En general, la atracción por el sistema de formación sanitaria especializada, puesta de manifiesto por el interés en alcanzar una plaza dentro del programa MIR, la consecución de unos resultados excelentes en la formación de especialistas como se pone de manifiesto en los especialistas formados, así como la mejora de la prestación de servicios que eso lleva aparejado, todo ello no va paralelo al grado de satisfacción en las condiciones en las que se desarrolla la labor de los tutores, que son agentes imprescindibles dentro del sistema formativo. Aún más, con frecuencia en las organizaciones sanitarias, el componente asistencial siempre es considerado como prioritario, y –frecuentemente- la formación de especialistas es una actividad secundaria y, acaso, no prioritaria. De ahí, la imperiosa necesidad de regular como se merece el sistema de formación de especialistas, habida cuenta de que su éxito es un aliado en la mejora de la calidad asistencial.
El Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero establece que “…..el perfil profesional del tutor se adecuará al perfil profesional diseñado por el programa formativo de la correspondiente especialidad…”. Asimismo señala que “el tutor es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión de planificar y colaborar activamente en la gestión del aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del residente, a fin de garantizar el cumplimiento del programa formativo de la especialidad de que se trate”. Es por eso que las Comunidades Autónomas, en el desarrollo del citado Real Decreto, deben definir y resaltar el perfil que ha de tener el tutor, los criterios de acreditación y de designación de los mismos, reseñar sus obligaciones y responsabilidades, así como sus reconocimientos y derechos.
En los últimos años, algunas Comunidades Autónomas han desarrollado marcos normativos al respecto. Cuando esto no se ha producido en el seno de Comisiones de Docencia, o con algunos proyectos autonómicos de nivel regulatorio inferior, se han llevado a cabo experiencias. Pero la situación actual dista mucho de ser óptima, y ni siquiera es satisfactoria.
La administración sanitaria debe alcanzar un compromiso con la Formación Sanitaria Especializada que permita al sistema trabajar en unas condiciones profesionales y de mejora de la calidad de la formación. La normativa actual exige de los tutores una implicación y dedicación que, generalmente, no es facilitada ni reconocida. Y eso significa, en la práctica, que sus labores docentes se pueden deteriorar a pesar de contar con el estímulo personal y su buenhacer. Asumir tales responsabilidades requiere, por una parte, preparación y exigencias en determinadas áreas competenciales; pero, por otra es obligado un justo reconocimiento, incentivación, y disponibilidad de recursos adecuados a sus tareas.
Sólo a través de niveles de exigencia garantizaremos niveles de calidad, y esto nos obliga a profesionalizar esta parte de la actividad docente. Tradicionalmente el tutor se regía por un voluntarismo y un sentimiento vocacional que, aunque sigue siendo obligado, debe de llevar en paralelo el reconocimiento de la labor tutorial desde todos los puntos de vista: profesional, reserva horaria, incentivación, prioridad formativa, …. Sólo así podremos aspirar a un programa de formación de especialistas excelente.
