Según el Art. 11.5 del RD 183/2008, el nombramiento del tutor se debe realizar por el procedimiento determinado por las CCAA, con sujeción en los criterios fijados por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Dichos criterios se publican en la Orden 581/2008: «…el nombramiento se debe realizar por el órgano directivo de la entidad titular de la unidad docente, a propuesta de la comisión de docencia, previo informe del jefe de la unidad asistencial, entre profesionales previamente acreditados, que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el centro o unidad docente.» (Apartado V de la Orden/SCO/581/2008). En general, este es el procedimiento que se sigue en todas las CCAA, aunque la acreditación previa de los tutores constituye un punto crítico, puesto que no tiene una implantación generalizada y deja la designación de los tutores dependiendo de decisiones arbitrarias, que no se corresponden con un modelo de formación que debe orientarse hacia la excelencia y que es esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.

La LOPS (Art. 10) y el RD 183/2008 (Art. 12) emplazan a las CCAA a desarrollar los procedimientos para la acreditación y reacreditación de los tutores, con el fin de garantizar la idoneidad y el mantenimiento de sus competencias. Se han identificado siete CCAA con normativa para la acreditación: País Vasco18, Cataluña20, Andalucía21 y Castilla-La Mancha23, en el marco de sus decretos de FSE, Castilla y León11,12, Aragón13,14, y La Rioja16, con normas específicas. No obstante, ante la falta de regulación de determinadas CCAA, algunos centros y unidades docentes han desarrollado su propio método para la acreditación interna de sus tutores, al amparo de la normativa nacional y con el apoyo de las Gerencias, aunque no se han obtenido suficientes datos para incluir en este artículo una información significativa.

En general, todas estas CCAA incluyen en su procedimiento de acreditación los requisitos comunes de aplicación en todo el estado, conforme a lo establecido en el RD 183/2008, para la designación de los tutores, aunque algunas de ellas los amplían y concretan (tabla 2). Además de los requisitos mínimos, en los baremos de evaluación de competencias para la acreditación de los tutores se tienen en cuenta los criterios comunes establecidos también en el Art. 12 del RD 183/2008 (tabla 2). Sin embargo, el peso de estos criterios en los baremos publicados para la evaluación de las competencias es diferente y solo en algunos casos se exige un número mínimo de créditos para obtener la acreditación. En cuanto al proceso a seguir para la acreditación cabe señalar que, en general, se efectúa una convocatoria pública por parte de la dirección general (DG) competente en materia de FSE, cuya periodicidad varía entre las CCAA, en función de las necesidades existentes. El órgano evaluador suele ser una comisión designada por la citada DG, que, tras realizar la evaluación correspondiente, eleva a dicha dirección general la propuesta para que emita la resolución de la acreditación. En el caso de Castilla-La Mancha, parece que todo el procedimiento se delega en la comisión de docencia de los centros o unidades docentes.

Existe un cierto consenso en la necesidad de profesionalizar la figura del tutor25 y aplicar criterios de excelencia26, y ello lleva implícito su capacitación, su acreditación, la evaluación de su desempeño y su reconocimiento, tal como se señala en la LOPS. El incumplimiento de la norma en relación con la acreditación de los tutores va en contra de los criterios de excelencia, al no garantizar la selección de los más competentes para esta actividad, y va en detrimento de la calidad de la formación y de la calidad de la asistencia sanitaria.

La mayoría de los tutores consideran que su labor no está suficientemente reconocida27. Las medidas incluidas en la normativa para el reconocimiento de la tutoría se muestran en la tabla 3. El reconocimiento documental se suele realizar en todas las CCAA, aunque no tengan normativa publicada y se basa principalmente en el nombramiento oficial y la certificación de funciones y tiempo de desempeño de la tutoría. También se añade la resolución de acreditación, en las que tienen procedimientos de acreditación y reacreditación de tutores. En nueve CCAA se especifica que la tutoría será objeto de reconocimiento en la carrera profesional y en los baremos de selección y provisión de plazas, exceptuando en ambos casos a la CA de Extremadura, en la que este reconocimiento queda como una posibilidad para tener en cuenta. Entre las medidas de reconocimiento, siete CCAA establecen la prioridad de los tutores en el acceso a las actividades de formación continuada (FC). En el caso de Baleares, además, se incluyen tres días adicionales de FC (tabla 4).

Tabla 4.

Algunas medidas de reconocimiento de los tutores de FSE por CCAA

CCAA	Carrera Profesional	Baremos selección y provisión de plazas	Preferencia en actividades de formación continuada
Castilla y León
Aragón
La Rioja
Extremadura	Se podrá valorar	Se podrá valorar	-
País Vasco
Canarias			-
Cataluña
Andalucía			-
Baleares			(Más 3 días adicionales de FC)
Castilla-La Mancha

FSE: formación sanitaria especializada; CCAA: Comunidad Autónoma.

Algunas CCAA también incluyen el tiempo de dedicación a la tutoría dentro de las medidas de reconocimiento de la acción tutorial, aunque el tiempo al que hacen referencia es un recurso necesario para que se pueda llevar a cabo dicha labor y, por tanto, se debe considerar entre las medidas para facilitar la tutoría. Sería diferente si este tiempo fuese una compensación por la tutoría, como, por ejemplo, días adicionales de vacaciones o de libre disposición. Seguramente muchos tutores tendrían preferencia por una compensación en días libres, en lugar de un incentivo económico.

En cuanto al reconocimiento de la labor del tutor con un incentivo económico, hay que señalar que tan solo seis CCAA lo incluyen en su regulación. De ellas, cuatro establecen referencias generales sobre la periodicidad o aspectos a tener en cuenta en el procedimiento para determinar el incentivo, pero no concretan la cuantía. A pesar de esta regulación, la falta de disponibilidad presupuestaria en algunas CCAA ha hecho imposible la retribución correspondiente en los últimos años. Según el estudio sobre la FSE en España – AREDA 201528, solo el 10% de los tutores tenía un incentivo económico. Más recientemente, dos CCAA han establecido en su normativa una cantidad mínima razonable para incentivar a los tutores: Islas Baleares y la Comunidad Foral de Navarra (tabla 5).

Son muchos los argumentos que se esgrimen para explicar las razones por las que todavía más de la mitad de las CCAA no hayan adoptado medidas (por falta de regulación o incumplimiento de sus propias normas) para el debido reconocimiento de los tutores. Sin duda esta es una situación inexcusable, teniendo en cuenta la importante labor que realizan los tutores para la formación de los futuros especialistas que el sistema sanitario necesita. Ello implica que, desde las instituciones sanitarias, no se otorga al tutor ni la autoridad ni el reconocimiento que le confiere la norma como gestores clínicos. Resulta interesante la perspectiva de M.A. Santos, al señalar el daño que han hecho lo que él llama los «mitos y errores sobre la tutoría», entre ellos, el que se produce por el injusto aprovechamiento de las instituciones de la vocación y la buena voluntad de los tutores: «…como le gusta hacer lo que hace, bastante suerte tiene, no es necesario pagarle»29. Ignorar la normativa establecida, así como las constantes reivindicaciones de los tutores en estos años, denota la falta de voluntad política de determinadas CCAA para llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la calidad de la formación de especialistas. Además, si se tienen en cuenta las difíciles condiciones y la falta de recursos para el desempeño de la tutoría, no es de extrañar la creciente desmotivación y abandono entre los tutores. Según el mismo estudio sobre la FSE en España –AREDA 201528–, el 46% había pensado en renunciar a la tutoría. No hay que olvidar que, sin tutores, no se puede garantizar la acreditación de las unidades docentes y se pone en riesgo la capacidad de formación de los especialistas, imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema sanitario.

Es necesario aplicar la normativa y generalizar el reconocimiento de los tutores con efectos en los contratos de gestión30. Además, es imprescindible introducir las modificaciones necesarias para actualizar los presupuestos destinados a la FSE, mayoritariamente obsoletos, de modo que se garantice la disponibilidad presupuestaria que se precisa. Es importante insistir en la corresponsabilidad entre los distintos actores en relación con el apoyo y el reconocimiento de la acción tutorial, comenzando por los mismos tutores, que deben demandar las condiciones adecuadas para desarrollar su labor, en el marco de sus responsabilidades como profesionales que trabajan para una institución; siguiendo por los jefes de servicio y gerentes, que tienen un papel fundamental en la elaboración de los planes individuales de trabajo de los tutores, con el establecimiento de un tiempo protegido para la tutoría; continuando con los servicios de salud y consejerías de sanidad que deben desarrollar procedimientos y proveer los recursos necesarios; y el Ministerio de Sanidad, que además de elaborar la normativa de referencia, debe mantener las auditorías externas y adoptar medidas necesarias para la mejora, de acuerdo con los resultados obtenidos. Para finalizar, cabe añadir que tanto la administración autonómica como la nacional tienen el deber de velar por la calidad de la docencia, lo que sin duda redundará en la mejora de la asistencia sanitaria.