tratamiento.
De los datos de 1998 suministrados por los planes autonómicos sobre drogas hay que destacar la especial consideración a la instauración de los programas alternativos a la privación de libertad. En los seguimientos de estos cumplimientos realizados por los Servicios de Atención al Detenido o bien por los Servicios Sociales Penitenciarios se constata que un alto porcentaje de las medidas alternativas estaban asociadas a problemas de toxicomanías y que el procedimiento que más se aplicaba era el de las medidas de seguridad. Además se observa un incremento de estas medidas alternativas, especialmente las ambulatorias. No obstante, los «pacientes judiciales» en comparación con el total de casos atendidos se concentran mayoritariamente en centros residenciales y en los programas de tratamiento más intensivos y duraderos.
En Navarra el 80% de las medidas de seguridad fueron aplicadas a drogodependientes y todas las revocaciones se dieron en drogodependientes; la suspensión de condena por problemas específicos de drogodependencia se aplicó en el 70% de los casos, y el 60% de los casos donde se aplicó la suspensión general fue en drogodependientes; los arrestos de fin de semana en el 27,6% de los casos se aplicaron en drogodependientes y el 69% de éstos estaban en tratamiento. Por otra parte, el índice de fracaso de estos cumplimientos alternativos fue del 16%.
En Vizcaya, el 89% de los seguimientos de los cumplimientos alternativos estaban asociados a drogodependencias.
En Castilla-León el 4,9% de los casos atendidos en el primer nivel de la red de drogodependencias (detección-motivación) han sido drogodependientes beneficiarios de medidas alternativas (61% medida de seguridad y 23,4% suspensión de condena). El 28,1% de los usuarios de la red asistencial de esta comunidad son pacientes judiciales.
Estos pacientes suponen un porcentaje significativo dentro de la red asistencial, aunque se observan desigualdades territoriales en el seguimiento y control de esta medida, como recientemente ha comentado el Consejo General del Poder Judicial en un informe sobre la aplicación del nuevo Código Penal.
Resumiendo los hallazgos obtenidos en los distintos niveles del sistema punitivo, presentamos el siguiente perfil de usuario por nivel:
-- En el primer nivel del sistema punitivo (Servicios de Atención al Detenido) se constata: un menor número de los casos de detenidos atendidos, un envejecimiento de la población atendida (edad media alrededor de 30 años) y un incremento de los casos de sujetos «sin techo». La mayoría de los casos son varones (más del 80%), un alto porcentaje tiene problemas de toxicomanías; en éstos se observa un incremento del consumo de cocaína y un descenso del consumo de heroína, y en lo referente a la vía de administración se confirma la tendencia del uso de la vía fumada como vía de administración principal de sustancias psicoactivas. Por último, decir que alrededor del 18-20% de los casos analizados son seropositivos frente al VIH.
En cuanto a la tipología delictiva, el delito más cometido por estos sujetos es el de robo sin violencia en las personas. La situación judicial más frecuente es la de libertad provisional.
-- En el segundo nivel (instituciones penitenciarias) se observa un incremento de la población penitenciaria en general, y en concreto de la población femenina, aunque la mayoría son varones (más del 80%), y un envejecimiento de la población. Alrededor del 50% de la población penitenciaria tiene problemas de toxicomanías; la droga más consumida sigue siendo la heroína, aunque se aprecia un incremento del consumo de cocaína. También se observa un incremento en la utilización de la vía fumada en detrimento de la vía inyectada; no obstante, los comportamientos de riesgo de inyección son significativos. Y la prevalencia del VIH se estima alrededor del 18% en esta población.
Por otra parte, la tipología delictiva más frecuente por la que ingresan en prisión estos sujetos está dentro de los delitos contra el patrimonio, diferenciando según la variable sexo, las mujeres ingresan en prisión mayoritariamente por delitos contra la salud pública. La situación judicial más frecuente en la población reclusa es la de penado, más del 50% de éstos son reincidentes.
-- En el tercer nivel (sujetos en tratamiento en las redes asistenciales comunitarias bajo cumplimiento alternativo al ingreso en prisión). Se aprecia un significativo porcentaje de los pacientes judiciales en la red asistencial por aplicación de medidas de seguridad, y se constata que la mayor parte de los cumplimientos alternativos están asociados a problemas de toxicomanías.
En general se observa el siguiente perfil del «paciente judicial»: varón con una edad media de 30 años, reincidencia en el delito, comisión de delitos relacionados con el consumo de drogas, escaso nivel instructivo, escasa cualificación laboral, problemas de drogodependencia y de salud. La descripción de la estructura de esta población y de su situación sociosanitaria conforma una población caracterizada por la marginalidad y por la mala adherencia a cualquier tipo de tratamiento.
En el caso de las mujeres esta situación se complica. En general son mujeres jóvenes, sin sofisticación criminal, un significativo porcentaje pertenece a minorías étnicas, madres solteras con varios hijos, precaria formación académica y laboral, con problemas de drogodependencia, y un alto porcentaje se encuentra cumpliendo condena por delitos contra la salud pública.
Por otra parte, en cuanto a las intervenciones que se están desarrollando en este sistema punitivo destaca el incremento y la diversificación de los programas: los programas de información y motivación están presentes en todos los niveles; en el ámbito penitenciario hay que destacar la implementación de los programas de metadona; en algunas comunidades autónomas los pacientes atendidos bajo esta modalidad en prisiones superan en número a los pacientes atendidos en la red asistencial comunitaria; también hay que destacar el incremento de los casos de detenidos atendidos que en el momento de la detención estaban en tratamiento, la mayoría en tratamiento con metadona.
En conjunto, se puede decir que ha aumentado la atención sociosanitaria a los pacientes judiciales tanto dentro de la red asistencial comunitaria como dentro del sistema de justicia criminal.
Discusión
La mayor parte de los pacientes judiciales presentan problemas de dependencia con los opiáceos, en concreto con la heroína, aunque también son adictos a otras drogas como el cánnabis y la cocaína. Además estos sujetos realizan en mayor medida un consumo parenteral y la prevalencia de infección al VIH es más elevada.
En el conjunto de la red asistencial de drogodependencias estos pacientes suponen un porcentaje significativo, en mayor medida los atendidos en programas de metadona. Esto es lógico teniendo en cuenta que esta red se creó para atender el problema de la heroína y que existe una asociación bien documentada entre el uso de heroína y la conducta criminal. Las investigaciones han insistido fundamentalmente en la gran proporción de incursos en actividades ilegales entre los dependientes a la heroína22-25. Recientemente, los datos del Home Office, en Gran Bretaña, indicaban que el 17% de la población delincuente había probado drogas ilícitas a lo largo de su vida26.
No obstante, se constata que los usuarios del sistema judicial cometen sobre todo delitos no violentos, delitos de adquisición, y que el uso de drogas en general tiene una positiva relación con los delitos de no drogas, así los delitos contra la propiedad. Este hecho ha sido puesto de manifiesto en otras investigaciones; en algunos países se calcula que el 70% de los delitos callejeros y de los robos en domicilio están directamente relacionados con la droga27.
Por otra parte se aprecia un alto nivel de reincidencia en el delito en esta población, así como un incremento de la población encarcelada. España tiene una de las proporciones más altas de reclusos en relación con el número de habitantes; en estos momentos la proporción es de 112 internos por 100.000 habitantes, por lo que es una de las más altas de Europa, exceptuando los países de la Europa Central y del Este.
También nuestro país con respecto a Europa tiene proporcionalmente el mayor número de mujeres en prisión, y este incremento está estrechamente relacionado con el creciente fenómeno del tráfico y consumo de drogas, así como con las deplorables condiciones económicas de la mujer. Es decir, está relacionado no sólo con la criminalidad, sino también con los procesos de criminalización. Así, se observa una tendencia a la globalización del fenómeno; un creciente número de latinoamericanas detenidas en Europa y un número significativo de mujeres de los países desarrollados recluidas en países productores o de tránsito.
A nivel mundial las mujeres representan el 3,3% de la población penitenciaria, porcentaje que si bien varía de un país a otro, casi nunca sobrepasa el 15% en relación con los varones. Ello es debido a que el delito contra la salud pública (tráfico de drogas) es el más cometido por las mujeres28.
En la reincidencia y en el incremento de la población encarcelada parece mediar el uso de drogas. De hecho en el seguimiento de los cumplimientos alternativos se constata que la mayoría de los fracasos se dan en drogodependientes, y diferentes estudios concluyen que la mayor contribución al problema del hacinamiento y a los altos niveles de reincidencia en el sistema de justicia-criminal es el uso ilícito de drogas24,29-31.
Parece haber una asociación entre reincidencia y robo, y entre reincidencia y adicción a la heroína. Aunque la investigación confirma la unión entre delincuencia y uso de drogas, no existe una relación simple general entre altos niveles de uso de drogas y altos niveles de delitos23; la relación entre delincuencia y consumo de drogas, como hemos podido observar, es compleja y no existe un sólo tratamiento. Los datos parecen apoyar con claridad que la drogodependencia y la delincuencia son elementos de un estilo de vida marginal. La exclusión social es un factor de riesgo dentro de un sistema de causas múltiples hoy la exclusión se relaciona estadísticamente con los usos de drogas más problemáticos.
Ante este panorama, el contacto con la administración de justicia puede ser una oportunidad única, ya que el acceso a estos sujetos es muy difícil, así las recomendaciones de distintos autores incluyen indicaciones de programas dirigidos a los usuarios de drogas duras como uno de las vías más efectivas para reducir los crímenes en un programa general del uso de drogas: la policía, en concreto, deviene en un servicio crucial en la reducción del uso de drogas, del delito y de la prisión24, y el período de encarcelamiento en una oportunidad para reducir riesgos y proporcionar cuidados.
Los hallazgos y estimaciones presentadas hay que tenerlos en cuenta en la planificación y el diseño de las estrategias de intervención, de hecho la infraestimación de los consumidores de drogas y de la problemática sanitaria-criminal asociada tiene el grave riesgo de infraestimar la provisión de fondos para cuidados de salud en la población judicial.
Nuestro sistema punitivo ha respondido con un incremento y diversificación de los servicios de tratamiento, aunque no existe un programa exhaustivo en cada nivel del sistema judicial, hecho que acontece en todos los estados miembros de la Unión Europea. Además existe una desigualdad territorial en la implementación de estos servicios33.
Y en concreto, en el sistema penitenciario se ha hecho hincapié en los programas de reducción del daño aunque con una dilación en el tiempo: extensión de los tratamientos con metadona a todos los centros penitenciarios e implementación de los programas de intercambio de jeringuillas. Sin embargo, existe el peligro de convertir la metadona en la panacea para todos los enfermos como el tratamiento universal validado. Estos tratamientos conllevan la cronificación de la situación de exclusión social. Si los clientes continúan demostrando la variedad de sustancias con las que tienen problemas como la cocaína, la medicina y la farmacología tendrán que ser más creativas en sus respuestas como proponen Strang, Farrell & Unnothan34.
Otra prioridad que se observa es la necesidad de estrechar la coordinación entre la administración penitenciaria, la administración de justicia y los servicios sociosanitarios. De hecho, en los últimos años las enfermedades emergentes, término acuñado en Estados Unidos a enfermedades como VIH/SIDA, TBC, hepatitis C y drogodependencias, exigen una mayor colaboración entre distintas administraciones y programas, y conlleva una mayor aplicación de programas de salud pública en el medio penitenciario que necesitan de una colaboración y coordinación con las redes públicas comunitarias (servicios de drogodependencias, sociales y de salud).
Por otra parte, otro tema pendiente es el de la atención a la mujer en este sistema. De hecho, el tema de la mujer en conflicto con la ley ha sido un tema silenciado por la criminología tradicional. En consecuencia, las políticas diferenciadas para la mujer se encuentran ausentes de la agenda de las políticas criminales de la mayoría de los países.
Por último, apuntar que con este trabajo se pretende resaltar la necesidad de intervención sociosanitaria en el sistema judicial, ello conlleva tomar medidas en el campo de la política criminal dirigidas a identificar en una etapa precoz los factores de riesgo para poder intervenir sobre ellos y evitar el recividismo, ya que una edad joven y una corta historia de delincuencia son predictores de mejores resultados.
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