Consecuencias del consentimiento informado en la responsabilidad por actos anestésicos

Mayo Moldes, M.; Barreiro Canosa, J.L.; Pereira Tamayo, J.A.; Vilanova Vázquez, V.

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Este suministro de información debe ser claro y comprensible<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib005">1,</a><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib010">2</a>. Los pacientes conocen su derecho a recibir información sobre el acto anestésico<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib015">3</a> aunque en un porcentaje elevado no asimila la información recibida pese a firmar el documento<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib020">4</a>.Estudiamos a través de la jurisprudencia de los tribunales la cuestión del consentimiento informado en los actos<a name="p522"></a> anestésicos y las consecuencias jurídicas que ha suscitado. Realizamos una búsqueda en la base de datos de “Tirant-online” con las palabras claves “consentimiento informado” y “anestesia”. Se excluyeron todas las sentencias donde el anestesiólogo o el consentimiento informado del servicio de anestesia no habían sido el objeto jurídico. Tampoco se incluyeron las sentencias de primera instancia o de consejos de consultivos de las diferentes autonomías por no estar recogidos en esta base de datos. Tras la búsqueda se encontraron un total de 203 sentencias. Se excluyeron 161 donde se mencionaba el tipo de anestesia o al anestesiólogo pero nada tiene que ver con la demanda. De las 42 restantes, se excluyó una por estar mal transcrita. Clasificando las sentencias atendiendo a la jurisdicción del proceso: 25 eran de los tribunales de lo contencioso- administrativo, 13 de lo civil, 2 de lo social y 1 de la jurisdicción penal.Estudiando las sentencias, podemos observar 12 procesos en los que el demandante alegaba la falta de consentimiento informado, de ellos 5 se desestimaron porque el tribunal finalmente consideró probado que se informó al paciente y/o a los familiares antes de la intervención (el otro se desestimó por demostrarse daño fortuito). Se han obtenido igual números de sentencias condenatorias por falta de consentimiento en el ámbito público (3) y privado (3) (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0005">Tabla 1</a>).<elsevierMultimedia ident="tbl0005"></elsevierMultimedia>En los 29 procesos donde mediaba consentimiento por escrito sólo 8 fueron condenatorias principalmente por defecto de forma del consentimiento o que a pesar de existir consentimiento firmado éste no había sido informado. El análisis de las sentencias muestra que no existen condenas cuando hay consentimiento informado ya sea oral o por escrito. Las sentencias estimatorias se explican por mecanismos jurídicos de otra clase: responsabilidad objetiva de la administración, negligencia o consentimiento viciado (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0005">Tabla 1</a>).No se encontró ninguna sentencia que estudiase la antelación con que debe ser emitido el consentimiento informado por escrito.Tampoco hallamos sentencias donde la falta de consentimiento por si solo, sin otros daños, pudiera sostener un fallo condenatorio.La Ley 41/2002<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib025">5</a> reguladora de la autonomía del paciente establece la obligación de recabar el consentimiento en toda actuación en el ámbito de la salud. El consentimiento informado, aparte de respetar la libertad de las personas a decidir sobre su propia vida y salud, encuentra su ámbito de aplicación en el derecho como causa exoneradora de la responsabilidad extracontractual o por daños. Si la información suministrada al paciente es completa, comprensible y suficiente, el consentimiento libremente prestado exonera de cualquier género de responsabilidad por las secuelas. Así las sentencias AP Badajoz 21/02/2001, AP Sevilla 28/01/2002, AN 12/02/2003 desestiman la indemnización por lesión.Por el contrario, en las sentencias TS 19/04/1999 y TSJ Navarra 06/09/2002 se observa que la falta de información y de consentimiento provoca el nacimiento de responsabilidad por cualquier tipo de lesión.La obligación legal de recabar el consentimien to escri-para to determinados actos adquiere relevancia en el cam po procesal, ya que va a suponer una inversión de la carga de la prueba (el principio probatorio general es que el demandante debe probar los hechos que alega). En la sentencia AN 09/04/2003 se consideró probado que durante su estancia de 10 días en el hospital a la espera de una segunda intervención el paciente fue informado verbal-mente. Caso similar es el recogido en la sentencia AN 13/10/2004. En la sentencia AN 19/02/ 2003 el tribunal considero que a través de la información recibida en el consentimiento informado y escrito de la cirugía y la información verbal suministrada por el anestesiólogo el consentimiento era válido.Otra causa frecuente de sentencias condenatorias es el consentimiento viciado o nulo, es decir, carente de los requisitos legales que permitan el ejercicio de autodertemi-nación al paciente: -La sentencia AP Mallorca 3/10/2006 entiende que el paciente no fue informado del riesgo que después acontece (supuesto de información incompleta); -La sentencia TS 20/09/2005 establece que no se cumplen los requisitos legales con un consentimiento genérico. En parecidos términos la sentencia AN 13/10/2004 consideró nulo un consentimiento firmado por persona desconocida; -La sentencia TSJ Canarias 20/10/2004 enjuició un supuesto de consentimiento firmado en blanco.El consentimiento escrito no es un deber formal sino tan sólo un instrumento subordinado a un fin: el libre consentimiento. En consecuencia para que surja responsabilidad por daño es requisito “sine qua non” que un riesgo o consecuencia inherente a la intervención se actualice en forma de lesión o menoscabo de la salud. No obstante, la sala tercera del Tribunal Supremo en su sentencia 4/4/2000 consideró indemnizable el daño moral de modo autónomo, doctrina que no se ha visto plasmada en fallos posteriores pero que no impide que pueda ser retomada en un futuro.En derecho, y en el campo de la responsabilidad civil, resulta siempre exigible el llamado nexo causal. En las sentencias TSJ Comunidad Valenciana 23/12/2005, AN 06/10/2004, TSJ Comunidad Valenciana 30/1/2006 y TSJ Madrid 11/05/2005 las demandas fueron desestimadas. En todas ellas las consecuencias negativas que se produjeron no se derivaban o no eran propias del acto quirúrgico. Otras sentencias, como la TSJ Cataluña 3/10/2003 y la TSJ Comunidad Valenciana 12/11/2004 ejemplifican la llamada responsabilidad objetiva de la Administración. La Ley hace surgir la obligación de reparar el daño por el anormal funcionamiento de los servicios sanitarios desconectándo la<a name="p523"></a> de una actuación ajustada a la “lex artis” en sentido amplio.La existencia de responsabilidad por daños no implica necesariamente que sea el anestesiólogo el obligado a repararlos. El tema de la imputación dependerá del ámbito en que se hubiera ejecutado la intervención, sanidad pública o privada, y también de la vía judicial elegida por el perjudicado para exigir responsabilidades.Agradecimientos: A Alberto Ferreirós Fernández por su colaboración jurídica en la redacción de este trabajo." 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ISSN: 0034-9356

La Revista Española de Anestesiología y Reanimación (REDAR) es el órgano científico de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Esta es una revista mensual (10 números) que publica artículos científicos de todas las áreas que abarca la especialidad: anestesia clínica, reanimación-medicina intensiva y cuidados críticos, diagnóstico y tratamiento del dolor agudo y crónico, urgencias y emergencias, así como trabajos de ciencias básicas y relacionadas. La REDAR acepta trabajos tanto en español como en inglés.

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