Patrones económico-financieros de los programas universitarios de atención a la discapacidad en España

Resumen

Este artículo pretende acercarnos a la realidad en la atención de las personas con discapacidad en el ámbito de la educación superior, con una aproximación acerca de la inversión real que las universidades españolas realizan en los diferentes programas de atención a la discapacidad y sus fuentes de financiación. Con este propósito se realiza un análisis de la situación de los servicios de apoyo y se abordan las diversas acciones que se han llevado a cabo. La muestra analizada representa el 50% del total de universidades públicas y privadas. Aunque se aprecia una gran disparidad en la financiación de los servicios y programas, de cara a garantizar su consolidación sería imprescindible el compromiso financiero de las universidades para institucionalizar los mismos como programas propios, con independencia de que algunas acciones complementarias puedan ser cubiertas con otras fuentes de recursos.

Abstract

This article attempts to determine the real situation of the support provided to students with disabilities in higher education. The paper presents an investigation into the real investment made by Spanish universities as regards their approach to disability programs and their funding sources. For this purpose, the work includes an analysis of the situation of support services, and studies the different actions that have been taken. The sample consisted of 50% of all public and private universities in Spain. The main results indicate that, although a great disparity in the funding sources of support services can be observed, the financial commitment of the universities is essential in order to incorporate them into their own programs, regardless that some complementary actions may be funded by other resources.

Introducción

En los últimos años la matrícula de estudiantes con discapacidad en las universidades españolas ha aumentado considerablemente al igual que en el resto de países europeos (Eurydice, 2012). Numerosos trabajos (Álvarez, 2012; Fundación Universia, 2013; González-Badía y Molina, 2012; Peralta, 2007; Rodríguez, 2012) han constatado esta realidad, desarrollando diversos enfoques respecto a la atención a la discapacidad en el ámbito de la educación superior. Los cambios en las filosofías educativas, que han derivado en la superación de los planteamientos de la educación especial con una mayor integración de alumnos en el sistema ordinario, y el desarrollo normativo en el reconocimiento de derechos han favorecido este proceso (Castellana y Sala, 2005). Por otro lado, es indudable que este aumento también viene condicionado por la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad, la mayor presencia en los niveles educativos previos al universitario y las mejoras técnicas y tecnológicas que permiten un mejor acceso a los contenidos de aprendizaje.

Uno de los aspectos destacados del alcance de la normativa universitaria en materia de atención a la discapacidad es la obligatoriedad del servicio de apoyo y asesoramiento que asegure la igualdad de oportunidades en estudios de grado, máster y doctorado. La implantación de estos servicios, que en muchas universidades se ha realizado recientemente, requiere una serie de inversiones para poder llevar a cabo los diferentes programas de atención al alumnado. Dichos programas presentan un importante peso de costes fijos o de estructura, pero cuyo componente variable difícilmente puede estimarse con certeza en el proceso de elaboración de los presupuestos universitarios, pues el período de matrícula dista mucho de dicho proceso.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) establece el derecho a cursar estudios superiores, pero también la responsabilidad de Estados y Administraciones de proporcionar recursos y apoyos. En este cometido ¿cuentan las universidades con los recursos precisos?, y ¿qué procedencia tienen? No cabe duda de que con el actual marco normativo la Administración ha facilitado la incorporación de más estudiantes con discapacidad a la Universidad, pero ello no ha ido acompañado de un incremento en los recursos, lo que unido a la actual coyuntura económica pone en serias dificultades a las universidades.

Más allá de las exigencias normativas, la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad es una exigencia de justicia social (Riddell, Tinklin y Wilson, 2005), una fuente de enriquecedora diversidad para la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto (Ryan y Struths, 2004) y también constituye una experiencia que implica profundos cambios en la identidad personal y social de las personas con discapacidad (Borland y James, 1999). Como apuntan Rodríguez y Álvarez (2013), el proceso de Bolonia ha reforzado la dimensión social de las universidades, potenciando una educación superior accesible para todos y una mayor cohesión social.

Es evidente que el masivo incremento de estudiantes universitarios en los años 80 y 90 del pasado siglo implicó al gran conjunto de la población, si bien no alcanzó a las personas con discapacidad, las cuales no participaron así de un beneficio de progreso de nuestra sociedad. Dicha circunstancia pudo estar condicionada por la propia dinámica social que ha obstaculizado su acceso a los estudios superiores, poniendo barreras selectivas en etapas anteriores a la Universidad.

Sin embargo, en la última década y cada vez con mayor intensidad en los últimos años, se ha producido un importante aumento, de forma paralela con un significativo progreso en la defensa de la igualdad de oportunidades. De un modo gradual se ha ido avanzando en su integración social y se han ido abriendo los diferentes ámbitos sociales a su participación, adaptando los contextos y proporcionando recursos para tratar de conseguir una convivencia en igualdad de condiciones. En este avance las universidades también han asumido su papel con la implementación de acciones y políticas de cara a reforzar la inclusión del alumnado. La normativa ha contribuido en gran medida a este logro y simultáneamente ha favorecido la presencia de más estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias.

La LOU (Ley Orgánica, 6/2001) y principalmente la LOMLOU (Ley Orgánica, 4/2007), además de los decretos relacionados con el acceso y la permanencia en los estudios universitarios (Real Decreto, 1393/2007 y Real Decreto, 1892/2008), han contemplado expresamente los derechos de las personas con discapacidad en su articulado, pudiendo destacar 4 aspectos relevantes que han favorecido esa mayor incorporación: han establecido la necesidad y obligación de crear servicios de apoyo a estudiantes con necesidades específicas derivadas de una discapacidad; han consolidado la exención del pago de los precios públicos de los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales; han aludido a la flexibilización de algunos requisitos académicos y a la reserva de plazas para personas con discapacidad; y se han referido a la necesidad de proporcionar apoyos y poner en marcha procesos de adaptación, los cuales no suponen una ventaja para los beneficiarios, sino la compensación de una desventaja para afrontar en condiciones similares a las del resto de estudiantes los retos del aprendizaje.

El Estatuto del Estudiante Universitario (EEU) (Real Decreto, 1791/2010), en vigor desde 2011, supuso un paso transcendental en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, reforzando los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación en los diferentes aspectos de la vida universitaria, no solo estrictamente académicos: actividades deportivas, participación estudiantil, programas de movilidad, prácticas externas, becas y ayudas, iniciativas solidarias, tutorías específicas, entre otros. Así, se concretan los derechos, prestaciones y recursos que precisan los estudiantes en dichos ámbitos. Siguiendo a Alegre (2011), el EEU sitúa a las universidades en un nuevo marco legal y se configura como un punto de referencia para avanzar en el desarrollo de la dimensión social en la educación, particularmente para consolidar las bases en el cometido de lograr una educación universitaria inclusiva y accesible.

Sin embargo, la consecución de este logro tan importante no ha ido acompañada de la dotación de los recursos necesarios para poder atender adecuadamente esa mayor presencia de estudiantes con discapacidad, lo que entraña un verdadero problema de exceso de responsabilidad para las universidades, más aún en la actual coyuntura económica con un escenario adverso de restricción presupuestaria.

Esta insuficiencia de recursos atañe particularmente a la promoción de la accesibilidad, la cual tiene que ir más allá del paradigma de la supresión de barreras asumido socialmente (Asís, 2005). En este sentido, tal y como sostienen Fernández, Álvarez y Malvar (2012), se debe pasar a un paradigma más abierto e igualitario, acompañado de las condiciones que permitan el acceso universal a los productos formativos y servicios de carácter social y cultural. En suma, se trata de favorecer la participación de todos los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, uno de los principales desafíos es el desarrollo de estándares que unifiquen los servicios de todas las universidades, constituyendo uno de los cometidos del Área de Atención a la Diversidad de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE). En su seno, se creó la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU) en 2010, cuyos principales retos pueden resumirse como sigue (Jarrillo, 2011): 1) fomentar la colaboración de los diferentes servicios universitarios; 2) proponer pautas que orienten la incorporación efectiva y activa de las personas con discapacidad en el conjunto de la vida universitaria; 3) promover, difundir e intercambiar buenas prácticas; 4) proponer actuaciones de carácter transversal en materia de discapacidad que puedan ser asumidas por las universidades y 5) fomentar la colaboración del tejido social del ámbito de la discapacidad.

Aunque se trata de un reto ciertamente ambicioso en un período de recesión económica como el actual, resulta fundamental disponer de una carta de servicios lo más homogénea posible en todas las universidades (un acuerdo de mínimos), toda vez que el EEES tiene en la movilidad estudiantil uno de los aspectos destacados. En este marco es crucial asegurar las adaptaciones curriculares pertinentes y las medidas de apoyo en todo el sistema universitario para que no haya discriminación. Como indican Abad, Álvarez y Castro (2008), no menos importante es la acción coordinada de los servicios de las diferentes universidades, de manera que puedan desarrollar sistemas de comunicación fluidos que faciliten el intercambio de experiencias de buenas prácticas y materiales, lo que contribuiría a la mejora de la calidad y eficacia de los mismos.

Numerosos estudios han centrado su atención en los servicios de apoyo y programas de ayuda a los universitarios con discapacidad (Abad et al., 2008; Alonso y Díez, 2008; Bausela, 2005; Bilbao, Martínez, de Juan y García, 2012; Castellana y Sala, 2006; Forteza y Ortego, 2003; Luque y Rodríguez, 2008; Martínez y López, 2010; Molina y González-Badía, 2006; Rodríguez, 2012; Susinos y Rojas, 2003; Trujillo y Cayo, 2006). Este artículo pretende aportar una aproximación acerca de la inversión real que las universidades españolas realizan en los diferentes programas y servicios de atención a la discapacidad y las fuentes de financiación de dichas acciones, al tratarse de una temática que prácticamente no ha sido objeto de estudio en los trabajos previos.

Una vez resaltados los aspectos más sobresalientes de la normativa universitaria y los principales retos de futuro para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario, en lo que sigue, el trabajo se completa con un estudio empírico cuyos contenidos se estructuran de la siguiente forma: tras describir la fuente de los datos, la muestra de estudio así como los aspectos analizados en el cuestionario elaborado para tal fin, se presentan los resultados desarrollando un análisis descriptivo de la información recabada. Finalmente se extraen las principales conclusiones derivadas de la investigación y se apuntan algunas reflexiones.

Método

Participantes

Por lo que se refiere a la representatividad del estudio, han sido un total de 36 universidades, públicas y privadas, las que participaron en el mismo (tabla 1). Considerando que actualmente 5 instituciones educativas de las 79 existentes todavía no cuentan con atención específica al no disponer del servicio de apoyo a la discapacidad, la representatividad de la muestra alcanza el 48% del sistema universitario español.

Tabla 1.

Muestra de universidades analizadas

Alcalá	Murcia
Alicante	Oberta de Catalunya
Antonio de Nebrija	Oviedo
Autónoma de Madrid	Pablo de Olavide
Barcelona	País Vasco
Burgos	Politécnica de Catalunya
Camilo José Cela	Politécnica de Madrid
Cantabria	Politécnica de Valencia
Carlos Iii	Pompeu Fabra
Castilla-La Mancha	Pontificia de Comillas
Complutense	Pública de Navarra
Córdoba	San Jorge
Extremadura	UNED
Girona	Valencia
Granada	Valladolid
Jaén	Vic
Jaume I	Vigo
Lleida	Zaragoza

Instrumento de evaluación

El estudio se planteó como objetivo fundamental en la constitución del Grupo de Trabajo del Área de Atención a la Diversidad de la RUNAE en diciembre de 2009 con la denominación «Situación actual de las universidades españolas-financiación», grupo coordinado por la Universidad de Oviedo e integrado por las siguientes universidades: Complutense, Rey Juan Carlos, Valladolid, Pompeu Fabra y Girona.

Para llevar a cabo el trabajo se diseñó el «Cuestionario económico-financiero del Programa/Servicio de Atención a la Discapacidad» (Anexo 1), con el propósito general de identificar los recursos económicos destinados a dichos programas y las fuentes de financiación de los mismos, estudio que abarca los cursos académicos 2008/09, 2009/10 y 2010/11. El cuestionario fue presentado y aprobado en la reunión anual de la Red SAPDU celebrada en Madrid en 2011.

La información recabada incluye 13 ítems con el objeto de analizar diferentes aspectos a nivel descriptivo: recursos humanos, presupuestos y trayectoria de los servicios de apoyo a la discapacidad, ayudas económicas a estudiantes con discapacidad implementadas, programas de becas de colaboración, acciones de voluntariado y actuaciones de accesibilidad desarrolladas, entre otros. Para facilitar la interpretación de los datos obtenidos se proporcionan los siguientes estadísticos que describen la distribución de los valores de cada uno de los ítems: el promedio y la mediana como indicadores de la tendencia central y la desviación típica como medida de dispersión.

Procedimiento

Para la aplicación del cuestionario a la muestra (inicialmente formada por todas las universidades españolas, públicas y privadas) se remitió vía correo electrónico a todos los vicerrectores de estudiantes a través de la secretaria ejecutiva de RUNAE, fijando un plazo de un mes para su cumplimentación. Para lograr una correcta aplicación del instrumento se proporcionó la información necesaria sobre los criterios de aplicación y las características del cuestionario en el encuentro de la Red SAPDU anteriormente referido.

Mayoritariamente los servicios están adscritos a los vicerrectorados competentes en materia de estudiantes, de ahí la necesidad de dirigirnos a sus responsables, de igual forma que la mayoría de los ítems de información del cuestionario también son recabados en esas unidades organizativas. Así todo, es oportuno destacar que dichos vicerrectorados han dirigido internamente a otros servicios y vicerrectorados aquellas cuestiones que dependían de su competencia y conocimiento específico, en este caso: presupuesto de planes de accesibilidad y su financiación y presupuesto global de la universidad.

En el plazo fijado inicialmente para la remisión del cuestionario se recibieron un total de 33 respuestas. En aras de lograr una mayor representatividad del trabajo se remitió nuevamente al resto de universidades obteniéndose 3 nuevas respuestas, lo que permitió conformar una muestra final de 36 universidades.

Resultados

A grandes rasgos podemos afirmar que hoy en día la realidad de los servicios y programas universitarios de apoyo a alumnos con discapacidad es ciertamente cambiante y muy heterogénea, existiendo diversas modalidades. Mayoritariamente los programas de integración están adscritos a servicios dependientes de los vicerrectorados de estudiantes en sus diversas denominaciones (el 69,4% de la muestra) y en menor medida a vicerrectorados de asuntos sociales, ordenación académica, extensión universitaria, secretaría general y gerencia. Con escasa representatividad las funciones están delegadas en los defensores universitarios, asociaciones u otras entidades a través de servicios de apoyo mediante convenios de colaboración.

Los principales resultados de esta investigación los hemos agrupado en 4 bloques: presupuestos y estructura de costes de los servicios de atención; potencial de usuarios de los servicios; ayudas económicas a estudiantes con discapacidad y otros recursos implementados; y actuaciones de accesibilidad.

Servicios de atención: presupuestos y estructura de costes

Para evaluar el esfuerzo realizado por las universidades desde el punto de vista económico, una primera aproximación exige conocer el tiempo que llevan implantados estos servicios y los correspondientes programas, así como el potencial de estudiantes con necesidades educativas específicas como usuarios de los mismos.

En cuanto a la antigüedad de los servicios, los datos revelan que la atención profesionalizada de la discapacidad en la universidad española es ciertamente reciente, con una trayectoria promedio de 8,7 años. Estos resultados confirman que su implantación ha sido heterogénea y muy desigual, tal y como apuntaban Campo et al. (2006). En la figura 1 se puede apreciar el alcance del Real Decreto, 1393/2007, de 29 de octubre, normativa que impone su obligatoriedad. El 42% de las universidades de la muestra pusieron en marcha estos servicios en el período 2006-2010. Tan solo 3 universidades (Jaume I, Valencia y Granada) ya suman 20 años de experiencia.

Figura 1.

Distribución de las universidades en función del año de implantación de los servicios de atención.

Siendo evidente el esfuerzo realizado en los últimos años por buena parte de las universidades con una coyuntura económica desfavorable, resulta fundamental avanzar en la implementación de unos estándares de calidad e indicadores de buenas prácticas en el funcionamiento de los servicios de cara a asegurar la calidad del servicio y de la atención prestada (Alonso y Díez, 2008; Álvarez, Alegre y López, 2012; Castro y Abad, 2009).

Respecto al presupuesto destinado por las universidades a los servicios de atención, se aprecia un incremento paulatino en el período de estudio. Así, el presupuesto medio asciende a 120.000 euros en el último ejercicio analizado, representando el 0,05% de todo el presupuesto de la universidad. Se ha podido corroborar el significativo peso del coste de recursos humanos en la estructura económica, pues gran parte de esas dotaciones presupuestarias (aproximadamente un 75%) corresponden al coste del personal de dichos servicios. En cuanto al tamaño de los equipos, los servicios disponen de 2,87 técnicos en valores promedio. Estas cifras son muy similares a las obtenidas por González-Badía y Molina (2012).

Asimismo, el perfil profesional de los técnicos responsables de estos servicios es muy heterogéneo: en un 75% de los casos estos equipos están integrados por personal técnico especializado en discapacidad (con titulación en Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía o Trabajo Social). El 25% restante cuenta con personal docente e investigador de procedencia muy dispar en cuanto a las áreas de conocimiento e incluso técnicos sin una formación específica. En línea con lo observado por Forteza (2009) y Tolrà (2002), estos resultados, sumados a la inestabilidad laboral de dicho personal y a los condicionantes de cada universidad en su contexto, son variables que apuntan un escenario que dista de la consolidación de los servicios.

Cabe advertir que en dichos costes de personal no están incluidos los gastos referentes a servicios de interpretación de lengua de signos y otro tipo de apoyos de naturaleza personal, los cuales se configuran indudablemente como el apoyo de mayor coste para las universidades. Principalmente estos apoyos se tratan a nivel presupuestario como ayudas a estudiantes y no como gastos de personal.

El actual contexto de restricción presupuestaria unido a la ausencia en muchas universidades de una línea de financiación estable para garantizar la cobertura financiera de los servicios son variables que apuntan serias dificultades para mantener los diferentes programas de atención. Además, se observa una gran diversidad de soluciones desde el punto de vista de la financiación de los programas desarrollados, con la implicación de diferentes entidades a través de convenios de colaboración. Aunque el esfuerzo realizado por las universidades ha sido creciente, los recursos aplicados se vislumbran insuficientes, siendo precisas fuentes de financiación adicionales.

Las cifras ponen de manifiesto que el 66,8% del presupuesto de los servicios de apoyo se financia con recursos propios de las universidades (fig. 2). La colaboración de entidades externas permite cubrir los costes totales del servicio, de manera que 2 de cada 3 universidades tienen suscrito algún convenio con entidad pública/privada para desarrollar el programa/servicio de atención a la discapacidad. Resulta significativo apuntar que una de cada 4 universidades solo cubre el 25% de los costes del servicio con fondos propios, lo que puede representar un factor de riesgo para su continuidad. Por otro lado, tan solo una de cada 3 instituciones educativas incluidas en la muestra cubre la totalidad de los costes con recursos propios.

Figura 2.

Fuentes de financiación de los servicios de atención.

Potencial de usuarios de los servicios de atención

Una variable importante a considerar hace referencia al potencial de usuarios de los servicios y su evolución en el tiempo. Para lograr un primer acercamiento se ha podido corroborar que el 20% de las universidades ya presenta más del 1% de estudiantes con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, siendo el promedio de la muestra analizada del 0,72% para el curso 2010/11. Los resultados recogidos en la tabla 2 confirman ese paulatino incremento al que aludíamos, al pasar del 0,61% en el curso 2008/09 al 0,66% en el 2009/10.

Tabla 2.

Ítems analizados

Ítem	Estadísticos	Curso 2008/09	Curso 2009/10	Curso 2010/11
N.° estudiantes con discapacidad/N.° estudiantes (%)	Media	0,0061	0,0066	0,0072
	Mediana	0,0047	0,0051	0,0059
	Desviación típica	0,0034	0,0040	0,0038
Presupuesto del servicio (euros)	Media	98.256	115.545	117.260
	Mediana	78.073	93.706	96.180
	Desviación típica	62.332	72.311	73.523
Financiación del servicio con fondos propios (%)	Media	0,6349	0,6358	0,6680
	Mediana	0,7300	0,7000	0,8500
	Desviación típica	0,1855	0,0287	0,0514
Presupuesto del servicio/presupuesto de la universidad (%)	Media	0,0006	0,0007	0,0007
	Mediana	0,0004	0,0004	0,0005
	Desviación típica	0,0007	0,0007	0,0006
Ayudas económicas a estudiantes (euros)	Media	22.485	30.188	31.790
	Mediana	18.021	21.054	28.869
	Desviación típica	10.825	18.066	19.199
Presupuesto acciones de accesibilidad (euros)	Media	145.449	192.414	240.744
	Mediana	120.000	131.761	158.000
	Desviación típica	23.017	25.701	28.810
Financiación acciones de accesibilidad con fondos propios (%)	Media	0,6077	0,7650	0,7112
	Mediana	0,6138	0,8971	1,0000
	Desviación típica	0,2316	0,1661	0,2042
Presupuesto de becas colaboración (euros)	Media	9.665	11.497	10.029
	Mediana	6.570	7.143	7.488
	Desviación típica	2.107	4.849	3.812

Conforme las universidades han ido implantando los servicios y programas, ha ido aumentando el número de estudiantes con discapacidad que acceden a los estudios superiores pues, como apunta Forteza (2009), a medida que se crean los recursos aumenta la demanda de alumnos que solicitan apoyo, lo que a su vez significa un importante estímulo de cara a la consolidación de dichos servicios.

A pesar del mayor número de estudiantes con discapacidad matriculados en los últimos años, el porcentaje de los que consiguen finalizar sus estudios continúa siendo muy bajo (Rubiralta, 2011), lo que confirma el hecho de que todavía persisten muchas dificultades que deben afrontar. Otros estudios como el de Fundación Universia (2013) concluyen que el número de estudiantes con discapacidad va disminuyendo a medida que se continúa con la realización de estudios superiores, reduciéndose significativamente en el caso de máster y doctorado. Esta circunstancia también explica el escaso número de personas con discapacidad que posee un título universitario (Álvarez et al., 2012).

Es importante precisar que, aunque un porcentaje de alumnos con discapacidad pueden presentar limitaciones funcionales incluso en el desarrollo de actividades cotidianas, sin embargo estas limitaciones no tienen por qué conllevar consecuencias prácticas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, en otros supuestos las alteraciones funcionales suponen una limitación en la posibilidad de desarrollar tareas relacionadas con la participación en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes en las actividades. En este caso el alumno parte de una discriminación negativa que debe ser compensada con medidas de apoyo y adaptaciones necesarias para que pueda ejercer sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades, sin que ello suponga una disminución del nivel académico exigido tal y como recoge el EEU en su artículo 12.b.

En todo caso, el número de usuarios de los servicios de apoyo resulta difícil de acotar, teniendo presente que estudiantes con un grado de discapacidad inferior al 33% también podrían precisar adaptaciones curriculares y recursos de apoyo. Además, como advierten Fernández et al. (2012), no todos los estudiantes manifiestan su condición de discapacidad en la matrícula, en especial las vinculadas con enfermedades mentales. Los casos de discapacidades temporales tampoco figuran en los censos de la matrícula y sí precisan apoyos. Por otro lado, la cada vez mayor presencia de estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, principalmente dislexia (Gerber, 2012) y alumnos con trastornos de la conducta no reconocidos como discapacidad pero que conllevan necesidades educativas específicas, permite concluir que el potencial de usuarios es superior a las cifras anteriormente presentadas.

Ayudas económicas a estudiantes con discapacidad y otros recursos

Otro indicativo del creciente esfuerzo realizado por las universidades hace referencia a los programas de ayudas económicas específicos para estudiantes con discapacidad, aspecto bastante controvertido toda vez que muchos de estos programas exceden la responsabilidad de las universidades en el cometido de garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito estrictamente académico.

En este apartado merece una especial atención la problemática de los costes de transporte de los estudiantes que presenten dificultades de movilidad como consecuencia de una discapacidad. Así, en algunos casos se implementan ayudas directas al transporte en forma de becas o bono transporte y en otros, indirectas, poniendo a disposición del estudiante servicios adaptados: furgoneta, taxi, etc. (CERMI, 2010; González-Badía y Molina, 2012).

Por lo que respecta a estas ayudas económicas en sus diversas modalidades (ayudas al transporte, alojamiento, productos de apoyo no cubiertos por convenios suscritos, etc.), a tenor de la información aportada por las universidades integrantes de la muestra se ha constatado un significativo incremento a lo largo del período de análisis: desde 22.485 euros correspondientes al curso 2008/09 hasta 31.790 euros de media en el curso 2010/11.

Además, 2 de cada 3 universidades implementan este tipo de ayudas económicas en sus programas de apoyo. Este porcentaje es superior al 46% obtenido en el estudio de la Fundación Universia (2013) para el curso académico 2011/12 y para una muestra diferente de universidades. Tal circunstancia también puede ser un reflejo de las mayores dificultades presupuestarias que han tenido que afrontar las universidades para continuar financiando estos programas de ayudas.

Procede subrayar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013) ha realizado una importante acción positiva a través del régimen de becas y ayudas al estudio para lograr la inclusión en el sistema universitario de estudiantes con una discapacidad reconocida superior al 65%. El propósito de dichas medidas (deducciones específicas en los umbrales de renta, recogidas en el artículo 16.2 y reducción de la carga lectiva hasta un 50%, prevista en el artículo 21.5) es avanzar en la eliminación de obstáculos a estudiantes con unas condiciones muy especiales que dificultan sus tareas formativas, en particular los económicos.

Dentro de los programas de becas y ayudas cabe referirse también a los recursos humanos que las universidades ponen a favor de los estudiantes, como pueden ser los intérpretes de lengua de signos, sin duda el apoyo que lleva asociado un mayor coste económico, los becarios colaboradores (becas de acompañamiento y apoyo), incluso los programas implementados a través del voluntariado. Muestra de ello, el 62,85% de las universidades analizadas desarrollan planes de voluntariado en relación con la atención a la discapacidad en diversos programas (tomador de apuntes, programas de acompañamiento, apoyo en desplazamientos, ayuda a la integración) participando una media de 31,52 voluntarios. Los datos también revelan que el 54% de las universidades desarrollan programas de becas de colaboración, destinando a estas iniciativas 10.029 euros en el curso 2010/11 en términos de promedio, cantidades que se mantienen estables en el período de estudio. Además, una de cada 3 universidades desarrolla simultáneamente planes de voluntariado y programas de becas de colaboración.

Actuaciones de accesibilidad

La accesibilidad en los campus es una premisa fundamental para lograr una Universidad inclusiva. Sin embargo, hoy en día persisten muchas barreras físicas ante la imposibilidad de abordar planes integrales de accesibilidad que permitan el acceso físico a las personas con discapacidad y garantizar la participación en igualdad de condiciones. Y todo ello a pesar de los plazos previstos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU) a la que remite la LOMLOU. Como indican Verdugo y Parrilla (2009), todavía siguen existiendo barreras arquitectónicas en espacios esenciales de la vida universitaria y las acciones son todavía insuficientes dada la complejidad y magnitud de la tarea.

Profundizar en la eliminación de barreras para la efectiva inclusión de personas con discapacidad no solo debe derivarse del mero cumplimiento de una normativa, sino de la creación de un entorno universitario verdaderamente inclusivo (Paul, 2000). Es decir, no se trata únicamente de que aumente la matriculación de estudiantes con alguna discapacidad, sino de que estos estudiantes puedan integrarse en una Universidad accesible que disponga también de los recursos, servicios y apoyos precisos.

Aunque tradicionalmente se han identificado las barreras con las arquitectónicas por ser las que limitan el acceso a un espacio físico concreto, también debemos incluir aquellas que restringen o dificultan el uso de equipos, espacios virtuales, documentos, instrumentos, barreras a la comunicación e información. Para posibilitar la accesibilidad en condiciones de igualdad es indispensable su eliminación, más aún teniendo en cuenta que día a día van cogiendo más peso en el modelo de enseñanza-aprendizaje.

La figura 3 pone de manifiesto que las universidades han incrementado paulatinamente los presupuestos de acciones de accesibilidad, pasando de 145.449 euros en el curso 2008/09 a 240.744 euros en el curso 2010/11. Resulta significativo matizar que aproximadamentedos tercios de dichos montantes son financiados con recursos propios. Además, mientras 2 de cada 3 universidades contemplan acciones específicas de accesibilidad, solo la mitad de ellas financia con fondos propios dichas inversiones.

Figura 3.

Presupuesto de acciones de accesibilidad y financiación.

Las cifras reflejan por sí solas la necesidad de avanzar. Aunque se observa una mayor cobertura de acciones de accesibilidad, en parte potenciadas gracias a iniciativas promovidas por el Ministerio de Educación en el marco de las convocatorias de ayudas de fortalecimiento de los Campus de Excelencia Internacional con cofinanciación por parte de la Fundación ONCE, los recursos aplicados se vislumbran insuficientes para poder lograr la accesibilidad arquitectónica, de comunicación e información en los campus universitarios.

Discusión y conclusiones

Una Universidad socialmente responsable es una Universidad abierta al entorno, lo que constituye un gran reto de cara a los próximos años. Así, la plena integración de las personas con discapacidad y la correcta atención a la diversidad supone fomentar las relaciones entre la Universidad y la sociedad, pues la inclusión en la educación no es más que una parte y un vehículo para fomentar la inclusión en la sociedad. En los últimos años las universidades han impulsado la atención a la discapacidad como compromiso social de calidad y excelencia en la prestación de servicios, facilitando el acceso, la inclusión y la participación de los estudiantes en los diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria, con el objetivo de lograr una Universidad de todos y para todos.

La atención a estudiantes con discapacidad es uno de los estándares de calidad que deberían cumplir todas las universidades en el marco del EEES. La ANECA, en su protocolo de evaluación para la verificación de títulos oficiales, contempla diversos aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad. En este contexto, como sugieren Cerrillo, Izuzquiza, y Egido (2013), se hace necesaria una adecuada definición de los servicios y de los componentes de los programas ofrecidos por las universidades a sus estudiantes con discapacidad.

En este trabajo se ha pretendido profundizar en el conocimiento de la realidad de dichos servicios y los programas desarrollados en el ámbito de las universidades españolas, con especial atención a los patrones económico-financieros característicos de tales servicios. A nuestro modo de ver, en el ámbito de las universidades públicas sería fundamental lograr una mayor corresponsabilidad por parte de las consejerías competentes en materia de Educación, como así sucede en el caso de las pruebas de acceso a la universidad de cara a garantizar las adaptaciones curriculares pertinentes.

De igual forma debería suceder desde el punto de vista de la financiación de los posibles apoyos y recursos que precisen esos estudiantes una vez que se incorporen a la Universidad. La continuidad de los apoyos a lo largo de las diferentes etapas educativas debería incluir, sin incertidumbres, a los estudios universitarios. No se entendería la existencia de una brecha en la educación superior, de ahí esa necesaria mayor implicación de la Administración.

Dado que se ha apostado por la exención de precios públicos plasmada en los decretos de precios públicos académicos de las comunidades autónomas para los estudiantes con una discapacidad superior al 33%, también sería deseable que la Administración reforzara la tarea de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades una vez iniciados los estudios universitarios. En caso contrario, se estarían generando unas expectativas antes de iniciar los estudios que no se corresponderían con la realidad.

Desde el punto de vista de la estabilidad en la financiación de los servicios y programas de atención, González-Badía y Molina (2012) abogan por el establecimiento de unos mínimos comunes a nivel autonómico por medio de un acuerdo en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria que permita formalizar unos compromisos financieros que contemplen criterios de distribución territorial de los fondos públicos. Rubiralta (2011) también apunta la importancia de impulsar mecanismos estables de financiación adecuados y plasmados en el sistema de financiación de las universidades, para lo cual es imprescindible la colaboración entre universidades, las Administraciones públicas en los diferentes niveles (estatal, autonómico y local), las organizaciones sociales y las entidades privadas.

Los resultados de esta investigación permiten concluir que, aunque se aprecia una gran disparidad en la financiación de los servicios y programas desarrollados, de cara a garantizar su continuidad y normalización sería imprescindible el compromiso financiero de las universidades para institucionalizar los mismos como programas propios con las correspondientes partidas presupuestarias específicas, con independencia de que algunas acciones complementarias puedan ser cubiertas con otras fuentes de recursos.

Aunque se ha mejorado significativamente en la atención a la discapacidad, siendo cada vez mayores los recursos que dedican las universidades a las demandas y necesidades de los estudiantes, se ha de seguir avanzando en la consolidación de los servicios y programas existentes para afrontar con garantías los retos de los cambios derivados de la convergencia al EEES y las exigencias de la actual normativa. Resta mucho camino por recorrer para lograr la plena integración en la vida académica universitaria de los estudiantes con discapacidad y alcanzar una efectiva igualdad de oportunidades.

Desde el punto de vista económico se vislumbran particularmente insuficientes los recursos aplicados a acciones de accesibilidad, siendo necesarias fuentes de financiación externas. La actual crisis económica y el destacado aumento de estudiantes con discapacidad apuntan dificultades a la hora de garantizar los programas de apoyo, en especial los que conllevan un elevado coste, tal es el caso de los servicios de interpretación de lengua de signos, siendo fundamental el compromiso de las comunidades autónomas para que la respuesta de las universidades sea acorde a las actuales exigencias.

Aunque se trata de una cuestión muy controvertida, entendemos que no es competencia de las universidades el tener que asumir costes como el referente al transporte o al asistente personal. Los resultados de este trabajo revelan este exceso de responsabilidad. En este sentido, en relación con la figura del asistente personal discrepamos del planteamiento del CERMI (2010) en la medida en que esta figura, reconocida legalmente como prestación específica en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, debería ser asumida por la administración correspondiente y no por las universidades, como así se propone.

De igual forma sucede con los costes del transporte hasta los campus para las personas con discapacidad que presenten dificultades de movilidad, pues se trata de una problemática cuyas competencias corresponden a las administraciones de las comunidades autónomas y que nada tiene que ver con los apoyos que a nivel académico deben garantizarse en el contexto universitario. A este respecto, el EEU añade cierta controversia al indicar en su artículo 65.5 que las universidades potenciarán y propondrán la creación y mantenimiento de servicios de transporte adaptado para los estudiantes con discapacidad motórica o dificultades de movilidad, si bien, entendemos que el espíritu de la norma no alcanza a la financiación de los mismos.

Para finalizar, resulta necesario subrayar que los resultados aquí presentados deben entenderse circunscritos al ámbito temporal objeto de estudio, lo que justifica la realización de nuevas investigaciones con datos más recientes con el fin de contrastar y enjuiciar la realidad de los servicios de apoyo y los patrones económico-financieros descritos con anterioridad. Adicionalmente, con el propósito de obtener una mayor generalización de estos resultados, sería conveniente aumentar el tamaño muestral.

Por otra parte, como futura línea de investigación también sería sumamente interesante la consideración de otro tipo de variables explicativas de las inversiones realizadas y sus fuentes de financiación, en su mayoría referidas a información cualitativa. Ello enriquecería este tipo de estudios y permitiría profundizar sobre los motivos que describen las diferencias del alcance de los programas desarrollados por las universidades como complemento a los patrones observados en este artículo. Dado que el objetivo planteado ha consistido en perfilar una aproximación de carácter descriptivo, de ello se deriva la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo a través de un estudio inferencial.

Junto a lo anterior, en la medida en que se pudiera disponer de una muestra más amplia ello posibilitaría plantear una investigación definiendo 2 grupos de universidades claramente diferenciados respecto a los servicios y programas de apoyo proporcionados a los alumnos, e indagar acerca de las variables (económico-financieras y de otra naturaleza) que mejor discriminen a ambos colectivos.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Esta investigación no podría haberse llevado a cabo sin la colaboración de los diferentes servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad de las universidades españolas, mayoritariamente adscritos a los vicerrectorados competentes en materia de estudiantes. La recopilación de dichos datos se enmarcó en el grupo de trabajo constituido en el Área de Atención a la Diversidad de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE). Quisiéramos manifestar nuestro agradecimiento a los coordinadores de dicha área, Margarita Barañano y Álvaro Jarrillo, por todas las facilidades y el apoyo recibido para desarrollar el trabajo.