Afromexicanos: reflexiones sobre las dinámicas del reconocimiento

Resumen

La declaración del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024 recientemente promulgado por la Organización de las Naciones Unidas así como un conjunto de nuevas dinámicas en el campo de las políticas del reconocimiento de la población afromexicana ameritan una reflexión sobre los elementos que han caracterizado el proceso organizativo de las poblaciones afrodescendientes fundamentalmente en la Costa Chica y el papel que en este proceso han tenido el sector académico y las instituciones gubernamentales en México. En este texto nos proponemos aportar algunos elementos que ayuden a esta reflexión y que permitan visualizar los retos que se enfrentan en el proceso del reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes tanto en el plano social como en el jurídico.

Abstract

The International Decade for People of African Descent 2015-2024 recently adopted by the United Nations, as well as a set of new dynamics in the recognition of the Afro-Mexican population, merit a reflection on the characteristics and meanings of the diverse experiences of peoples of African descent mostly in Costa Chica, and the the role played in this process by academic and government institutions in Mexico. In this paper we propose to contribute some elements that help this reflection and allow viewing the challenges we face in the process of social and legal recognition of African descendants in Mexico.

Introducción

El año 2015 fue significativo para el tema de las personas y colectivos afrodescendientes en México por varias razones. Por una parte, en el ámbito internacional en diciembre de 2013 Naciones Unidas promulgó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes que comenzó en enero de 2015, recientemente se cumplieron veinte años de la creación del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio de la UNESCO. Por otra parte, en México se realizó el XVI Encuentro de Pueblos Negros, organizado por comunidades afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, zona ubicada en el Pacífico sur mexicano y organismos del Estado mexicano han comenzado a llevar a cabo varias acciones en favor de su reconocimiento. Por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizó el Encuentro Nacional Debate sobre Avances y Retos de la Inclusión de los Pueblos Afromexicanos y Personas Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo acción que le da continuidad al Primer Foro Nacional Población Afromexicana y Afrodescendiente en México 2012¹ y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística incluyó una pregunta para la autoadscripción de personas afromexicanas en la Encuesta Intercensal de 2015.

Asimismo, aunque los estudios pioneros de Gonzalo Aguirre Beltrán sobre las poblaciones de origen africano en México comenzaron desde la década de 1950 (Aguirre Beltrán, 1946, 1948), este año se cumplen por lo menos veinticinco años de investigación nacional e internacional científica y sistemática llevada a cabo en espacios académicos reconocidos, realizada básicamente por historiadores y antropólogos, dando a conocer la importancia y las contribuciones de las personas africanas y afrodescendientes en México. Es importante resaltar que fue a raíz de la declaratoria de 2011 como Año Internacional de las Personas Afrodescendientes que la agenda sobre este tema en México ha adquirido visibilidad política y sobre todo ha empezado a recibir atención por parte de instituciones públicas relacionadas con los derechos humanos y la prevención y eliminación de la discriminación.

Todos estos hechos y nuevas dinámicas en este campo ameritan una reflexión sobre las características de las diversas experiencias de organización de las poblaciones afrodescendientes, el papel que en este proceso han tenido el sector académico y las instituciones gubernamentales en México. En este texto nos proponemos aportar algunos elementos que ayuden a esta reflexión y que permitan visualizar los retos que se enfrentan en el proceso del reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes tanto en el plano social como en el jurídico. Dada la importancia que el trabajo académico ha tenido en la comprensión de la participación de los afrodescendientes en el pasado y presente de México, este texto inicia con una breve descripción de su incidencia en las dinámicas políticas, tanto de las comunidades afrodescendientes como de las instancias gubernamentales. Por otra parte, se hace un recuento del proceso organizativo y las movilizaciones sociales de las comunidades afrodescendientes, fundamentalmente de las de la Costa Chica en los estados Guerrero y Oaxaca en el sur de México, con especial énfasis en la agenda política que han construido a lo largo de los últimos años. También se hace una reflexión sobre las respuestas del Estado mexicano ante la presión de la agenda internacional sobre las políticas de reconocimiento, así como del combate al racismo y la discriminación, haciendo hincapié en la incursión de políticos y otros actores de las instituciones del estado que se han involucrado en los últimos dos años en los procesos de movilización de las comunidades afrodescendientes. Finalmente, el artículo hace un balance sobre las respuestas del Estado, sus tareas pendientes y los retos que las organizaciones sociales y la academia enfrentan en este contexto, sobre todo en el marco de la reciente promulgación del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes por la ONU. Es importante señalar que en este texto, además de las necesarias referencias documentales de trabajos propios y de especialistas en el tema, se hace referencia a evidencias de información obtenidas durante distintos períodos de investigación de campo realizada entre 2010 y 2015.

La atención científica y académica

Las investigaciones históricas han demostrado la importancia de la participación de las personas africanas y afrodescendientes en la formación económica, social y cultural de México, no solo en las costas, como usualmente se piensa, sino en el centro y el norte del territorio (Naveda Chávez-Hita, 2008, Martínez Montiel, 1994; Vinson y Vaughn, 2004, Velázquez y Correa, 2005). También se ha hecho documentado en la diversidad de situaciones que vivieron y las complejas relaciones que establecieron, no solo con miembros de otros grupos sociales y culturales, sino con personas de su mismo origen y han dado cuenta con prolijidad de la inserción de las personas esclavizadas, libertas o libres de origen africano en las distintas esferas de la economía colonial y en las etapas posteriores de la formación nacional (De la Sena, 2005, Ochoa, 2011, Castañeda García, 2014; Masferrer, 2013, Díaz Casas, 2012). Por ello se puede afirmar que en México “la afrodescendencia” se experimenta de diversas formas y difícilmente se puede hablar de una identidad afromexicana homogénea, por ejemplo la presencia afrodescendiente en regiones como el Bajío o el centro de México ha dejado su impronta en el mestizaje, pero en otras regiones como Veracruz, la música y la danza y en general la cultura jarocha la reivindican como fuente creativa (Rinaudo, 2011). En otros casos los rasgos físicos de las personas recuerdan a un ancestro de origen africano, y en otros, la toma de conciencia política –como en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca– ha favorecido el desarrollo de una identidad colectiva que cada vez más se expresa como conciencia étnica (Hoffman, 2008; Lara, 2010).

Desde que en 1946 el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán publicó por primera vez su obra La población negra en México dando a conocer la importancia de las personas afrodescendientes en el pasado y presente de nuestro país, los estudios de académicos mexicanos y extranjeros dedicados al estudio de la historia y la vida contemporánea de la población afrodescendiente en México han desempeñado un papel significativo en el proceso de visibilización de estos colectivos. Después de la publicación de esta obra pionera, que tuvo poco eco entre la academia de aquella época, sobre todo en las últimas dos décadas, se han realizado varias investigaciones que analizan diversos temas en torno a la participación de estos grupos en la formación de México.

Tras un largo período de ausencia de estudios se vivió un renovado interés por el tema en la década de 1990, en gran medida debido al impulso que investigaciones y proyectos de promoción cultural recibieron del Programa Nuestra Tercera Raíz, dependiente de la Dirección de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta iniciativa financió nuevas investigaciones y alentó a jóvenes antropólogos y etnohistoriadores a ampliar el cúmulo de conocimientos sobre la población afromexicana². En el marco de esta oleada de interés por el tema se estableció en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, el Museo de las Culturas Afromestizas “Vicente Guerrero” (Reynoso Medina, 2011); esta iniciativa tuvo un efecto importante en la visibilización del papel de las personas afrodescendientes en el pasado y presente de la región y es hasta hoy en día el único proyecto de esta naturaleza. En este mismo sentido es importante señalar que la promoción de la música, danza, creación plástica y otras expresiones del patrimonio de estas comunidades han contribuido en la visibilización y fortalecimiento de la identidad afromexicana³.

A finales de la década de 1990 surgieron nuevas iniciativas de investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la creación de un seminario permanente que desde 1997 reúne a investigadores de diferentes instituciones de México y el extranjero con el objetivo de intercambiar experiencias, no solo a nivel nacional sino internacional. Este seminario, además de investigación histórica y antropológica ha organizado exposiciones, congresos internacionales, una colección editorial con ocho volúmenes titulada “Africanías” y cursos de formación y divulgación⁴. Especial mención merece el proyecto internacional AFRODESC⁵ llevado a cabo entre 2006 y 2010, que reunió a investigadores de Francia, Colombia, México, Senegal y Canadá, entre otros muchos especialistas con el propósito de sumar esfuerzos y experiencias en relación con el tema de las poblaciones afrodescendientes y la diáspora en diferentes contextos. El proyecto tuvo resultados destacados, como un congreso internacional en el puerto de Veracruz en 2008, la publicación de cuatro tomos con resultados de investigación y exposiciones. También es importante señalar que existen espacios académicos en instituciones como la UNAM, la Universidad Veracruzana y otras universidades en Guerrero, Querétaro o Guanajuato. Finalmente también debe subrayarse que desde los años sesenta del siglo pasado se han realizado varios estudios sobre el tema en Estados Unidos (Vinson y Vaughn, 2004; Lewis, 2012).

Por lo menos tres enfoques parecen caracterizar a los estudios sobre afrodescendientes en México⁶. Por una parte, están presentes las interpretaciones más escencialistas que privilegian en sus investigaciones el descubrimiento de las “huellas de africanías” resaltando en los estudios aspectos que pudieron provenir de las culturas africanas, considerando en muchos casos los procesos históricos estáticos y sin intercambios⁷. Por otra parte, se encuentran las investigaciones que asumen que los procesos y las dinámicas de “mestizaje” se caracterizaron por relaciones e intercambios de sincretismo en que los que se “disolvieron” o “integraron” aquellos elementos de origen africano, tanto físicos como culturales; este enfoque ha tenido la crítica de algunos investigadores estadounidenses, quienes hacen referencia al olvido y menosprecio de la historiografía mexicana en el reconocimiento de la participación de las poblaciones afrodescendientes, ya que ellos defienden la idea de un grupo con mayor identidad, diferenciado de los españoles e indígenas, considerándolo muchas veces como un grupo homogéneo⁸.

Finalmente, existe una corriente de interpretación que busca entender los procesos diversos y complejos que caracterizaron la convivencia, el intercambio, la recreación y creación de nuevas pautas culturales, haciendo hincapié en la diferencia y la diversidad de las poblaciones de origen africano en México. Esta corriente considera que los procesos históricos y temporales son cruciales para comprender las características contemporáneas de las comunidades afrodescendientes en México; parte de la premisa de que los colectivos afrodescendientes fueron y son heterogéneos, porque han vivido procesos económicos, sociales y culturales distintos. Desde esta perspectiva se ha procurado comprender las características de los procesos de intercambio social, cultural y político en sus diferentes modalidades y en las que la reivindicación de la afrodescendencia ocupa un lugar significativo⁹.

La investigación científica ha desempeñado un papel importante en la visibilización de las poblaciones afrodescendientes de México, no solo porque los datos aportados han permitido comprender y explicar a estas colectividades a lo largo de la historia y documentado las características de las comunidades actuales, sino porque varios investigadores y estudiantes se han convertido en participantes activos en este proceso. Algunos estudios etnográficos han dado cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran varias de estas poblaciones y en ciertas ocasiones las y los investigadores se tornan en intermediarios de estas comunidades en la ciudad y frente a las instituciones públicas. Este rol de intermediación en ocasiones ha facilitado el flujo de recursos materiales por vía de proyectos de promoción cultural o de investigación social aplicada del sector público y de asociaciones civiles, fundaciones y otras instituciones.

Por otra parte, algunos de los debates académicos han incidido en las discusiones políticas de las organizaciones sociales, sobre todo en sus líderes, pero también en los derroteros tomados por las organizaciones. Es importante hacer notar que la academia, o al menos varios de los investigadores del tema, han trabajado junto con las organizaciones sociales desde su inicio y ha existido un acompañamiento mutuo para entender procesos y dinámicas políticas, aunque también existen diferencias de acuerdo a los enfoques y perspectivas que estos actores tienen sobre la forma que deben conducirse las reivindicaciones y los procesos de visibilización del pasado y presente de las personas afrodescendientes¹⁰.

Procesos de organización política de las comunidades afrodescendientes en México

A partir de la década de 1990, al igual que en gran parte de los países latinoamericanos, en México las transformaciones del modelo del Estado y la agenda internacional condujeron a que diversos colectivos –de manera preponderante los pueblos indígenas– se articularan en torno de sus identidades étnicas y demandaran su derecho a insertarse en el proyecto nacional por medio de la construcción de alternativas propias de desarrollo y participación política.

Si bien en 1992 se llevó a cabo un primer ejercicio de modificación constitucional para reconocer la pluriculturalidad de la nación, fue en 2001, seis años después del levantamiento de Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas al sur de México, cuando el poder legislativo realizó una importante reforma constitucional, en la que reconoció la pluriculturalidad de la nación y garantizó a los pueblos y comunidades indígenas un conjunto de derechos colectivos¹¹. Es en este contexto en donde se inserta la trayectoria de diversas organizaciones sociales de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca que aglutinan y se expresan las demandas de las comunidades afromexicanas articuladas en torno de su identidad étnica (Lara, 2010, 2014; Quecha, 2015).

El inicio de este proceso está marcado por la realización hace quince años del Primer Encuentro de Pueblos Negros. En 1997, el Comité de Pueblos Negros realizó una reunión en la comunidad de El Ciruelo, Oaxaca. Este evento, que reunió a personas afromexicanas de la región además de académicos y otros invitados, tuvo como propósito reflexionar acerca de las condiciones de vida de sus comunidades y sobre la importancia de reconocer y reivindicar su historia, y a partir de entonces se ha convertido en el principal referente de diálogo y construcción de acuerdos entre organizaciones y comunidades afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Ha servido también como detonante para que otras organizaciones y comunidades afrodescendientes creen sus propios espacios de consulta, discusión y expresión cultural.

A lo largo de estos quince años, organizaciones como México Negro, Época, A.C., AFRICA, A.C., ECOSTA, Yutucuii, A.C., Púrpura, A.C., ODECA y SOCPINDA, entre otras, han desarrollado un conjunto de actividades centradas en reivindicar la contribución de las poblaciones de origen africano a la construcción y desarrollo económico, político, social y cultural de la sociedad mexicana. También ha sido objetivo de estas organizaciones visibilizar la discriminación y el trato desigual del que han sido objeto históricamente y que mantiene a estas comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza (Lara, 2010, Quecha, 2015, Masferrer, 2014).

Este proceso, que ha sido considerado por algunos observadores como débil y disperso e incluso ha sido descalificado por su aparente desvinculación con las necesidades de la población al considerarlo un producto de la influencia externa, ha ido cobrando un papel cada vez más importante; la acción articulada de estas organizaciones conforma la actual agenda “afro” en México. Las demandas de atención social iniciales han dado paso al reclamo por la garantía de derechos específicos. Las organizaciones afromexicanas se han hecho eco de la agenda internacional; la demanda de reconocimiento constitucional y legal es el eje central de sus discursos, así como también la inclusión de la variable afro en los censos y otros instrumentos estadísticos públicos. Se requieren exigencias como la protección de sus tierras frente a los grandes proyectos de desarrollo turístico, incentivos para el trabajo y la producción, servicios de salud y educación, programas contra la violencia familiar y en favor de la problemática de género, así como el acceso equitativo a la educación que son algunos de sus reclamos¹² (Hoffmann y Lara, 2012).

En México –probablemente al igual que en los otros países del continente– la afrodescendencia se expresa a través de múltiples identidades que cambian dependiendo de las regiones del país, de su relación con los otros grupos sociales y del contexto político en el que se sitúen. Por circunstancias históricas que permitieron la visibilización y permanencia de las características afrodescendientes en la cultura y los rasgos físicos de sus poblaciones, es en la Costa de Guerrero y Oaxaca en donde de forma más vigorosa se ha articulado la identidad afrodescendiente desde una perspectiva cultural y política, marcando fronteras con sus vecinos indígenas y mestizos. Este proceso se desencadena, de manera más visible, a raíz de las disputas por los recursos del Estado, la intervención de líderes o agentes institucionales y de la presencia de discursos de la identidad promovidos por líderes religiosos, académicos y activistas, en una región con marcada presencia de pueblos indígenas organizados, con atención especial del Estado y de una intricada cultura política¹³.

Son precisamente las organizaciones y los liderazgos en esta zona quienes han marcado las pautas que sigue la agenda política de la población afromexicana. Este proceso no es ajeno, por supuesto, a las disputas de poder entre los liderazgos, las diferencias entre los sectores académicos que intervienen, además del oportunismo de actores externos como legisladores, políticos profesionales, sobre todo de la política local, que hacen aparecer este proceso –para un observador con mediana agudeza– como incipiente y muy debilitado por el faccionalismo y las luchas intestinas que impiden llevar a buen puerto emprendimientos que requieren de la acción concertada de todos los involucrados. Para muestra basta un botón, el tema de las denominaciones es un campo en disputa en donde está servida la confrontación. En la región de la Costa Chica, coloquialmente se conoce a los afrodescendientes como morenos, negros o prietos. Desde hace algunos años sectores académicos han tratado de generalizar el uso del término afrodescendiente para referirse a las personas y colectivos descendientes de las personas esclavizadas de origen africano; la presencia de activistas afrocolombianos y garífunas en la zona ha buscado fortalecer esta forma de denominación o en su defecto el uso del gentilicio afromexicanos.

Las organizaciones de la Costa mantienen un debate que se repite sistemáticamente en cualquier foro regional o nacional en donde coinciden posiciones enfrentadas. Unos prefieren llamarse a sí mismos y a sus comunidades como pueblos negros, y argumentan que la denominación afrodescendientes es una imposición academicista que no responde a las costumbres y usos propios. Además se argumenta que es una categoría colonialista en clara referencia al uso generalizado del término por parte de las agencias internacionales y cuyo origen se atribuye a las colectividades de personas negras en los Estados Unidos de América. Este argumento no se hace eco de los aportes de intelectuales y activistas afro de otros países de Latinoamérica que argumentan a favor de esta denominación pues “[…]La principal característica política de esta denominación para los descendientes de la diáspora africana es que alude al concepto de pueblo, de origen común, de conocimientos compartidos y otras características sociales y culturales que permiten reconocer el carácter social de los grupos involucrados, evitando reducir el concepto de identidad al color de la piel de las personas” (Antón Sánchez et al., 2008:20).

Por otra parte, varias organizaciones en el Foro Los Pueblos Afromexicanos. La Lucha actual por su reconocimiento, organizado por las comunidades de la región de la Costa Chica llevado a cabo en 2011, llegaron al acuerdo de autodenominarse con fines institucionales y respecto de su relación con las instituciones del Estado como afromexicanos, reconociendo la legitimidad y validez de usar en la vida cotidiana los apelativos que tradicionalmente se han empleado y al mismo tiempo llamaron la atención sobre la pertinencia de llegar a un acuerdo respecto del uso de una denominación en contextos políticos más formales¹⁴.

Desafortunadamente este que parece un debate simplemente nominalista tiene impacto sobre las posibilidades de construir plataformas de actuación comunes y de exigir de forma unánime la intervención del Estado. Aumenta la gravedad si se considera que estas disputas ocurren entre organizaciones y personas que comparten un territorio no muy extenso, conviven cotidianamente y han sido históricamente excluidos de la atención pública.

El ámbito internacional, los nuevos involucrados y la respuesta del Estado

El Estado mexicano hasta 2009 había tenido un interés francamente secundario, cuando no inexistente, frente a la necesidad de emprender acciones para atender las demandas sociales y políticas de los diversos sectores de las poblaciones afrodescendientes en el país. Salvo las acciones promovidas por los sectores científicos–la gran parte de ellas vinculadas a instituciones académicas públicas y con fines de investigación muchas veces por iniciativas particulares- la atención a este grupo de población había sido nula incluso en el discurso de las instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y la diversidad cultural. Esta situación ha ido cambiando en los últimos tres años y cada vez son más frecuentes las voces que exigen acciones más certeras dirigidas a atender las demandas de las y los afrodescendientes.

Además de la movilización de las organizaciones sociales afrodescendientes desde hace veinte años y de la incidencia de la producción científica, otras situaciones han motivado que en los últimos años las instituciones del Estado Mexicano comiencen a poner atención en este tema. Por una parte, debe considerarse la exigencia de las agencias internacionales para que México, suscriptor de la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos honre sus compromisos, obligando al Estado a emprender acciones en beneficio de las poblaciones afrodescendientes. Por ejemplo, para presentar algún resultado en materia de combate a la discriminación hacia la población afrodescendiente en la Conferencia de Examen de Durban¹⁵, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) convocó por vez primera a mesas de trabajo conjuntas entre las organizaciones sociales afromexicanas, académicos y servidores públicos con el propósito de poner en común las preocupaciones y necesidades de las comunidades y las perspectivas de los académicos con el fin de que los servidores públicos conocieran la situación y a partir de allí empezaran a diseñar acciones de gobierno. Este evento sirvió para que la temática fuera introducida en un sector de gobierno, se establecieran relaciones entre actores clave y se sentaran las bases del dialogo y el diseño de futuras acciones posteriores¹⁶.

Este primer esfuerzo encontró continuidad a raíz de la declaratoria de 2011 por parte de Naciones Unidas como Año Internacional de las Personas Afrodescendientes. Ese año la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México (CDI) llevó a cabo dos acciones de reconocimiento de la población afromexicana. Una consistió en el nombramiento a título de invitados de dos representantes de las comunidades afromexicanas en el Consejo Consultivo de la institución –que hoy en día asciende a tres– y la otra fue realizar la Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes en México Este ejercicio llevado a cabo por la institución que ejecuta las políticas públicas federales dirigidas hacia los pueblos indígenas tuvo el propósito de generar insumos informativos sobre las comunidades afrodescendientes que permitieran en el mediano plazo incluir a la población afrodescendiente como beneficiaria de las políticas del sector.

La Consulta se llevó adelante considerando como unidad de análisis la comunidad y se desarrolló considerando el marco constitucional, en donde la comunidad indígena u otra equiparable es la entidad colectiva titular de los derechos y competencias establecidos en el artículo 2.^o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es imprescindible señalar que este ejercicio basado en un enfoque de derechos, si bien se valió de herramientas de la etnografía, los grupos focales y otras técnicas de investigación cualitativa no pretendió describir etnográficamente la comunidad sino comprobar hasta qué punto ciertas colectividades de afrodescendientes en el país cumplían con las características jurídicas que señala la Constitución y que las habilita como titulares de derechos. Un resultado institucional de esta iniciativa fue la obtención de cédulas de información producidas por los habitantes de las comunidades que eventualmente servirán para orientar y justificar la presencia e intervención de la CDI en comunidades afrodescendientes. Otros resultados de este ejercicio tienen que ver con los efectos que una intervención institucional de esta naturaleza tiene sobre los procesos de inducción y fortalecimiento de las identidades diferenciadas (CDI, 2012).

Por una parte las metodologías participativas desarrolladas en lapsos muy cortos de tiempo y con el propósito de obtener resultados concretos de utilidad para la institución no propiciaron el desarrollo entre los servidores públicos de una comprensión de la presencia de población afrodescendiente en su complejidad. Muchas veces la falta de claridad sobre las categorías, conceptos y alcances del procedimiento favoreció el autorreconocimiento de una identidad afrodescendiente histórica o contemporánea a marchas forzadas. Sobre todo considerando que en contextos de alta marginalidad –como en los que se encuentran buena parte de las localidades en donde se llevó a cabo la Consulta– la presencia de una institución como la CDI es siempre una promesa de acceso a recursos públicos.

Por otra parte este ejercicio que se realizó en sus fases de diseño, desarrollo y sistematización entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 no tuvo continuidad. Lejos se ve la posibilidad de que se le dé continuidad a este tipo de ejercicios, no obstante la realización de esta Consulta sentó un precedente importante de posibilidades de actuación del Estado frente al tema afro; hoy la institución y por ese camino otras entidades de gobierno cuentan con información sobre las características generales de las localidades en donde se asienta buena parte de la población que se reconoce como afromexicana, negra o morena, cuáles son sus necesidades y sobre todo se constató que pueden constituirse como comunidades equiparables a las comunidades indígenas. Así pues, el hecho de que aún no haya sido reconocida constitucionalmente la población afrodescendiente no significa un obstáculo insalvable para el ejercicio de sus derechos.

Otro momento clave que detonó el interés público sobre el tema fueron las recomendaciones que el Comité de CERD le realizó a México tras la sustentación del informe del país ante este organismo en 2012. Las últimas recomendaciones recibidas por el Estado mexicano lo urgen a tomar medidas respecto de la población afrodescendiente, de forma específica lo insta a que se ofrezca información estadística sobre la población afrodescendiente, realizar esfuerzos para llevar adelante la armonización legislativa para garantizar la protección de derechos que la Convención establece, garantizar su participación política y generar datos relativos a la situación específica de mujeres niñas y niños (OHCHR, 2012).

También en el marco de la conmemoración del Año Internacional de las Personas Afrodescendientes y con el afán de iniciar acciones de respuesta a las recomendaciones del CERD, Conapred junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el apoyo de instituciones académicas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio de la UNESCO, así como de las organizaciones sociales de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca organizó el Primer Foro Nacional Población Afromexicana 2012. Este evento tuvo como propósito posicionar en la agenda pública el tema y caminar hacia la construcción de acuerdos mínimos entre todos los involucrados. Reunidos en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante dos días, representantes de las comunidades afrodescendientes del país, líderes de organizaciones, académicos y servidores públicos junto con expertos internacionales debatieron acerca de los temas centrales de preocupación de las comunidades afrodescendientes y de las posibilidades de actuación del Estado. De este evento se obtuvo una declaratoria que resume la agenda afromexicana, cuyo eje central es el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente y la garantía de sus derechos colectivos¹⁷.

Es importante señalar que el hecho de que Conapred haya encabezado esta iniciativa y que sea esta institución y no otra quien tiene a su cargo “la agenda afro” del Estado ubica la cuestión de la afrodescendencia en México como un tema que debe tratarse desde una perspectiva de lucha contra la discriminación y el racismo y no tanto como un tema de reconocimiento de derechos especiales o derechos colectivos. En el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 se ha procurado incluir a la población afrodescendiente en casi todas las líneas de acción pertinentes; por ejemplo, este año se realizó el Encuentro Nacional sobre Avances y Retos de la Inclusión de los Pueblos Afromexicanos y Personas Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo cuyo principal objetivo fue identificar y valorar las acciones prioritarias hacia el reconocimiento constitucional de la población afromexicana y personas afrodescendientes, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y también se realizó una reunión del Grupo Interinstitucional de Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de CERD a la que fueron convocados representantes de las organizaciones sociales afromexicanas.

A raíz de estos eventos y de aquellos realizados por las organizaciones afromexicanas, han surgido nuevas iniciativas, muchas de ellas de la mano de nuevos intereses académicos que ahora se hacen eco de la temática y otras impulsadas por legisladores. En 2013 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se realizó el Foro Nacional Afromexicano: Rumbo al reconocimiento constitucional. Además de este foro, en el que participaron académicos, representantes de instancias nacionales e internacionales, legisladores y líderes de las comunidades afrodescendientes, se han hecho algunos intentos por llevar adelante iniciativas de reconocimiento constitucional federal de la población afrodescendiente que no han recibido atención de la Cámara de Diputados. Todas las iniciativas en la materia buscan adicionar el artículo 2.^o constitucional con el objeto de que las comunidades afrodescendientes sean consideradas parte constitutiva de la pluriculturalidad de la nación y por lo mismo sean titulares de los derechos ahí garantizados.

Una de las objeciones que se antepone a las proposiciones de reforma del artículo segundo es la relativa a la falta de ancestralidad de las poblaciones afrodescendientes, es decir la consideración de que no son pueblos originarios. Aunque los descendientes de las personas de origen africano que llegaron al Nuevo Mundo a través de las rutas del comercio atlántico están asentadas en estos territorios desde antes de la formación del Estado, subyace entre los legisladores e incluso entre profesionales de las ciencias sociales la preocupación por la condición de extranjería primigenia de estas poblaciones –en contraste con los pueblos indígenas y su condición de originarios– y la posibilidad de que una vez garantizados derechos colectivos a los afrodescendientes otros colectivos de origen extranjero –chinos, libaneses, judíos, entre otros– podrían reclamar un trato semejante.

Hoy por hoy entre la urgencia de legislar sobre temas más importantes para el país y la falta de convicción sobre la necesidad y pertinencia de reconocer a estas colectividades parece dilatar la posibilidad de que el Estado mexicano reconozca constitucionalmente a los afromexicanos. Mientras tanto iniciativas como las de CDI, la inclusión de los afrodescendientes en el Programa Nacional por la Igualdad y no Discriminación, así como en el Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018, por la vía de los hechos amplían las competencias de las instituciones y abren caminos para la atención de las demandas de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, siempre y cuando estas buenas intenciones estén acompañadas de la dotación de recursos presupuestales.

Saber cuántos son, donde están y cuáles son las características de las comunidades afromexicanas además de ser uno de los derechos de las poblaciones afrodescendientes de acuerdo con múltiples acuerdos internacionales en la materia, es uno de los requisitos para la instrumentación de políticas publicas en el modelo de atención a la diversidad vigente en el país. Por ello es necesario hacer mención que en 2015 el INEGI incluyó por primera vez una variable para captar población afrodescendiente en la Encuesta Intercensal. De acuerdo con los resultados de esta encuesta hechos públicos en diciembre de 2015, 1’381. 853 personas se reconocen como afrodescendientes o afromexicanas. Esta cifra pone sobre la mesa la imperiosa necesidad de contar con políticas públicas que atiendan a este sector de la población empezando por su reconocimiento constitucional que de paso al establecimiento de un marco jurídico que garantice sus derechos. Motivo de futuros análisis será la valoración de estos resultados desde una perspectiva técnica y política.

Respuestas de los gobiernos estatales

Los gobiernos de los estados de Guerrero y Oaxaca, en el sur Pacífico del territorio mexicano, han respondido de una forma más rápida, quizás porque por una parte son ellos quienes deben resolver con mayor celeridad problemas concretos que afectan a su territorio y a sus habitantes y también porque las organizaciones sociales tienen un mayor nivel de incidencia en la política local. Así pues, en Oaxaca, durante el gobierno de Diodoro Carrasco, se aprobó en 2001 la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; en ella se menciona en el artículo 2.^o que las comunidades afromexicanas que viven en el territorio del estado podrán acogerse a los términos de esa ley. Si bien, en esta reforma no se hacía ninguna otra mención y la ley no especificaba su alcance en relación con los derechos de la población afromexicana, esta legislación sentó las bases de reconocimiento jurídico de esta colectividad a nivel estatal. Posteriormente también en Oaxaca se han tomado medidas como la creación dentro de la Secretaría de Asuntos Indígenas de un Departamento de Atención a Comunidades Afrodescendientes (2011), se ha establecido el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2012) y se emitió el decreto por el que se declara el 19 de octubre como el “Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca” (2013). En agosto de 2013 se aprobó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Además, en el nivel municipal, las organizaciones lograron que el cabildo del municipio de Santiago Tapextla aprobara que este fuera declarado el Primer Municipio Negro Afromexicano (2012) y recientemente algunas presidencias municipales del estado han sido ocupadas por miembros de las organizaciones de afromexicanos.

Por su parte en Guerrero, la Secretaría de Asuntos Indígenas también creó hace dos años la Subsecretaria para el Desarrollo del Pueblo Afromexicano, que ha promovido una iniciativa para el reconocimiento constitucional de los afrodescendientes, aprobada este 2014. Asimismo se ha incluido en los programas de atención prioritaria, de apoyos al campo, asesoría jurídica y algunos otros a la población afromexicana. Recientemente el gobierno de Guerrero impulsó una campaña –no se conocen los resultados de esta acción– de visibilización y valoración de la presencia afrodescendiente en Guerrero. En abril de 2014, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la reforma integral de la Constitución del Estado, en ella se estableció un apartado sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Con esta reforma, se reconoce por primera ocasión los derechos de la población afromexicana en la carta magna del Estado de Guerrero, convirtiéndose así en la segunda entidad de la república en reconocerlos a nivel constitucional.

Tareas pendientes y problemas a enfrentar

Las dinámicas de organización social y política de las comunidades afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, la vinculación más comprometida de los académicos al tema, y el interés de nuevos sujetos en la defensa del reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes, así como las iniciativas internacionales y la presión de algunos organismos en la ejecución de estrategias y acciones concretas en favor de las poblaciones afrodescendientes hacia el Estado Mexicano, sin duda alguna han dado nuevos cauces a este proceso.

Por una parte, el tema de la importancia de la participación de las y los afrodescendientes en la formación de México comienza a ser tomado en cuenta por instituciones del gobierno, no solo de la academia. Por ejemplo, instancias de educación, desarrollo y salud han empezado a incluir en sus programas el tema de las poblaciones afrodescendientes. La discriminación y el racismo, que tanto afectan a las personas y comunidades afrodescendientes, han recibido atención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quien ha apoyado de manera significativa la creación de estrategias y actividades en favor de las poblaciones afrodescendientes¹⁸. Acciones internacionales como la promulgación de 2011 como el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, la conmemoración del XX Aniversario de la creación del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio de la UNESCO, que preside México desde 2009 y las recomendaciones de organismos como la CERD o el PNUD, son sin duda cruciales y decisivos para que el Gobierno mexicano desarrolle estrategias que favorezcan el reconocimiento de las y los afrodescendientes y por lo tanto políticas públicas en su beneficio.

Sin embargo, también es cierto que el tema ha llamado la atención de nuevos sujetos, que pueden entorpecer y enturbiar el proceso si se basan en intereses personales o políticos. La atención genuina de académicos, funcionarios o legisladores, desde nuestra perspectiva, debe estar vinculada estrechamente a las problemáticas específicas que viven las comunidades afrodescendientes y sustentada en estudios e investigaciones serias. El proselitismo y las ideologías, que ahora parecen empezar a difundirse, y que promueven la identificación a “lo afrodescendiente o a la negritud” sin tomar en cuenta los contextos regionales y locales, pueden trastocar el valor y la importancia de lo que ha sido un proceso de reconocimiento plural y diverso. Se trata de “romper el silencio” sobre un tema que, al negarse, promueve la discriminación y el racismo e imposibilita entender la historia de las y los mexicanos como un pasado plural y multicultural, en donde las y los africanos desempeñaron un lugar significativo. Ello no implica negar los procesos de intercambio, de mestizaje y de recreación cultural.

Tampoco es legítimo que el tema sirva para los intereses económicos de ciertos sectores o los fines ideológicos de algunos grupos. Por ello, es necesario que las estrategias y proyectos del Estado estén basados en investigaciones tomando en consideración las necesidades y problemáticas de las comunidades y personas afrodescendientes. No existen recetas que puedan ser importadas de un país a otro o iniciativas que sirvan de manera generalizada. El trabajo concertado entre organizaciones sociales, academia, legisladores, funcionarios e instancias internacionales es necesario para llegar a acuerdos que beneficien a las poblaciones afrodescendientes de manera real, de acuerdo a sus preocupaciones y necesidades.

El 2015 es un año decisivo para las poblaciones afrodescendientes en México y es indispensable que el Estado trabaje de manera responsable ante los nuevos retos que implican la promulgación del Decenio Internacional para las Poblaciones Afrodescendientes que comenzó en 2015. El reconocimiento de estos colectivos es impostergable en nuestro país, también la lucha contra el racismo y la discriminación, así como de mejores condiciones económicas, de salud y educación para las comunidades afrodescendientes marginadas. Debe de ser este el hilo conductor de los programas y estrategias que se lleven a cabo en los próximos diez años y no los intereses ideológicos o económicos de algunos grupos o sujetos. Estos son, entre otros, los retos para el próximo decenio.