Son muchos los cambios que se están produciendo en la transmisión y generación del conocimiento en las últimas décadas, y de ellos se derivan nuevas exigencias sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asistimos a un proceso de convergencia internacional en los métodos de educación en ciencias de la salud y el establecimiento de diferentes sistemas de estandarización de la calidad de la docencia. Los modelos emergentes en los procesos formativos implican modos diferentes de entender la docencia1, que no son ajenos a la formación sanitaria especializada (FSE), de ahí que los programas oficiales de las especialidades hayan incorporado muchos de sus elementos y que se requiera un modelo de tutor con nuevos roles2. A medida que ha ido evolucionando el sistema de FSE en España, se ha ido consolidando la figura del tutor de residentes. Las exigencias en cuanto a su perfil de competencias, sus funciones y su responsabilidad en relación con la formación de los residentes se han ido incrementando considerablemente desde la regulación de 19953. El rigor que se requiere para llevar a cabo la tutoría ha conducido a un cierto consenso sobre la necesidad de capacitar y profesionalizar la figura del tutor4. Todo ello no ha ido acompañado de los recursos ni de las medidas de apoyo necesarios para facilitar el proceso de tutoría de los residentes, ni del reconocimiento de su labor, a pesar de que sus reivindicaciones en estos años se han puesto de manifiesto en múltiples foros, en noticias que han aparecido continuamente en la prensa profesional y en informes remitidos a las instituciones responsables5–13. La precariedad de medios y la complejidad con las que se debe realizar la tutoría en FSE se ha visto notablemente agravada con la crisis sanitaria debida a la pandemia por la COVID-19, su trágico impacto en los servicios sanitarios y el incremento de los especialistas en formación. Todo ello ha tenido importantes repercusiones en el normal desarrollo de los programas docentes de especialización. La desmotivación imperante entre los tutores —principales garantes de la formación de los residentes— tiene consecuencias que ponen en riesgo la capacidad docente de los centros, la calidad de la docencia y, por supuesto, la calidad de la asistencia sanitaria. Por ello, es necesario revisar la figura del tutor, las medidas que han adoptado las comunidades autónomas (CC.AA.) para facilitar su labor, así como su reconocimiento e incentivación. En la primera parte del artículo se expusieron los resultados del análisis de la normativa en relación con el nombramiento del tutor, su acreditación, reconocimiento e incentivación. Esta segunda parte del artículo se centra en el análisis de la normativa sobre las funciones del tutor y las medidas adoptadas por las CC.AA. para facilitar el desempeño de la tutoría.

Según los principios generales del ejercicio de las profesiones sanitarias recogidos en el artículo 4 de la Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias (LOPS)14 todos los profesionales tienen encomendada la docencia entre sus funciones. No obstante, la labor docente del tutor va mucho más allá e implica una mayor carga de trabajo. Las funciones generales más relevantes del tutor son la planificación, la gestión, la supervisión y la evaluación de todo el proceso formativo de los especialistas en programas de FSE (art. 11. RD 183/2008)15. A dichas funciones hay que añadir otras más concretas que se describen en distintos apartados de dicho RD (tabla 1) y las que regulan las CC.AA.16–26. En general, las comunidades replican las funciones descritas en la normativa nacional, pero también las concretan y complementan, siendo la Comunidad de Castilla-La Mancha25 la que incorpora la lista de funciones más detallada y la de Andalucía23 la más escueta, ya que esta comunidad opta por remitir a las directrices que establezcan las comisiones de docencia. En la tabla 2 se reflejan las funciones añadidas con mayor frecuencia por las CC.AA. a fin de facilitar la labor de los tutores.

La revisión de las funciones del tutor da una clara idea de la importante responsabilidad que tiene en relación con la formación de los futuros especialistas y la colaboración en la gestión de una buena parte de los recursos humanos de los centros sanitarios. Ello explica la autoridad que la normativa le otorga, al considerar sus funciones como funciones de gestión clínica (tabla 3). Siendo el tutor el primer responsable legal de la formación de los residentes a su cargo, sorprende que en la mayoría de los centros sanitarios se ignore sistemáticamente tanto su rol como autoridad docente en la unidad asistencial, como la importancia de sus funciones y la elevada carga de trabajo que conlleva. Desafortunadamente, los esfuerzos empleados en desarrollar nuevas normas no van acompañados de una estrategia para hacer que se cumplan, por lo que, en este caso, el impulso a la figura del tutor en la normativa no se ha plasmado en la práctica, aunque la norma se hizo para cambiar y mejorar la realidad de los tutores y para aproximar la formación de especialistas sanitarios hacia la excelencia. Con mucha frecuencia, dicho incumplimiento se excusa alegando que la normativa no se ajusta a la realidad, pero la cuestión es que hay que cambiar la perspectiva; lo contrario es una muestra más de la resistencia al cambio de las instituciones sanitarias. En consecuencia, en la mayor parte de los centros y unidades docentes no existe un correlato entre el respaldo legal a la labor de los tutores y la realidad de su situación. La presión asistencial, la necesidad de contención del gasto público en general y del sanitario en particular de los últimos años, ha llevado a que la FSE sea una forma de asegurar plantilla suficiente, e inevitablemente se han descuidado muchos elementos de la docencia. Es necesario que las funciones del tutor tengan mayor visibilidad en los propios centros sanitarios y unidades docentes, como paso previo para un reconocimiento real de su autoridad como gestores clínicos y la adecuación de las medidas de apoyo para la tutoría.

Entre las competencias que el Estado delega en las CC.AA. se encuentra la adopción de las medidas necesarias para asegurar una adecuada dedicación de los tutores a su actividad docente, ya sea dentro o fuera de la jornada ordinaria. Quizás la primera observación que se puede hacer de la revisión de la normativa autonómica es que es un apartado escasamente desarrollado. No obstante, se han podido identificar 3 medidas importantes: la formación continuada (FC) específica para los tutores, el tiempo de dedicación a la tutoría y el establecimiento de un plan de trabajo que contemple la labor docente del tutor.

El perfil del tutor se debe adecuar al perfil profesional diseñado por el programa formativo de la correspondiente especialidad. Además, el tutor debe estar previamente acreditado para su nombramiento y debe pasar por una reacreditación periódica para el mantenimiento de sus competencias (art. 10. LOPS). Por ello, se establece que las administraciones sanitarias deben favorecer la FC del tutor, a fin de mejorar su competencia en la práctica clínica y también en metodologías docentes (art. 12. RD 183/2008). La indicación de la norma recomienda también la formación en competencias esenciales como son: las técnicas de comunicación, la metodología de investigación, la gestión de la calidad, los aspectos éticos de la profesión u otros aspectos relacionados con los contenidos del programa formativo. No cabe duda de la importancia del papel del tutor, en tanto que modelo para sus residentes, a la hora de transmitir la importancia de dichas competencias esenciales, aunque no siempre sea posible dedicarles la atención adecuada por falta de tiempo o recursos.

Posiblemente el desarrollo de actividades específicas de FC sea la medida cuya puesta en marcha debería resultar más fácil. Sin embargo, en el estudio de FSE en España de AREDA-2015, el 56,6% de los encuestados afirmaba tener poca o ninguna facilidad para formarse12. Teniendo en cuenta esta situación el Ministerio de Sanidad, en el marco del RD 639/201527, trabajó en el desarrollo del diploma de acreditación para el tutor de FSE, que iba a servir de referente para definir una estrategia de formación de tutores en colaboración con las CC.AA.28,29, proyecto que probablemente habría que retomar. Entre tanto cabe insistir que todas las CC.AA. deben garantizar que todos los tutores puedan acceder a la formación que necesitan, para mejorar su capacitación para el ejercicio de la tutoría y favorecer su acreditación y reacreditación.

Para ello, se debería elaborar un plan de desarrollo profesional continuo que, entre otras acciones, incluya actividades de FC de distintas modalidades, pero potenciando la formación online y blended-learning para facilitar la participación de los tutores en la opción que más se adapte a sus necesidades. Por razones de eficiencia, especialmente en la formación de los tutores en metodologías docentes y evaluativas, las CC.AA. deberían facilitar sinergias y realizar actividades intercentros, así como convenios entre CC.AA. u otros proveedores. Además, se debe prever un presupuesto para facilitar la inscripción de los tutores en actividades impartidas por asociaciones científicas, colegios profesionales u otras entidades, que están demostrando mayor capacidad de respuesta organizativa en actividades docentes on-line, que deberían ser la primera opción mientras se prolongue la pandemia por la COVID-19.

La asignación de un tiempo específico para la tutoría dentro de la jornada laboral ha sido y sigue siendo la principal reivindicación de los tutores5–13. El tiempo que reclaman es un recurso imprescindible para que el tutor pueda desarrollar sus funciones, por ello en este artículo se ha incluido entre las medidas para facilitar el desempeño de la tutoría, aunque en la normativa de la mayoría de las comunidades se ha considerado erróneamente como parte del reconocimiento del tutor. No obstante, la asignación de tiempo para la tutoría sí que implica un verdadero reconocimiento de la formación de residentes como parte de la misión de los centros sanitarios en la generación de los recursos humanos especializados que el sistema sanitario necesita, y no solo como una declaración meramente retórica de la importancia estratégica de la formación en los centros sanitarios, para los que no se suele asignar ni tiempo ni recursos (algo inadmisible en otros ámbitos de la docencia o de la actividad sanitaria que denota la falta de apoyo institucional).

En la revisión efectuada se han identificado 4 CC.AA. en cuya normativa se incluye una referencia genérica sobre la asignación de tiempo para la tutoría. Tan solo 7 CC.AA. concretan los tiempos mínimos de los que debe disponer el tutor para su dedicación a la docencia. Existen diferencias significativas en la disponibilidad del tiempo regulado para la tutoría. Castilla y León señala que debe ser del 5% de la jornada de trabajo, aunque este porcentaje puede incrementarse si la tutoría coincide con el desempeño de otra responsabilidad docente como, por ejemplo, la de colaborador docente. País Vasco, Cataluña y Canarias establecen un mínimo de horas/mes, si bien Canarias además fija un máximo de 2 días al mes. Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha definen un número mínimo de horas anuales por tutor y Castilla la Mancha, por su parte, señala que las horas se incrementarán en 10horas por cada residente a su cargo, hasta un máximo de 100horas anuales. El cómputo en horas anuales permitiría ir modulando la dedicación mensual, ya que no todos los meses tienen la misma carga de trabajo. Por ejemplo, en los meses en los que se realiza la evaluación de los residentes se necesita mucho más tiempo para la tutoría. Con el fin de facilitar la comparación entre las CC.AA. se han calculado los tiempos descritos en horas/año (tabla 4). Los resultados muestran bastante diferencia entre las CC.AA., ya que el número mínimo de horas anuales oscilaría entre las 36 y las 120horas/año para la tutela de los residentes en formación.

En general, en la normativa analizada se establece que la dedicación a la tutoría debe realizarse dentro de la jornada laboral y que debe estar incluida dentro del plan de trabajo del profesional con residentes a su cargo, así como dentro del plan de trabajo de la unidad asistencial correspondiente. Sin embargo, en el estudio de FSE en España de AREDA-2015 un 44% de los tutores manifestaba no tener ningún tiempo específico para su labor durante la jornada de trabajo12. Alguna comunidad señala la posibilidad de que el tutor, eventualmente, pueda ser liberado de actividad asistencial para facilitar la tutoría en los términos que se determinen en el Plan docente del centro. No obstante, hay 2 CC.AA. que regulan la inclusión de la tutoría en el plan de trabajo del tutor y del servicio o unidad asistencial, pero especifican que debe hacerse sin que se pueda suplir ni reducir su actividad asistencial (tabla 5). Con esta premisa parece evidente que difícilmente podrá realizarse la tutoría dentro de la jornada laboral. Los datos de las encuestas reflejan que un elevado porcentaje de los tutores debe dedicar tiempo fuera de la jornada laboral a tareas relacionadas con la tutoría. Así, por ejemplo, en el estudio realizado por la SEOM se señala que la dedicación a labores de tutoría fuera de jornada de trabajo supera las 7horas al mes13, sin ninguna compensación.

La concreción de tiempos para la tutoría en la normativa se valora muy positivamente, pero con frecuencia la presión asistencial y el trabajo del día a día de los tutores les impide usar ese tiempo para su labor docente. Por ello, es imprescindible que se acompañe de un plan de trabajo individual del tutor, con un tiempo protegido y reserva de agenda, especialmente en aquellas CC.AA. en las que la asignación de tiempo para la tutoría es solo una referencia genérica, de lo contrario, difícilmente el tutor podrá disponer del mismo. Cabe recordar la responsabilidad de los jefes de las unidades asistenciales, que también lo son de las unidades docentes, para garantizar la existencia y desarrollo de los planes de trabajo de los tutores. La existencia del plan de trabajo individual del tutor con tiempo protegido debería ser un requisito para la acreditación de las unidades docentes, para garantizar la tutela de los residentes en las adecuadas condiciones.

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  Legalmente el tutor es el primer responsable de la formación de los residentes a su cargo y sus funciones están reconocidas como funciones de gestión clínica, pero en la normativa autonómica se evidencia un escaso desarrollo de las medidas para asegurar la dedicación a la tutoría y el incumplimiento de las que se han regulado.

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  Es necesaria una estrategia organizativa para hacer que se cumpla la regulación sobre el tutor, favoreciendo las sinergias entre profesionales, centros e instituciones, para mayor efectividad y eficiencia en las acciones necesarias para mejorar su labor.

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  Se debe potenciar la formación online y blended-learning en materias específicas para los tutores.

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  El tiempo para la tutoría no debería ser inferior al 5% de la jornada de trabajo y debe estar protegido en el marco de un plan de trabajo del tutor con reserva de agenda.

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  El plan de trabajo del tutor con tiempo protegido debería ser un requisito para la acreditación de las unidades docentes.

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  Se precisa una importante inversión en nuevas tecnologías de la información y comunicación para la gestión de la docencia y desarrollos informáticos específicos, para facilitar el desarrollo de todas las funciones del tutor, no solo de la cumplimentación del libro electrónico del residente.

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  Las comisiones de docencia deberían tener entre sus funciones la realización de un informe anual de necesidades, objetivos de mejora y propuesta de gasto a fin de facilitar la dotación de un presupuesto específico para el apoyo a la tutoría y a la FSE, para su inclusión en el proyecto anual de presupuestos de las gerencias de los centros sanitarios.

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  La acreditación para la docencia de unidades asistenciales y centros sanitarios implica que las jefaturas de dichas unidades y las direcciones de los centros asumen el compromiso de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la docencia y de las funciones y responsabilidades del tutor ante el residente, las instituciones sanitarias y la sociedad.

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  La precariedad de la situación de los tutores en los últimos años se ha visto agravada con la pandemia, por lo que urge un plan de medidas extraordinarias de apoyo al tutor y a la FSE, que incluya las mencionadas en este artículo, entre otras, para mantener la capacidad docente de los centros y garantizar la calidad de la formación de los futuros especialistas.